Publicidad

Después de que la empresa catarí, Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, no cumpliera nuevamente con la entrega de diésel a Petróleos Paraguayos (Petropar), la petrolera estatal, liderada por Eddie Jara, aceleró un nuevo proceso especial de contratación para una compra “urgente” del combustible.

La convocatoria se publicó el 28 de octubre y recibió ofertas el 31 del mismo mes para adquirir 61,000 metros cúbicos de diésel, que deben entregarse en noviembre y diciembre en Campana, km 171 del río Paraná Guazú, en Argentina (modalidad CIF).

Sin embargo, el único documento disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) es el pliego de bases y condiciones, sin informar sobre las empresas oferentes ni el precio de referencia. Este tipo de procesos permite publicar los documentos solo después de la adjudicación.

De acuerdo con la resolución N.º 2198/24 de la DNCP, que autoriza este tipo de contrataciones, la entidad convocante tiene 10 días hábiles después de firmar el contrato para publicar los documentos.

Eddie Jara muestra una preferencia notable por este mecanismo para adquirir diésel. Usó el mismo método para contratar a la empresa catarí, que aún no entrega el diésel pero recibió una novena prórroga de cuatro meses, hasta el 28 de febrero de 2026.

La resolución de la DNCP se emitió justo antes de la contratación de Doha Holding, permitiendo a Petropar operar con poca transparencia al no publicar los documentos de adquisición previamente y luego ocultarlos por largo tiempo después de firmar el contrato.

Se argumenta la necesidad de precios competitivos y la urgencia de acceder al producto para el giro comercial de Petropar.

Sin embargo, un año después de que la empresa catarí fuera contratada de forma “urgente”, aún no ha entregado el diésel. Petropar le dio una ampliación, a pesar de desconocer la procedencia de las 100,000 toneladas métricas de diésel valoradas en más de USD 61 millones (se ofertó combustible kazajo que no ha llegado).

Advertisement

Eddie Jara engañó al Congreso y a la ciudadanía al afirmar que no se darían más prórrogas, pero esta última extensión demuestra lo contrario.

El director de la DNCP, Agustín Encina, informó estar revisando la documentación de la novena prórroga, aún sin publicar. Las partes acordaron extender la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

Todo sugiere que los vínculos de la empresa en el gobierno buscan evitar ejecutar la cuestionable garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (USD 3,050,000). Dicha garantía nunca se reclamó, pese a las ocho prórrogas e incumplimientos.

Doha Holding presentó como garantía una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). No existe garantía bancaria ni póliza real.

Fuentes confirmaron que el jeque no vino al país para firmar esta novena ampliación, como en las anteriores prórrogas.

Los directivos de Petropar, incluido Jara, no enfrentan a la ciudadanía sobre su decisión. Se ha intentado comunicarse con Norma Caballero, directora de Comunicaciones de Petropar, para organizar una entrevista sin éxito. Caballero tampoco se ha pronunciado.

La sede de la empresa catarí se estableció en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol. Documentos revelan que Julio Jiménez autorizó firmar algunas prórrogas en nombre de la empresa catarí. Actualmente, no se sabe quién autorizó la novena prórroga.

Advertisement

Publicidad

El 6 de noviembre de 2025 a las 05:00, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presentó su estudio «Propuesta de Redistribución Tarifaria», donde planea aumentar las tarifas para los sectores de media, alta y muy alta tensión. Esto busca añadir 95,3 millones de dólares anuales a su facturación. Con un margen de cobrabilidad del 92%, la ANDE proyecta ingresos adicionales de 87,68 millones de dólares al año, representando un aumento total del 13% en sus ingresos.

El ajuste más significativo afectará a quienes operan sobre baja tensión, con aumentos concentrados en ciertos sectores. La tarifa en media tensión, incluida la residencial trifásica, se incrementará un 50%. El sector gubernamental en media tensión verá un alza del 20%, pero debido a la baja cobrabilidad histórica, no se espera que los 7,4 millones de dólares adicionales se conviertan en ingresos reales.

Publicidad

Para los grandes clientes industriales y comerciales en media tensión, los aumentos serán moderados pero notables: el sector comercial verá un alza del 15% y el industrial del 5%. En media tensión residencial, los clientes con conexión monofásica enfrentarán un aumento del 10%.

Aquellos en alta y muy alta tensión, que son pocos pero con gran consumo energético, también verán un aumento uniforme del 12,5%.

El estudio detalla cómo se planea generar los 95,3 millones adicionales anuales. Además, se implementará una nueva tarifa progresiva en el sector residencial de baja tensión, beneficiando al 73,5% de los clientes con consumos bajos mediante una reducción de 30,7 millones de dólares en su facturación. Esto se compensará con un aumento de 69,7 millones de dólares en la facturación de 244.747 grandes consumidores residenciales, con tarifas que pueden subir hasta un 235,9% para consumos superiores a 5000 kWh/mes.

Publicidad

Publicidad

El último imputado en el caso por presunta lesión de confianza, que enfrenta el exalcalde de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR-HC), deberá presentarse ante el juez el martes 11 de noviembre. Se trata del contratista Óscar Cañete Delgado.

Óscar Cañete Delgado, el último relacionado en la causa que enfrenta Rodríguez y varios exfuncionarios municipales, comparecerá ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, el martes 11 de noviembre a las 08:00, para su audiencia preliminar.

Publicidad

Este contratista es el undécimo acusado por la supuesta lesión de confianza por un presunto daño económico de G. 2.269 millones a la municipalidad durante la gestión 2021-2022 de Rodríguez, quien renunció antes de ser destituido por la Cámara de Diputados en marzo de 2023.

El 10 de octubre, la fiscala adjunta María Soledad Machuca acusó y solicitó llevar a juicio oral a Cañete Delgado, y el juez Estigarribia fijó la audiencia preliminar para el 11 de noviembre.

Además de Cañete Delgado y el exalcalde, están acusados: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera), entre otros. El exalcalde y cinco exfuncionarios ya esperan la fecha para el juicio oral.

Publicidad