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CAAGUAZÚ. Más de 20 comunidades indígenas llevan más de 45 días protestando en el km 175 de la Ruta PY02, en una zona conocida como desvío Cantera Boca. Bloquean la vía internacional de manera intermitente, causando largas filas de vehículos, y esperan una respuesta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a sus demandas.

Los manifestantes exigen insumos básicos y asistencia integral, incluyendo comida, agua, reparación de caminos, tierras y escuelas. A pesar del tiempo transcurrido, ningún funcionario del Indi ha acudido al lugar para ofrecer una solución.

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El líder indígena Tomás Domínguez declaró que las autoridades del Indi “mienten” al prometer ayuda, pero nadie ha acudido. En el lugar hay cerca de 300 personas, incluidos niños, en condiciones precarias. Intentaron viajar a Asunción, pero la Policía Nacional lo impidió por órdenes superiores.

Conductores y transportistas reportan importantes pérdidas económicas debido a los cierres, ya que deben esperar mucho tiempo. Piden que el Gobierno Nacional intervenga para resolver el problema y permitir el libre tránsito.

Cristian David Aquino, uno de los afectados, señaló que diariamente pasa por la zona y está afectado por los bloqueos desde hace 45 días. Reconoció la falta de atención a los nativos, pero pidió que las autoridades “tomen en serio su situación” para poner fin a la protesta.

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El subjefe de la Comisaría Segunda de Caaguazú, Crio. Ramón Benítez, indicó que la Policía garantiza la seguridad y que no ha habido incidentes. Aseguró que hay buena comunicación con los manifestantes y coordinan los cierres para evitar largas esperas.

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ABC Color intentó contactar al director de Logística del Indi, Fernando Román, pero no respondió. Puede comunicarse con esta redacción si desea dar su versión.

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Los cierres intermitentes siguen afectando diariamente el tráfico. Los líderes de la protesta instan al gobierno a ofrecer una solución urgente para levantar la medida y evitar más inconvenientes para los conductores.

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El 6 de noviembre de 2025, los residentes del barrio Trinidad de Asunción exigieron a la Junta Municipal intervenir en lo que denuncian como una grave contaminación ambiental causada por dos frigoríficos en el área. Los concejales rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por estas empresas contra una ordenanza que obliga a estas industrias a trasladarse de zonas urbanas.

La comisión vecinal Virgen de Fátima II hizo un llamado urgente a la Junta Municipal debido a la supuesta contaminación ambiental generada por los frigoríficos Frigomerc SA y Beef SA, que aún operan en el lugar. Los vecinos señalan que estas empresas emiten altos niveles de contaminación atmosférica, caracterizados por olores intensos y persistentes que afectan la calidad de vida de los residentes.

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En una nota a la Junta, los ciudadanos pidieron apoyo contra el intento de violación de derechos constitucionales. También denunciaron que las empresas buscan anular la ordenanza municipal 161/24, que exige su traslado en un plazo de tres años.

Ayer, durante una sesión en la Junta Municipal de Asunción, los concejales abordaron la petición de los vecinos de Trinidad y eligieron a Arturo “Tuki” Almirón como nuevo presidente del cuerpo legislativo. Humberto Blasco, edil del PLRA, expresó que la acción de inconstitucionalidad atenta contra la autonomía municipal y que hace tiempo la ciudad no soporta estas actividades industriales.

El concejal liberal Augusto Wagner propuso solicitar una audiencia ante la sala constitucional de la Corte Suprema para analizar el asunto de estas industrias en áreas urbanas, y su propuesta fue aprobada por los ediles.

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SAN IGNACIO, Misiones — El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías de este distrito la suspensión condicional del proceso relacionado con la presunta reducción de barandas de seguridad de la carretera que conecta Santa María y Santa Rosa. El incidente, que ocurrió el 23 de octubre, implica como supuesto responsable a Milciades Portillo. El denunciante, Bernardo González, rechazó la solicitud y exige que el responsable responda por el daño al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La fiscal, Teresa Martínez, recibió la denuncia sobre el robo de las barandas de seguridad en la ruta entre Santa María y Santa Rosa, Misiones. Milciades Portillo, mecánico, fue señalado como el presunto autor, ya que se encontraron en su taller las barandas supuestamente robadas.

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La fiscal realizó las investigaciones pertinentes y concluyó que la acción de Portillo no constituye hurto, sino posesión de objetos sustraídos, lo que se clasifica como reducción de objeto hurtado.

Ante esto, la fiscal presentó al juez Penal de Garantías de San Ignacio, Misiones, Víctor Joel Paredes, la solicitud de suspensión condicional del proceso. El juzgado debe evaluar la solicitud del Ministerio Público y decidir si se acepta o rechaza, considerando si el acusado cumple con los requisitos, como no tener antecedentes penales y comprometerse a cumplir ciertas condiciones impuestas por el tribunal.

Tras esta solicitud, Bernardo González, el denunciante, la rechaza y demanda que el responsable responda por el daño al Ministerio de Obras Públicas.

González expresó su deseo de que se haga justicia, oponiéndose a la suspensión condicional del procedimiento, y pidió al juez Paredes que actúe contra el acusado por dañar bienes públicos.

Intentamos hablar con Milciades Portillo, el presunto responsable de la reducción de materiales robados, pero no quiso declarar a la prensa por consejo de su abogado.

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