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El 06 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:26, un gran incendio se desató en una residencia universitaria del barrio Ytororó, en Pilar, detrás del campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP). El fuego, que comenzó mientras se realizaban trabajos de soldadura, no dejó heridos, pero causó significativas pérdidas materiales.

La situación generó preocupación entre los estudiantes y vecinos, ya que 50 alumnos viven allí. El incendio habría empezado a las 13:30, cuando una chispa cayó sobre un colchón durante las labores de soldadura en el techo, provocando el fuego.

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Las llamas afectaron parte del techo y destruyeron varios equipos, incluidas computadoras y aires acondicionados. Aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables.

Rosa Acosta, responsable de la residencia, lamentó lo sucedido y elogió la rápida acción de los aspirantes del Colegio de Policía Filial 8 «José Merlo Saravia», quienes ayudaron a controlar el fuego con arena hasta que llegaron los bomberos voluntarios.

El comisario Líder Vera, director del Colegio de Policía, destacó la pronta intervención de los estudiantes, quienes utilizaron técnicas de control de incendios aprendidas recientemente.

Las autoridades siguen investigando los daños y revisando las condiciones de seguridad durante los trabajos.

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La Fiscalía General del Estado ha decidido continuar con la investigación contra Federico Mora, exviceministro de Educación Superior, por una denuncia de supuesto abuso sexual infantil. Esto se produce tras la revisión del pedido de desestimación presentado por la fiscal Gladys Jiménez.

El incidente que originó la denuncia ocurrió en abril en Guairá. Se alega que Mora, aparentemente bajo los efectos del alcohol, mostró conductas de carácter sexual frente a una menor. La madre de la niña afirmó que su hija se sintió en peligro y se refugió en un baño para protegerse.

La investigación incluyó informes psicológicos que llevaron a la Fiscalía a confirmar la conducta, aclarando que no fue “dirigida a la víctima”.

El juez de Garantías, Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, decidió que la investigación debía proseguir debido a que aún hay aspectos por aclarar, desestimando la solicitud inicial de Gladys Jiménez.

Medidas protectoras se han implementado para la menor, asegurando la privacidad y protección de su identidad, en concordancia con el interés superior del niño.

Inicialmente, la denuncia fue presentada en Asunción, pero fue trasladada a Villarrica ya que los hechos ocurrieron en Guairá.

La fiscal Jiménez solicitó detener el caso argumentando falta de pruebas. Sin embargo, el juez Ruiz Díaz Gamba negó este pedido, afirmando que hay elementos relevantes para investigar.

El caso ha provocado un fuerte debate social y político desde su inicio. La destitución de Mora por parte de Pedro Alliana, entonces presidente en funciones, sumó una dimensión política al asunto.

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La comunidad ha exigido justicia y protección para las víctimas, como se evidenció en manifestaciones públicas de apoyo a la menor. Un grupo de mujeres protestó frente a la Fiscalía, pidiendo que se escuche la voz de la víctima y se respete su palabra.

También se subrayó que la búsqueda de justicia no debe depender del estatus social o político del acusado, siendo fundamental la protección estatal de la infancia.

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En la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de hoy, se evaluó la acusación contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, quienes decidieron anular la apertura a juicio oral y establecer una nueva audiencia preliminar para la exjueza Tania Carolina Irún Ayala.

El presidente del JEM, el ministro César Garay Zuccolillo, propuso admitir la acusación contra Lovera Cañete, permitiéndole defenderse. En cuanto a Sánchez, sugirió archivar el caso ya que este dejó su cargo en julio por límite de edad. El voto de Garay fue respaldado por la vicepresidenta Alicia Pucheta y el consejero Enrique Berni.

El senador Mario Varela expuso el caso y argumentó en contra de la acusación, proponiendo su archivamiento. Su opinión fue apoyada por el senador Derlis Maidana y los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia. Varela señaló que los camaristas actuaron conforme a las leyes, al considerar que el juez omitió un control esencial de la acusación.

Varela también recordó que la Constitución Nacional protege a los magistrados en cuanto a las opiniones que emitan en sus funciones. Mencionó que los hechos imputados a Lovera Cañete no justifican un enjuiciamiento, destacando que el proceso judicial sigue en curso.

La acusación, presentada en 2024 por el abogado Adriano De Jesús Enriquez Rivas, alega que los camaristas actuaron con fundamentos ilegales y contradictorios.

En enero de 2022, la fiscala Natalia Fuster imputó a Irún por prevaricato, citando una sentencia que ordenaba la entrega de tierras en Alto Paraguay. A pesar de que esta fue confirmada en segunda instancia, la Corte Suprema no aceptó la acción de inconstitucionalidad sobre los fallos.

Irún fue destituida por el JEM y posteriormente imputada. La fiscala Verónica Valdez solicitó su sobreseimiento, pero el juez Yoan Paul López lo rechazó, instando a que la fiscala adjunta Soledad Machuca presentara una acusación contra Irún.

Durante la audiencia preliminar, el juez López aceptó la acusación de Machuca, corroborada por Fuster y Osvaldo Bittar, representante de Evaristo Fernández. Sin embargo, esta resolución fue anulada por los camaristas Sánchez y Lovera Cañete debido a la falta de fundamentación del magistrado. José Waldir Servín, integrante del tribunal, votó en desacuerdo.

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