Nacionales
Petropar concedió la novena extensión a empresa catarí ¡por cuatro meses!
Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, finalmente otorgó la novena extensión de contrato a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta vez, el plazo se extendió por cuatro meses, permitiendo que la empresa entregue el combustible hasta el 28 de febrero de 2026.
Agustín Encina, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), confirmó a ABC Color esta nueva extensión, a pesar de que la empresa no entregó ninguna de las 100,000 toneladas métricas de gasoil, valoradas en más de US$ 61 millones, tras el vencimiento del octavo plazo, el pasado 31 de octubre.
Así, se evidencia que Jara no fue sincero con el Congreso Nacional y la ciudadanía, ya que en septiembre había asegurado que no se otorgarían más prórrogas a la empresa catarí. No obstante, esta nueva extensión manifiesta lo contrario respecto a su paciencia en este asunto.
También extendieron el plazo de la garantía
Encina indicó que se están revisando los documentos para su publicación en el portal oficial. “La DNCP recibió los documentos. La adenda Nº 9 firmada entre Petropar y el proveedor establece la extensión del contrato hasta el 28 de febrero de 2026”, comentó.
Además, ambas partes acordaron extender la validez de la garantía de cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.
“Petropar justifica esta extensión por tratarse de un contrato abierto, lo que impide determinar con precisión la fecha de entrega. Como no se ha realizado aún, es necesario extender la vigencia contractual para garantizar su ejecución”, explicó. Esta justificación ha sido repetida por la petrolera durante un año.
Se mencionó que Petropar insiste en que el precio sigue siendo “favorable” comparado con el mercado actual, aunque recientemente la empresa admitió que el precio ofrecido era difícil de cumplir.
Eddie Jara y sus directivos permanecen sin dar la cara
Los directivos de la estatal siguen sin dar explicaciones sobre la decisión tomada en este caso. Desde la semana pasada, se ha intentado comunicar con la directora de Comunicaciones de Petropar, Norma Caballero, para conseguir una entrevista con los responsables, pero no ha habido respuesta. Ayer, Caballero no respondió al equipo periodístico del diario.
El presidente Eddie Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez, el director jurídico Carlos Arce y el director comercial Adalberto Acuña mantienen un silencio sospechoso. Evitan explicar por qué dieron más plazo a una empresa que incumple.
Parece que los lazos de la compañía en las altas esferas buscan impedir la ejecución de la garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3,050,000). Esa garantía nunca fue exigida, a pesar de las ocho extensiones y el total incumplimiento.
Dudosa garantía y posibles violaciones legales
Doha Holding presentó una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani como garantía de cumplimiento, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no hay garantía bancaria ni póliza real.
No se sabe si el jeque árabe visitó el país para firmar esta novena adenda. La sede local de la empresa catarí está en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, quien autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la compañía. Actualmente, se desconoce quién aprobó la novena adenda.
En el portal de Contrataciones Públicas, aparecen como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Al-Thani fue incorporado como representante tras la firma del contrato con Petropar.
Doha Holding no ha entregado el gasoil prometido, aunque Petropar ha seguido extendiendo el contrato. La empresa había ganado la licitación con un precio de US$ 610 por tonelada, un valor que ni Brasil consigue, y posteriormente la estatal admitió que era insostenible.
Además, Petropar no verificó la capacidad financiera de la empresa y gestionó la adjudicación mediante un procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, un mecanismo para eludir controles. Incluso se publicó el pliego de bases y condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley 7021 de Contrataciones Públicas.
Las repetidas extensiones también podrían contravenir dicha ley, que solo permite modificaciones de hasta un 20% del plazo o monto, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. La empresa debía entregar el carburante hace un año, entre octubre y noviembre del año pasado, pero sigue sin cumplir. Petropar sigue extendiendo el contrato sin fijar plazos de entrega.
Nacionales
Hace 43 años se abrieron por primera vez las compuertas del vertedero de Itaipú
El 5 de noviembre de 1982, hace 43 años, se abrieron por primera vez las 14 compuertas del vertedero de la central hidroeléctrica de Itaipú. Este evento marcó el inicio simbólico de la planta, que ya contaba con un embalse esencial para comenzar a producir energía eléctrica.
Representantes de la entidad paraguayo-brasileña consideraron esta apertura como una ceremonia de inauguración, después de haber realizado unas 50,000 horas de trabajo. Los mecanismos fueron activados por los dictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Joao Bapitista de Figueiredo de Brasil.
Este evento también simbolizó la entrada de Itaipú en el exclusivo grupo de las megahidroeléctricas, siendo por mucho tiempo el complejo más grande del mundo. Según se informó, el 5 de mayo de 1984, siete meses después, la central empezó a producir sus primeros GWh e interconectarse con el sistema brasileño.
El vertedero se encuentra en la margen paraguaya del río Paraná. Las compuertas se abrieron completamente a finales de noviembre, cuando el caudal del río alcanzó los 20,000 metros cúbicos por segundo. Permanecieron así hasta agosto de 1983, cuando el caudal del río disminuyó a 15,000 metros cúbicos por segundo.
Entre 1982 y finales de noviembre de 1986, las tres canaletas estuvieron operativas el 85% del tiempo. Para construir la central de 195 metros de altura, se desvió el curso del río, se removieron 60 millones de m³ de tierra y piedra, y se utilizó una gran cantidad de acero.
A pesar de su tamaño, no se deben olvidar ciertas verdades, como la inundación del Salto del Guairá, el desplazamiento de comunidades indígenas y que Paraguay solo ha aprovechado el 10.04% de la energía generada desde 1984.
El 5 de noviembre de 2025, a la una de la mañana, la bancada cartista en la Cámara de Diputados, como de costumbre, rechazó las solicitudes de informes de la oposición, afectando la transparencia.
La diputada Rocío Abed, líder cartista, se opuso a los pedidos de informes sobre el contrato del Instituto de Previsión Social (IPS) con un banco relacionado con la concesión del Parque de la Salud y sobre el arrendamiento de vehículos en Itaipú, cuya administración recae en Justo Zacarías Irún, su esposo. Así también, rechazó la solicitud referente a deudas del Ministerio de Salud con farmacéuticas y del Ministerio de Obras Públicas con contratistas. Asimismo, el diputado cartista Miguel Del Puerto se opuso a investigar a Petropar sobre la falta de entrega de gasoil prometida por Doha Holding Group, ligada a su presidente Eddie Jara.
Miguel Martínez del PLRA comentó que «Petropar tiene más corrupción que combustible», pidiendo reconsideración. Raúl Benítez, independiente, acusó a Itaipú de financiar el carnaval del clan Zacarías, señalando que Abed busca ocultar el uso indebido de fondos públicos.
Además, Diosnel Aguilera del PLRA lamentó que la dictadura se haya apoderado de la Cámara Baja, limitando el acceso del público a la información. Rocío Vallejo del PPQ expresó que en este periodo legislativo se está afectando la institucionalidad y democracia al impedir los informes solicitados por la oposición. La parlamentaria recordó que «oponerse simplemente por oponerse no es correcto» y resaltó que «todos somos iguales y tenemos un voto».
Nacionales
Prudencia fiscal y estabilidad política para mantener controlado el riesgo país
El 5 de noviembre de 2025 a la 01:00 se publicaron datos sobre la prima de riesgo, también conocida como riesgo país o soberano, que refleja el costo adicional que un Estado debe ofrecer para vender su deuda en comparación con emisores considerados sin riesgo. En la Eurozona, la referencia es el Bund Alemán, mientras que en América se compara con el bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años. Este riesgo se mide con el Emerging Markets Bond Index (EMBI) de J.P. Morgan, que indica la diferencia de rendimiento en puntos básicos. Por ejemplo, un riesgo país de 1,200 puntos significa que se deben pagar 12 puntos porcentuales más por el endeudamiento.
Este índice es fundamental para los inversores, ya que resume cómo los mercados internacionales perciben el riesgo crediticio de cada país. Si el EMBI es alto, mayor es el riesgo de default o inestabilidad económica. Los cambios en el indicador pueden deberse a factores internos, como la política fiscal y la inflación, o externos, como las tasas de interés en EE.UU. o el apetito global por el riesgo.
En octubre de 2025, el riesgo país de Paraguay fue de 116 puntos básicos, uno de los más bajos en América Latina, quedando detrás de Uruguay (66 puntos) y Chile (92 puntos). La posición de Paraguay es relevante en el contexto latinoamericano, donde hay grandes diferencias en el costo de financiamiento. Uruguay y Chile son ejemplos de solidez institucional y previsibilidad económica, mientras que Paraguay ha sido un mercado confiable para los inversores internacionales en los últimos años.
Un riesgo de 116 puntos implica menores costos de financiamiento tanto para el Estado como para el sector privado, beneficiándose de la confianza económica que proyecta Paraguay.
El panorama regional del riesgo país muestra una diversidad notable. Uruguay, Chile y Paraguay se encuentran en el extremo más seguro, con índices inferiores a 120 puntos. En el medio están Perú (120 puntos), Guatemala (143), y otros, que mantienen niveles moderados gracias a sus fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos.
Brasil (187 puntos) y México (212), aunque son las economías más grandes, enfrentan mayores riesgos debido a factores políticos internos y presiones fiscales. Colombia (251 puntos), Honduras (300), y El Salvador (348) presentan riesgos medio-altos, afectados por desafíos fiscales y falta de reformas.
En la parte más vulnerable se encuentran Argentina (662 puntos), Ecuador (733), Bolivia (1,210) y Venezuela (12,620), reflejando desequilibrios fiscales, alta inflación y debilidad institucional. Venezuela permanece fuera de los mercados internacionales de deuda por su elevado riesgo.
Paraguay se beneficia por estar entre los países con menor riesgo, pero mantener esta posición requerirá estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y transparencia institucional. Riesgos en el gasto público, aumentos de deuda o inestabilidad política podrían cambiar esta percepción.
Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.
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