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Actuarios judiciales solicitan decisión política para lograr aumento salarial

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Actuarios judiciales solicitan decisión política para lograr aumento salarial
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03 de noviembre de 2025 – 13:22

Los actuarios judiciales esperan que el Legislativo muestre disposición política para aprobar el presupuesto propuesto por la Corte Suprema de Justicia, el cual incluye un ajuste de salario para el sector, conforme a lo estipulado en la Ley N° 7000 de 2022. Esta normativa señala que los actuarios deben recibir un salario equivalente al 60% del salario de los jueces de primera instancia, además de las bonificaciones correspondientes.

Hoy, representantes de actuarios judiciales de diversas jurisdicciones del país se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. César Diesel Junghanns, para insistir en su solicitud de aumento salarial, conforme a lo establecido en la Ley N° 7000/2022, promulgada el 28 de diciembre de 2022.

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También participaron en la reunión el secretario del Consejo de Superintendencia de la CSJ, Abg. Alex Almada; el director general de Administración y Finanzas, Abg. Mirko Duré; y el director de Presupuesto, Lic. Carlos Benítez.

El encuentro tuvo lugar tras la presentación de una nota la semana pasada, en la que los actuarios pidieron al ministro César Diesel que se cumpla la Ley N° 7000/2022, que estipula que los actuarios judiciales y electorales deben recibir un salario mensual del 60% del salario de los jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones inherentes al cargo.

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Tras la reunión, los representantes apelaron a la disposición política del Poder Legislativo para aprobar el presupuesto 2026 presentado por la Corte Suprema de Justicia, que incluye el reajuste salarial para los actuarios judiciales.

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El reajuste para actuarios sería de G. 1.600.000

Elsa Medina, una de las representantes de los actuarios judiciales, destacó la necesidad de la voluntad política de los legisladores para aprobar el proyecto de presupuesto. “

Si aprueban el proyecto del Ejecutivo, quedaremos fuera del ajuste, ya que ese proyecto no contempla el incremento salarial, a diferencia del de la Corte”, aclaró la gremialista.

“Los jueces recibieron un ajuste de salario y la ley establece que debemos percibir el sesenta por ciento del salario de los magistrados de primera instancia. Esto debería ser automático, pero lamentablemente debemos solicitarlo, y desde febrero todos los gremios estamos en esta lucha”, manifestó Silvia Sanabria, otra portavoz de los actuarios.

Reunión del presidente de la Corte César Diesel con representantes de los actuarios judiciales.

Agregó que, con la inflación de los últimos años, el salario actual ya no es suficiente para los actuarios, quienes actualmente ganan G. 8.500.000. Pero con el aumento para los magistrados, esa cantidad debería incrementarse en G. 1.600.000, llevando sus sueldos a más de G. 10.000.000, según la normativa vigente.

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Por su parte, la actuaria Carolina Franco enfatizó el respaldo y apoyo de los actuarios judiciales al aumento salarial también solicitado por el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, liderado por Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sifjupar.

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Filizzola y Villalba proponen iniciativa para reconocer desapariciones forzadas en dictadura de Stroessner

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Filizzola y Villalba proponen iniciativa para reconocer desapariciones forzadas en dictadura de Stroessner
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El 4 de noviembre de 2025, los senadores Rafael Filizzola y Éver Villalba propusieron una ley que reconoce la desaparición forzada durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Su objetivo es cumplir con las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia y reparar una deuda histórica con las víctimas del régimen.

El lunes, Rafael Filizzola anunció en la red social X (antes Twitter) que él y Éver Villalba presentaron el proyecto de ley para reconocer y declarar la desaparición forzada de personas por el Estado paraguayo durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

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Filizzola señaló que la propuesta busca «saldar una deuda histórica con las cientos de personas desaparecidas bajo el régimen» y obedece a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que en su informe final pidió al Estado paraguayo aceptar su responsabilidad en los crímenes cometidos entre 1954 y 1989.

«La verdad es esencial para la justicia, y sin justicia no hay democracia», escribió el legislador.

El proyecto fue presentado el 3 de noviembre, una fecha conocida entre los seguidores de Stroessner como «fecha feliz» en honor al cumpleaños del exdictador, quien gobernó con mano dura durante más de 35 años.

Si se aprueba, la ley significaría un reconocimiento oficial por parte del Estado paraguayo a las víctimas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más atroces documentados en ese período.

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Comisión del Senado convoca a Riera y a expertos en polígrafo a reunión privada por controversia en ascensos policiales

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Comisión del Senado convoca a Riera y a expertos en polígrafo a reunión privada por controversia en ascensos policiales
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La comisión del Senado, en una reunión reservada, convocó al ministro del Interior, Enrique Riera, y a Jorge Ramón Román Vallejos, presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, con el fin de resolver las dudas sobre el uso del polígrafo debido a la falta de reglamentación de la norma.

El senador Rafael Filizzola expresó su preocupación por lo que considera una manipulación en los concursos para ascensos policiales, donde el polígrafo habría dejado fuera al mejor egresado de su promoción, beneficiando a personas con antecedentes cuestionables. Destacó que hay un caso concreto donde el mejor egresado fue excluido, mientras se promueven personas con antecedentes dudosos, sugiriendo maniobras para favorecer a ciertas personas y perjudicar a otras valiosas.

Filizzola comentó que los poligrafistas de la policía no participan en el proceso y que las máquinas utilizadas podrían estar obsoletas. También señaló que se recurriría a poligrafistas de origen militar, lo cual consideró inapropiado, dado que hay especialistas en la institución policial.

El legislador enfatizó que el polígrafo no es infalible y que ningún país lo considera determinante para ascensos en las fuerzas de seguridad, siendo solo una prueba entre muchas. También cuestionó la falta de reglamentación y transparencia, ya que los resultados no se comunican a los afectados ni hay un mecanismo de apelación.

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El ministro Riera fue citado previamente por la comisión, pero no compareció, lo que llevó a suspender la sesión. Filizzola afirmó que el Senado no debería tratar los ascensos si las dudas no se aclaran. Presentaron un cuestionario al ministro sobre la reglamentación del polígrafo, el estado de los equipos, la capacitación y los procedimientos.

El senador Natalicio Chase comentó que la ley, aunque sin reglamentar, sigue vigente y debe aplicarse hasta que se modifique. Confirmó que se está trabajando en cambiar el artículo sobre el uso del polígrafo para que sea más claro y ajustado a las garantías constitucionales.

La comparecencia de Riera y la APYP es clave para definir la situación. Filizzola advirtió que, si no se aclaran las irregularidades, el Senado no debe aprobar los ascensos, ya que promueve a quienes tienen antecedentes y castiga a los mejores, afectando la moral policial.

La reunión será crucial para esclarecer el uso del polígrafo en los ascensos policiales y verificar si se ajusta a la legalidad y a la transparencia institucional.

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Cruzada Nacional solicita informe sobre la utilización del polígrafo

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Cruzada Nacional solicita informe sobre la utilización del polígrafo
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La bancada de Cruzada Nacional solicitó un informe al Poder Ejecutivo, dirigido al Ministerio del Interior, para aclarar los motivos, alcances y regulaciones del uso del polígrafo en la Policía Nacional. El proyecto de resolución, presentado por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Walter Kobilansky, será tratado en la sesión de mañana de la Cámara de Senadores, programada para las 9:00.

El documento solicita al Ejecutivo detalles sobre los actos administrativos que autorizan el uso de esta herramienta en evaluaciones y ascensos del personal policial. Los legisladores desean conocer la norma que regula su aplicación, incluyendo fecha y texto completo, y qué disposiciones internas (manuales, protocolos) existen.

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También se consulta si el polígrafo se usa solo en ascensos o también en investigaciones internas, selección o control disciplinario. Además, buscan saber qué porcentaje del puntaje final en los ascensos depende del polígrafo, incluyendo la fórmula de cálculo.

El pedido también pretende esclarecer los aspectos operativos y financieros del sistema. Por ello, los senadores solicitan identificar a las empresas proveedoras de equipos, detallando la cantidad y características de los aparatos disponibles.

Además, requieren información sobre los operadores, especificando si son parte del cuerpo policial o contratados externamente. Se pide también confirmar si los funcionarios sometidos dan su consentimiento y qué mecanismos existen para proteger su confidencialidad y datos personales.

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Respecto al presupuesto, se solicita al Ministerio del Interior un desglose del monto invertido en compra, mantenimiento, software y capacitación desde la implementación del polígrafo hasta la fecha, detallado por año.

El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los procesos internos de la Policía Nacional y asegurar que el uso del polígrafo sea conforme a criterios legales, éticos y técnicos. Este tema será discutido en el Senado en el orden del día, donde se espera la opinión del oficialismo y la respuesta del Ministerio del Interior.

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