Nacionales
Posible vínculo entre sicariato en la Chacarita y decomiso de cocaína en San Lorenzo
El posible vínculo entre el ataque ocurrido el miércoles por la noche en el barrio Chacarita de Asunción y la incautación de 213 kilos de cocaína el año pasado en San Lorenzo está siendo investigado por la Policía Nacional.
El incidente tuvo lugar el miércoles a las 23:05 en un callejón del sector Pelopincho del barrio Ricardo Brugada, conocido como Chacarita, en Asunción. Andrea Karina Gómez Alvarenga, de 32 años, sin antecedentes penales, fue la víctima del atentado.
Ella estaba con sus familiares y vecinos frente a su casa cuando una motocicleta negra con dos hombres vestidos de negro y con cascos llegó. El acompañante, usando un guante de látex, saludó a los vecinos para disimular sus intenciones.
Al reconocer la actitud sospechosa, Andrea corrió hacia su casa cuando el hombre apuntó con un revólver. El arma se trabó, lo que le permitió a Andrea entrar. A pesar de que finalmente se disparó un tiro, no alcanzó a la víctima.
El hombre entró en la casa y su revólver se volvió a atascar. La madre de Andrea suplicó al sicario que no disparara. Frustrado, el atacante escapó sin lograr su objetivo. Las cámaras de seguridad grabaron el ataque, que duró solo 15 segundos.
Las autoridades realizaron allanamientos en la zona, pero no encontraron a los sicarios, quienes probablemente sean del mismo barrio, pues conocen los pasadizos. Los investigadores del Departamento Contra el Crimen Organizado están a cargo de la pesquisa.
El ataque estaría vinculado a la incautación de 213 kilos de cocaína el 27 de mayo de 2024 en San Lorenzo. Óscar Dahian Rodríguez Figueredo y Édgar Daniel Lesme Martínez, arrestados con la droga, siguen presos. Se alega que agentes de la comisaría 1ª de San Lorenzo escondieron el cargamento primero.
Se descubrió que uno de los detenidos, Óscar Dahian Rodríguez Figueredo, es cuñado de Andrea Karina Gómez Alvarenga. La mujer ha dejado Chacarita, según la Policía.
Los allegados a Tobías Amarilla, un joven sin antecedentes arrestado por un presunto robo agravado, critican la actuación de la Fiscalía de Capiatá y la Comisaría Octava. Argumentan que hay pruebas que indican que el acusado estaba en otra ciudad al momento del crimen.
La familia de Tobías Amarilla, de 22 años, reportó supuestas irregularidades en el caso que enfrenta, relacionado con un supuesto hurto agravado el 22 de octubre en una empresa de Capiatá. A pesar de que la defensa presentó pruebas que, según ellos, demuestran su inocencia, la fiscal Alicia Fernández solicitó prisión preventiva sin aceptar las pruebas de defensa.
Según la denuncia, el incidente que se le imputa a Amarilla ocurrió en la firma Megalpar en Capiatá, mientras él trabajaba en Ñemby.
La abogada defensora, Linda Monges, señaló que “la única prueba en el expediente es el testimonio de la víctima”, mientras existen videos y conversaciones que indican que el acusado estaba en otro lugar.
“Hemos presentado videos, capturas de pantalla y pruebas que muestran que él estaba en su trabajo al mismo tiempo que se cometió el robo. Sin embargo, la fiscal no quiso recibirnos ni permitir la declaración de mi cliente”, comentó Monges. “Tuvimos que hablar con el juez para evitar que lo enviaran a Tacumbú. El magistrado dio diez días para presentar todas las pruebas”, añadió.
Celeste Amarilla, madre del joven, narró que antes de la detención, su familia sufrió acoso por parte de personas que llegaban en vehículos particulares a su casa y al trabajo de su hijo.
“Llegaban autos sin identificar, tomaban fotos de mi hijo y se iban. Fui a la comisaría a preguntar si había una denuncia, y decían que no sabían. Después me enteré de que ya existía una orden de detención”, contó la madre. “Mi hijo es inocente. Tenemos videos que prueban que estaba en Ñemby cuando ocurrió el robo en Capiatá. Solo pedimos que la fiscal vea las pruebas”, agregó.
Actualmente, Tobías Amarilla sigue detenido en la Comisaría Octava de Capiatá, mientras la defensa pide que se consideren las pruebas y se respete el debido proceso.
Los familiares solicitan que la Fiscalía revise el caso de manera objetiva y garantice el derecho a una defensa justa para el joven, al que describen como “trabajador, responsable y sostén de su hogar”.
Durante el XIX Congreso Paraguayo de Pediatría, profesionales de todo Paraguay mostraron su inquietud por el recorte en el presupuesto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y pidieron al senador Beto Ovelar que reestablezca los fondos para asegurar la continuidad de las campañas de vacunación.
En el congreso, los médicos pediatras redactaron una carta dirigida al senador Silvio “Beto” Ovelar, quien preside la Comisión Bicameral de Presupuesto, para expresar su preocupación por los recortes al presupuesto para la compra de vacunas. El documento, firmado por pediatras de todo el país y organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP), solicita restablecer los fondos del PAI conforme a las leyes nacionales que garantizan su financiamiento.
Los especialistas advierten que el esquema de financiamiento actual va en contra de lo dispuesto por la Ley N.º 4621/12 “Nacional de Vacunas”, que exige que los recursos provengan exclusivamente de la Tesorería General. Además, señalaron que la medida perjudica la Ley N.º 2310/03 “De Protección Infantil contra las Enfermedades Inmunoprevenibles”.
La nota destaca que esta situación no solo afecta las dosis pediátricas, sino también los esquemas de vacunación para adultos, especialmente para grupos de riesgo como embarazadas, personas mayores y trabajadores del sector salud.
Los pediatras destacan que la vacunación es una política de Estado esencial y un bien público prioritario, especialmente ante el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Advierten que la falta de financiamiento adecuado podría poner en peligro la protección sanitaria de la población y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Por ello, instan a la Comisión Bicameral de Presupuesto, así como a las cámaras de Diputados y Senadores, a mantener los recursos para inmunizaciones en el Presupuesto General de la Nación 2026, para proteger el derecho a la salud de todos los paraguayos.
Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), destacó que las elecciones municipales extraordinarias en Ciudad del Este el domingo transcurrirán sin contratiempos. Comentó que los miembros de mesa tendrán total independencia para asegurar la transparencia.
Mauro confirmó que no se emplearán máquinas electrónicas de votación; se usarán boletas tradicionales. Detalló que habrá 795 mesas en 23 locales, cada una con unos 300 votantes y compuesta por miembros del Partido Liberal, Cruzada Nacional y Partido Colorado, quienes tendrán autonomía para manejar el proceso.
El control ciudadano y político será esencial para mantener la transparencia y evitar fraudes. Mauro aclaró que los partidos políticos designan a los miembros de mesa, no la Justicia Electoral. Comentó que el padrón se elaboró en diciembre de 2024 y no se han registrado reclamos de irregularidades. Para denuncias de fraude, indicó que deben presentarse ante un fiscal, y el responsable debe enfrentar consecuencias legales.
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