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Médicos de Itapúa han anunciado su intención de renunciar al IPS si en una semana no se implementa la reducción de la carga horaria a 12 horas semanales por vínculo, conforme a la ley. Unos 80 médicos de diversas especialidades, que actualmente perciben cerca de G. 3.800.000 por trabajar 24 horas semanales, demandan el mismo beneficio concedido a los anestesiólogos, previsto para entrar en vigor en 2026.

En el Instituto de Previsión Social (IPS) de Itapúa, se avecina una crisis de personal. Cerca de 80 doctores han advertido que renunciarán de manera colectiva si no se cumple con la Ley N° 7137/2023, que establece un máximo de 12 horas semanales de trabajo por vínculo.

Siguiendo el ejemplo de los anestesiólogos del Hospital Ingavi, con quienes se acordó una jornada laboral de 12 horas a partir de marzo de 2026, los médicos de Itapúa buscan las mismas condiciones para todos los profesionales del seguro social.

La doctora Andrea González del IPS Encarnación afirmó que la decisión es unánime, involucrando a médicos de todo el departamento. Ya se está circulando la carta de renuncia para su firma, aseguró.

En una reunión reciente entre médicos y autoridades del IPS, se convino una tregua de una semana para esperar una respuesta favorable del seguro social. Si no se logra un acuerdo en este plazo, todos los médicos presentarán su renuncia.

A pesar de estar excluyendo la lucha por la equiparación salarial por el momento, los médicos enfatizan que su única petición es el cumplimiento de la ley respecto a la carga horaria.

González lamentó la baja remuneración actual, señalando que un subespecialista gana cerca de G. 3.800.000 por 24 horas semanales. Si no se llega a un acuerdo que beneficie a todos, las renuncias se harán efectivas.

Otros servicios del IPS también se están sumando a las protestas por la implementación de la ley en diversas ciudades como Concepción, Villarrica y Horqueta.

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Mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 138, los jueces del Tribunal de Apelaciones, Mario Camilo Torres, Paublino Escobar Garay y Arnulfo Arias, aprobaron una extensión extraordinaria al fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, otorgando 6 meses adicionales para finalizar la investigación sobre Gianina García Troche en el caso A Ultranza.

Esta decisión modifica la fecha inicial para presentar el requerimiento conclusivo, que era el 20 de noviembre de 2025, trasladándola al 20 de mayo de 2026. En ese momento, el Ministerio Público podrá presentar cargos o proponer otra solución legal.

El fiscal Pak explicó que la extensión es necesaria para confirmar o refutar las declaraciones de Gianina García Troche, ya que permitirá conseguir elementos que precisarán la participación de la acusada.

Quedan al menos 12 diligencias pendientes para la Fiscalía, como la obtención de informes financieros de "Kuarahy SRL", entidad que emitió un supuesto certificado de trabajo a García, además de reportes de la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

También faltan las respuestas a solicitudes de informes relacionados con "San Jorge SA" y el análisis de comunicaciones por Sebastián Marset a través de Sky Ecc, entre otras gestiones de cooperación jurídica internacional con Uruguay, España y los Emiratos Árabes Unidos.

El abogado Rafael Blanco, miembro de la defensa de Gianina García, expresó su desacuerdo con la solicitud del fiscal para más tiempo, argumentando que el plazo de investigación ya ha sido razonablemente suficiente.

Gianina García fue acusada en el caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, fue declarada en rebeldía y los plazos se pausaron hasta el 20 de mayo de 2025, cuando fue extraditada de España tras su detención allí el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

El abogado Blanco confirmó que buscarán agotar todas las opciones para evitar un juicio oral, intentando llegar a un acuerdo que permita una condena mínima mediante el procedimiento abreviado y conseguir arresto domiciliario para García.

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Finalmente, mencionó que apelarán a la igualdad procesal, ya que en el caso A Ultranza hubo 11 condenados con penas de 2 a 5 años por procedimiento abreviado, involucrando testaferros y colaboradores en lavado de activos.

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El 30 de octubre de 2025, a las 15:04, un grupo armado irrumpió en un banco de Katueté durante la madrugada de hoy jueves, utilizando explosivos y armas largas. Los testigos mencionaron que el ataque duró alrededor de 30 minutos.

El incidente se produjo cerca de las 3:00 a.m. en el centro de Katueté. Un testigo narró: «Empezaron a las 03:00. Fue terrible», destacando que las primeras explosiones se sintieron en la parte trasera de su casa. Estaban preparándose para un viaje cuando comenzaron las detonaciones.

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«La familia se levantó porque alguien debía viajar. Al escuchar la bomba, me pregunté qué estaba pasando, parecía un espectáculo de fuegos artificiales», agregó. También mencionó sonidos que parecían «drones» y «disparos al aire».

Al escuchar la primera explosión, corrieron a refugiarse en casa. Después, se oyeron ráfagas de disparos y detonaciones más fuertes. «La acción duró aproximadamente 30 minutos. Fue terrible», afirmó.

Durante el suceso, los agresores atacaron las patrulleras, impidiendo el movimiento de los agentes. Un testigo observó a varios policías a pie cerca de su hogar. También relató que un vecino vio a uno de los delincuentes desde su ventana.

Aunque no hubo heridos, la comunidad sigue afectada y sin poder dormir. “Estamos bien de salud, pero muy asustados y sin dormir”, concluyó el testigo.

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