Nacionales
Para evitar ser etiquetados como falsos «provida», los cartistas retroceden en su intento de proteger al exviceministro Mora
A pesar de la resistencia inicial y tras recibir fuertes críticas por su presunto discurso de «protección a la vida y la familia», la bancada cartista en la Cámara de Diputados finalmente aprobó solicitar informes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sobre las investigaciones contra la fiscala Gladys Jiménez. Esta ha sido cuestionada por pedir el sobreseimiento del exviceministro de Educación, Federico Mora, en un caso de supuesto abuso infantil.
Rocío Abed, líder de la bancada de Honor Colorado y que se autodenomina «provida y profamilia», inicialmente se opuso a esta solicitud. Johanna Ortega, diputada del Partido País Solidario, fue quien presentó el pedido para averiguar las acciones del JEM por la cuestionable actuación de la fiscala Jiménez, a pesar de que la defensa de la víctima apunta que la Fiscalía reconoció los presuntos abusos.
Abed argumentó que los temas del JEM son de acceso público y no ameritaban tal solicitud, pero ha rechazado múltiples informes incómodos para su partido. El diputado Raúl Benítez ironizó diciendo que Abed sería capaz de oponerse a una invitación de boda, criticando la hipocresía de sus discursos «provida».
Benítez subrayó que los legisladores tienen el derecho de pedir informes, especialmente en casos graves como este, criticando la actuación de la Fiscalía. También indicó que el discurso «provida y proniños» es vacío y criticó a quienes se oponen a estas investigaciones.
Ortega fue más allá, sugiriendo que la oposición cartista estaba dispuesta a proteger a Federico Mora a cualquier costo y resaltó que quienes se autodenominan «provida» estaban realmente protegiendo a sus cercanos.
Finalmente, presionada y sin argumentos para mantener su oposición, Abed retiró su moción y se aprobó el pedido de informes.
Nacionales
Caso Guillermo Moral: operativo termina con tres allanamientos y cuatro arrestos
El 29 de octubre de 2025, a las 14:19, se llevó a cabo un operativo en Ciudad del Este en el marco de la investigación por el asesinato del militar Guillermo Moral. Tres viviendas fueron allanadas y cuatro personas detenidas. Según los investigadores, tres de los capturados habrían proporcionado apoyo logístico para el crimen. El principal sospechoso que habría contactado a los sicarios sigue fugitivo.
El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, lideró el operativo con apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Motorizada y el Departamento Comando Tripartito.
Entre los detenidos se encuentran Luis Fernando Guillén Martínez (22), Elda Sofía Galeano Kleiner (43), Marco Antonio Florentín Camacho (42) y Alfredo Santuchi Brítez (25). Este último fue arrestado por una orden pendiente de detención y no tiene relación con la investigación.
El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios, explicó que las detenciones se lograron rastreando las transferencias de dinero a los autores del homicidio. Los tres primeros individuos participaron supuestamente en la logística del crimen. Se realizó un seguimiento financiero inverso para identificar a quienes enviaron y recibieron el dinero.
Durante los allanamientos en los barrios San Rafael, Ciudad Nueva y Don Bosco, se incautaron droga tipo crack, celulares, un DVR y tarjetas de memoria de cámaras de vigilancia, que serán analizadas.
Los autores del crimen habrían recibido unos G. 25 millones. Luis Fernando Guillén Martínez es hijo de Jorge Guillén Bogado, supuesto financista del asesinato, detenido el 16 de octubre, junto con Ángel David González Guillén, investigado por realizar transferencias.
Carlos Antonio Báez Guillén, alias «Lulú», sigue prófugo y es buscado por conexión directa con los sicarios. También hay una orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina por un caso de homicidio.
Aún se analiza si uno de los cuerpos hallados en el río Paraná corresponde a un adolescente que supuestamente participó en el crimen. El cuerpo tiene un tatuaje del Ojo de la Providencia, similar al de uno de los autores materiales. Se solicitaron muestras de ADN para confirmar la identidad.
Nacionales
Pescadores desbloquean el río Paraguay tras llegar a un acuerdo con autoridades en Concepción
Los pescadores de Concepción decidieron poner fin al bloqueo del río Paraguay tras dialogar con la gobernadora Liz Meza Páez (ANR) y el intendente Bernardo Villalba. Ambos se comprometieron a proporcionarles alimentos durante la temporada de veda y un pago de G. 400.000 a cada pescador registrado. Tras aceptar la propuesta, levantaron la protesta.
La gobernadora y el intendente llegaron al puente Nanawa, en el lado del departamento de Presidente Hayes, para hablar con los pescadores. Ofrecieron distribuir alimentos tres veces durante la veda de 49 días, y un pago de G. 400.000 a cada pescador con carnet oficial.
Después de escuchar a las autoridades, los pescadores decidieron aceptar la oferta. Daniel Ferreira, uno de sus líderes, señaló que hay 240 pescadores con documentos en regla que recibirán G. 400.000.
Con este acuerdo, los pescadores abandonaron la zona de bloqueo, permitiendo así la navegación de las embarcaciones que se veían impedidas por los botes en el canal.
Ferreira comentó que debido a la falta de recursos para trasladar a los funcionarios encargados del censo, algunos pescadores no pudieron ser incluidos en la lista de beneficiarios.
La senadora Yolanda Paredes (PCN) indicó que no será suplente en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque, según ella, Horacio Cartes ya eligió a su colega Pedro “Pipo” Díaz Verón para el puesto. También denunció un «copamiento institucional» y un supuesto «intercambio de favores» entre legisladores de Honor Colorado y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Cámara de Senadores necesita nombrar a quien sustituirá a la destituida Norma Aquino en la suplencia del JEM. Yolanda Paredes aseguró que no será ella, ya que Horacio Cartes habría designado a Pedro Díaz Verón. Paredes subrayó que esta decisión refleja un control total de las instituciones por parte del cartismo, dejando a la oposición completamente excluida.
Asimismo, criticó las propuestas para revertir el voto secreto y eliminar la rotación en la Corte Suprema, argumentando que esto podría consolidar a ciertos ministros en sus posiciones. Paredes también señaló que estos cambios quieren implementarse antes de febrero de 2026 para evitar la aplicación de la ley vigente de rotación.
La senadora advirtió que la falta de alternancia en las circunscripciones judiciales propicia la corrupción y la concentración de poder, formando lo que ella llamó «feudos mafiosos», donde se manejan grandes casos de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Finalmente, Paredes acusó a los legisladores cartistas de actuar como intermediarios de los ministros de la Corte en el Congreso, sugiriendo un «intercambio de favores judiciales» para garantizar impunidad. Criticó que los ministros no defiendan públicamente los proyectos que los benefician.
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