Nacionales
Peña aseguró transparencia, pero la nueva ley podría favorecer a corruptos.
El presidente de la República, Santiago Peña, enfrentará la controvertida ley de «protección de datos personales», la cual podría ser el golpe final a las leyes de transparencia y acceso a la información pública. Esto también pondrá a prueba su coherencia, ya que en un foro internacional se comprometió a luchar por la transparencia hasta el último día de su mandato.
Con la aprobación del Congreso de esta ley, Peña tiene la opción de promulgarla o vetarla total o parcialmente, mostrando así congruencia con sus declaraciones en el Foro Global sobre Transparencia de hace un año.
Durante dicho foro, Peña afirmó su convicción de que la transparencia y el acceso a la información pública son clave para consolidar la democracia. Ahora, la ley de protección de datos personales será una prueba crucial para él.
La ley, que tiene 60 artículos, enfrenta objeciones especialmente en el artículo 24, que podría debilitar las leyes de transparencia al requerir permiso para acceder a ciertos datos de funcionarios públicos, datos que actualmente son accesibles por ley.
Si se convierte en ley, permitiría a un funcionario negarse a que se divulguen ciertos datos, como la asistencia o formación académica, entre otros. Un órgano estatal decidiría sobre el acceso a dicha información.
El ejecutivo aún no ha recibido oficialmente la ley aprobada por el Congreso. Una vez recibida, tendrá 20 días hábiles para tomar una decisión. Si no actúa en este tiempo, la ley será promulgada automáticamente. Si opta por vetarla total o parcialmente, el proyecto regresará al Congreso para un último análisis.

Nacionales
Aún no se ha publicado la novena adenda que Petropar concedió a la empresa catarí
Tras confirmarse que Petróleos Paraguayos (Petropar), liderada por Eddie Jara, ha otorgado una novena extensión a Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, aún no se ha publicado la documentación oficial en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Esta prórroga, de cuatro meses, permite a la empresa entregar combustible hasta el 28 de febrero de 2026. Agustín Encina, director de la DNCP, afirmó que están revisando la documentación y que planeaban publicarla el viernes.
Ayer, Encina explicó que podría haber una observación documental, pero normalmente los documentos se publican dentro de tres días hábiles.
Petropar ha dado esta nueva extensión a pesar de que la empresa catarí no ha entregado las 100,000 toneladas métricas de gasoil valuadas en más de US$ 61 millones, cuya octava extensión venció el 31 de octubre. Eddie Jara había asegurado al Parlamento que no se concederían más prórrogas, pero este nuevo plazo demuestra que aún no se ha agotado la paciencia. Petropar ha esperado más de un año por esta empresa contratada de urgencia.
La documentación señala que el contrato se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y que la garantía de fiel cumplimiento se amplía hasta el 31 de mayo de 2026.
Los directivos de la estatal, como Eddie Jara y William Wilka, siguen sin dar explicaciones sobre por qué se ha concedido más tiempo a la empresa incumplidora. La empresa, conectada con altas esferas del gobierno, podría estar evitando la ejecución de una garantía de cumplimiento del 5% del valor del contrato, que nunca se reclamó.
Doha Holding presentó como garantía una declaración jurada del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, sin una garantía bancaria real en el país. La sede local está en el estudio jurídico de Julio Jiménez, quien ha autorizado firmas de adendas previas. En paralelo, Petropar ha iniciado un nuevo procedimiento para adquirir 61,000 metros cúbicos de diésel de forma urgente, aunque tampoco se han revelado los resultados.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó ayer la sexta revisión del programa de Coordinación de Políticas (ICP) y la cuarta del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).
El equipo, liderado por Fabián Valencia, evaluó el progreso de estos programas, establecidos con el país en noviembre de 2022 y octubre de 2023.
Según un comunicado desde Washington, la economía paraguaya se mantiene sólida y las autoridades avanzan en las reformas del ICP y SRS, consolidando las finanzas y controlando la inflación según el banco central. También destacan que las reservas internacionales están en niveles adecuados y sugieren continuar con políticas macroeconómicas prudentes, incluyendo el plan de convergencia fiscal y las reformas estructurales para fortalecer la estabilidad económica y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) tiene más de 1,250,000 contribuyentes registrados.
Las reformas en curso buscan reforzar la estabilidad macroeconómica y promover un crecimiento inclusivo. Específicamente, la DNIT está estableciendo un comité de gestión de riesgos y planes de mejora para reducir fraudes y subvaloración en importaciones. El gobierno también está mejorando el monitoreo de la inversión pública con proyectos piloto.
En cuanto al SRS, las reformas buscan fortalecer la resiliencia ante desastres naturales y reducir riesgos de balanza de pagos a mediano y largo plazo, destacándose el impulso a la matriz de energía renovable de Paraguay. La ANDE, crucial en este ámbito, fue evaluada por consultores independientes para definir tarifas eléctricas transparentes y sostenibles, y se apoya en estrategias de reducción de pérdidas de electricidad.
Las reformas del SRS también buscan reducir importaciones de combustibles fósiles a mediano plazo.
Respecto a las tarifas de la ANDE, son parte de los compromisos del gobierno de Santiago Peña con el FMI para obtener un préstamo de US$ 400 millones. La propuesta filtrada prevé aumentos en tarifas de media, alta, y muy alta tensión, generando un ingreso adicional de US$ 95.3 millones anualmente.
Los llamados «tarifazos» afectarán significativamente a varios sectores y el ámbito residencial trifásico con un incremento del 50%. Otros sectores como el gubernamental, comercial e industrial en media tensión también verán aumentos del 20%, 15% y 5% respectivamente, mientras que la media tensión residencial monofásica aumentará un 10%, y un 12% para clientes de alto consumo en alta tensión.
El 7 de noviembre de 2025, a la 1:00, se informó que el intendente de Areguá, Denis Torres (ANR-HC), utilizó fondos municipales para pavimentar una calle que principalmente beneficia al club «8 de Setiembre» en el barrio Valle Pucú, de donde él proviene. Torres fue jugador del club y, junto con el senador Erico Galeano (ANR-H), apoya a la entidad.
La gestión de Denis Torres financió el empedrado de dos calles adyacentes al club, generando descontento entre los ciudadanos porque se usaron fondos públicos para una obra que favorece a una institución privada, mientras se descuidan mejoras viales en barrios más poblados.
Según una publicación en la página oficial del municipio, se inauguró la obra en la calle Constantina Núñez Vda. de Fleytas y Ciriaco Barrios del barrio 8 de Septiembre en Valle Pucú. Asistieron el jefe comunal, concejales, directores y vecinos, pero la cantidad de críticas fue significativa.
La financiación se manejó de forma discreta, sin licitación para esta obra específica durante 2025. Aunque en el Portal de Contrataciones Públicas se observan tres licitaciones bajo el título “Construcción de empedrado de varias calles”, no hay registros específicos de estas dos calles en los documentos.
Torres asignó 1.305 millones de guaraníes a estos proyectos. Curiosamente, el club también recibió apoyo de Erico Galeano (ANR-HC), acusado de lavado de dinero, quien supervisó las obras antes de su inauguración.

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