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El 6 de noviembre de 2025, los residentes del barrio Trinidad de Asunción exigieron a la Junta Municipal intervenir en lo que denuncian como una grave contaminación ambiental causada por dos frigoríficos en el área. Los concejales rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por estas empresas contra una ordenanza que obliga a estas industrias a trasladarse de zonas urbanas.

La comisión vecinal Virgen de Fátima II hizo un llamado urgente a la Junta Municipal debido a la supuesta contaminación ambiental generada por los frigoríficos Frigomerc SA y Beef SA, que aún operan en el lugar. Los vecinos señalan que estas empresas emiten altos niveles de contaminación atmosférica, caracterizados por olores intensos y persistentes que afectan la calidad de vida de los residentes.

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En una nota a la Junta, los ciudadanos pidieron apoyo contra el intento de violación de derechos constitucionales. También denunciaron que las empresas buscan anular la ordenanza municipal 161/24, que exige su traslado en un plazo de tres años.

Ayer, durante una sesión en la Junta Municipal de Asunción, los concejales abordaron la petición de los vecinos de Trinidad y eligieron a Arturo “Tuki” Almirón como nuevo presidente del cuerpo legislativo. Humberto Blasco, edil del PLRA, expresó que la acción de inconstitucionalidad atenta contra la autonomía municipal y que hace tiempo la ciudad no soporta estas actividades industriales.

El concejal liberal Augusto Wagner propuso solicitar una audiencia ante la sala constitucional de la Corte Suprema para analizar el asunto de estas industrias en áreas urbanas, y su propuesta fue aprobada por los ediles.

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SAN IGNACIO, Misiones — El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías de este distrito la suspensión condicional del proceso relacionado con la presunta reducción de barandas de seguridad de la carretera que conecta Santa María y Santa Rosa. El incidente, que ocurrió el 23 de octubre, implica como supuesto responsable a Milciades Portillo. El denunciante, Bernardo González, rechazó la solicitud y exige que el responsable responda por el daño al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La fiscal, Teresa Martínez, recibió la denuncia sobre el robo de las barandas de seguridad en la ruta entre Santa María y Santa Rosa, Misiones. Milciades Portillo, mecánico, fue señalado como el presunto autor, ya que se encontraron en su taller las barandas supuestamente robadas.

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La fiscal realizó las investigaciones pertinentes y concluyó que la acción de Portillo no constituye hurto, sino posesión de objetos sustraídos, lo que se clasifica como reducción de objeto hurtado.

Ante esto, la fiscal presentó al juez Penal de Garantías de San Ignacio, Misiones, Víctor Joel Paredes, la solicitud de suspensión condicional del proceso. El juzgado debe evaluar la solicitud del Ministerio Público y decidir si se acepta o rechaza, considerando si el acusado cumple con los requisitos, como no tener antecedentes penales y comprometerse a cumplir ciertas condiciones impuestas por el tribunal.

Tras esta solicitud, Bernardo González, el denunciante, la rechaza y demanda que el responsable responda por el daño al Ministerio de Obras Públicas.

González expresó su deseo de que se haga justicia, oponiéndose a la suspensión condicional del procedimiento, y pidió al juez Paredes que actúe contra el acusado por dañar bienes públicos.

Intentamos hablar con Milciades Portillo, el presunto responsable de la reducción de materiales robados, pero no quiso declarar a la prensa por consejo de su abogado.

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En un video difundido en redes sociales, se puede ver que la celda del empresario Alberto Koube tiene una heladera, aire acondicionado, microondas, muebles de cocina y un televisor de 32 pulgadas con suscripción. Por ello, el Ministerio de Justicia (MJ) realizó una supervisión en la cárcel de Tacumbú.

Según el comunicado del MJ, la inspección se realizó ayer por la tarde para recabar información y verificar que las condiciones de reclusión sean equitativas en los centros penitenciarios.

El comunicado detalla que se inspeccionó el Pabellón “D” Alta, donde está Koube, y se encontró que 54 celdas tienen condiciones similares, con dos personas por celda y sin baños privados.

Además, en la celda Nº 34, donde está el procesado, hay “dos camas individuales y electrodomésticos de segunda mano”, conforme a la Resolución N.º 3412/2025, actualmente en revisión.

El Ministerio de Justicia informó que se documentó el registro y se elaboró un acta con observaciones y recomendaciones, la cual fue enviada al ministro Rodrigo Nicora.

La inspección fue liderada por Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, quien explicó que la intervención fue instruida por el ministro. Una comisión multidisciplinaria verificó la celda y redactó un acta con los resultados. Confirmaron que la celda es común, sin baño privado, con dos camas y algunos electrodomésticos usados.

Consultado sobre la autorización de estos objetos, Peña mencionó que el Ministerio está reglamentando su uso. Comentó que esta situación fue heredada y los aparatos están en todo el sistema penitenciario. “Más que una irregularidad, es una realidad”, afirmó, recordando que se está en emergencia penitenciaria.

Respecto a si la presencia de electrodomésticos es una falta, señaló que lo irregular son los elementos de comunicación, como celulares y computadoras.

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Lo que se considera lujo en un penal incluye camas somier, muebles y baños diferenciados. Peña remarcó que los derechos de los reclusos deben respetarse y destacó que el sistema penitenciario debe custodiar y cuidar de las personas privadas de libertad.

El director señaló que se trabaja en una reglamentación general para el uso de electrodomésticos en las cárceles, y que la comisión que realizó la supervisión fue creada tras descubrir celdas VIP en Emboscada Antigua. El acta ya fue presentada al ministro, aunque no hay un plazo para una decisión.