Nacionales
Caso Tania Irún: JEM desestima cargo contra el juez
En la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de hoy, se evaluó la acusación contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, quienes decidieron anular la apertura a juicio oral y establecer una nueva audiencia preliminar para la exjueza Tania Carolina Irún Ayala.
El presidente del JEM, el ministro César Garay Zuccolillo, propuso admitir la acusación contra Lovera Cañete, permitiéndole defenderse. En cuanto a Sánchez, sugirió archivar el caso ya que este dejó su cargo en julio por límite de edad. El voto de Garay fue respaldado por la vicepresidenta Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni.
El senador Mario Varela expuso el caso y argumentó en contra de la acusación, proponiendo su archivamiento. Su opinión fue apoyada por el senador Derlis Maidana y los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia. Varela señaló que los camaristas actuaron conforme a las leyes, al considerar que el juez omitió un control esencial de la acusación.
Varela también recordó que la Constitución Nacional protege a los magistrados en cuanto a las opiniones que emitan en sus funciones. Mencionó que los hechos imputados a Lovera Cañete no justifican un enjuiciamiento, destacando que el proceso judicial sigue en curso.
La acusación, presentada en 2024 por el abogado Adriano De Jesús Enriquez Rivas, alega que los camaristas actuaron con fundamentos ilegales y contradictorios.
En enero de 2022, la fiscala Natalia Fuster imputó a Irún por prevaricato, citando una sentencia que ordenaba la entrega de tierras en Alto Paraguay. A pesar de que esta fue confirmada en segunda instancia, la Corte Suprema no aceptó la acción de inconstitucionalidad sobre los fallos.
Irún fue destituida por el JEM y posteriormente imputada. La fiscala Verónica Valdez solicitó su sobreseimiento, pero el juez Yoan Paul López lo rechazó, instando a que la fiscala adjunta Soledad Machuca presentara una acusación contra Irún.
Durante la audiencia preliminar, el juez López aceptó la acusación de Machuca, corroborada por Fuster y Osvaldo Bittar, representante de Evaristo Fernández. Sin embargo, esta resolución fue anulada por los camaristas Sánchez y Lovera Cañete debido a la falta de fundamentación del magistrado. José Waldir Servín, integrante del tribunal, votó en desacuerdo.
Nacionales
Caso Belia: Fiscalía solicita una condena de 25 años para Miguel “Celular” Servín
El Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, liderado por Federico Rojas e integrado por Karina Cáceres y María Luz Martínez, está a cargo del juicio oral y público contra el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, detenido en 2021 en el caso Belia.
El juicio está en su etapa final. Se ha realizado una evaluación de los hechos probados, en la cual los jueces consideraron culpable a Miguel Ángel Servín Palacios, al exportador de carbón Alberto Antonio Ayala Jacquet, así como a los colaboradores Ricardo Ariel Aquino y Andrés Fernández.
Las fiscales Elva Cáceres y María Irene Álvarez presentaron sus argumentos finales, solicitando 25 años de cárcel para Miguel “Celular” Servín por ser el líder de una red de narcotráfico. También pidieron 18 años para Ayala Jaquet, 13 años para Aquino y 10 para Fernández, considerando su estado de salud mental como atenuante.
El próximo martes, 11 de noviembre, continuará el juicio con los alegatos finales de las defensas. Las fiscales y defensas podrán replicar antes de que el tribunal delibere. La causa principal es por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, y ha derivado en otras, como lavado de dinero, involucrando sumas millonarias encontradas en la casa Panorama Cambios. También hay una condena relacionada con un título falso de abogado.
El caso implica a Cristian César Turrini Ayala, colaborador de Miguel Servín, condenado a 20 años de prisión. Se investigó una red que traficaba cocaína y se probó que Turrini gestionaba las operaciones bajo órdenes de Servín. Alberto Ayala Jacquet se involucró usando sus empresas para el envío de carbón, que encubría el tráfico de drogas. Aquino coordinaba la manipulación de los envíos.
Durante el juicio, se demostró que los acusados daban apariencia legal a sus actividades, enviando supuestamente a Israel y Portugal. Sin embargo, Israel negó comprar carbón de Paraguay.
El operativo Belia se originó tras detectar 2.906 kilos de cocaína escondidos en bolsas de carbón en octubre de 2019. Detrás de esto, se identificó a los responsables, incluyendo al líder Miguel Ángel Servín y otros colaboradores, detenidos en distintos lugares, algunos encargados de gestionar el dinero ilícito.
Este complejo caso también incluyó la captura de otros miembros de la estructura, incluso los encargados de manejar y blanquear las ganancias del narcotráfico.
El 06 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:26, un gran incendio se desató en una residencia universitaria del barrio Ytororó, en Pilar, detrás del campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP). El fuego, que comenzó mientras se realizaban trabajos de soldadura, no dejó heridos, pero causó significativas pérdidas materiales.
La situación generó preocupación entre los estudiantes y vecinos, ya que 50 alumnos viven allí. El incendio habría empezado a las 13:30, cuando una chispa cayó sobre un colchón durante las labores de soldadura en el techo, provocando el fuego.
Las llamas afectaron parte del techo y destruyeron varios equipos, incluidas computadoras y aires acondicionados. Aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables.
Rosa Acosta, responsable de la residencia, lamentó lo sucedido y elogió la rápida acción de los aspirantes del Colegio de Policía Filial 8 «José Merlo Saravia», quienes ayudaron a controlar el fuego con arena hasta que llegaron los bomberos voluntarios.
El comisario Líder Vera, director del Colegio de Policía, destacó la pronta intervención de los estudiantes, quienes utilizaron técnicas de control de incendios aprendidas recientemente.
Las autoridades siguen investigando los daños y revisando las condiciones de seguridad durante los trabajos.
Nacionales
Fiscalía instruye seguir con la investigación contra Federico Mora por supuesto abuso sexual infantil
La Fiscalía General del Estado ha decidido continuar con la investigación contra Federico Mora, exviceministro de Educación Superior, por una denuncia de supuesto abuso sexual infantil. Esto se produce tras la revisión del pedido de desestimación presentado por la fiscal Gladys Jiménez.
El incidente que originó la denuncia ocurrió en abril en Guairá. Se alega que Mora, aparentemente bajo los efectos del alcohol, mostró conductas de carácter sexual frente a una menor. La madre de la niña afirmó que su hija se sintió en peligro y se refugió en un baño para protegerse.
La investigación incluyó informes psicológicos que llevaron a la Fiscalía a confirmar la conducta, aclarando que no fue “dirigida a la víctima”.
El juez de Garantías, Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, decidió que la investigación debía proseguir debido a que aún hay aspectos por aclarar, desestimando la solicitud inicial de Gladys Jiménez.
Medidas protectoras se han implementado para la menor, asegurando la privacidad y protección de su identidad, en concordancia con el interés superior del niño.
Inicialmente, la denuncia fue presentada en Asunción, pero fue trasladada a Villarrica ya que los hechos ocurrieron en Guairá.
La fiscal Jiménez solicitó detener el caso argumentando falta de pruebas. Sin embargo, el juez Ruiz Díaz Gamba negó este pedido, afirmando que hay elementos relevantes para investigar.
El caso ha provocado un fuerte debate social y político desde su inicio. La destitución de Mora por parte de Pedro Alliana, entonces presidente en funciones, sumó una dimensión política al asunto.
La comunidad ha exigido justicia y protección para las víctimas, como se evidenció en manifestaciones públicas de apoyo a la menor. Un grupo de mujeres protestó frente a la Fiscalía, pidiendo que se escuche la voz de la víctima y se respete su palabra.
También se subrayó que la búsqueda de justicia no debe depender del estatus social o político del acusado, siendo fundamental la protección estatal de la infancia.
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