Nacionales
El Senado podría decidir esta semana sobre la eliminación de las leyes de transparencia
La Comisión de Legislación del Senado se reunirá hoy a las 10:00 para discutir la controversial ley de protección de datos personales. Existe la posibilidad de que este tema se incluya en el orden del día de la sesión del miércoles tras la reunión de la Mesa Directiva con los líderes de bancada. El cartismo y sus aliados decidirán si rechazan las leyes de transparencia.
El senador Derlis Maidana (ANR, HC) informó que en la reunión programada para hoy analizarán el proyecto de ley. El Senado debe decidir cuál será la versión definitiva, si la suya o la de Diputados.
La propuesta de Diputados ha sido criticada por comprometer las leyes de transparencia y acceso a la información pública debido a artículos que podrían restringir el acceso a información pública para «proteger datos personales». El artículo más cuestionado es el 24, que permitía denegar acceso a datos si afectaban intereses privados.
Como cámara revisora, el Senado realizó cambios importantes en el texto, que el senador Maidana defendió, aunque indicó que la decisión final será de la bancada. Según Maidana, el objetivo es equilibrar los derechos a la intimidad y a la transparencia.
El artículo 24 fue modificado considerablemente por el Senado. Ahora, la restricción de acceso no aplica si la persona ha consentido la publicación, entre otros casos.
Otros artículos, como el 7, también fueron revisados, exigiendo ahora el consentimiento conjunto de adolescentes y sus padres o tutores.
La Cámara de Senadores necesita 23 votos de 45 para aprobar su versión. Si no logra la mayoría, prevalecerá la versión de Diputados. Existe la posibilidad de que se usen tácticas políticas para aprobar la versión que afecta las leyes de transparencia.
Nacionales
Revocan nombramiento de funcionaria de gobernación investigada por tráfico de armas
El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), pidió que una mujer involucrada en la institución fuera retirada de su cargo tras ser detenida el sábado en una investigación sobre tráfico de armas.
La persona en cuestión es Graciela Elizabeth Ledesma, quien estaba asignada desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación de Central, liderada por Estigarribia.
El sábado por la mañana, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizaron allanamientos en San Antonio, Mariano Roque Alonso y Capiatá, como parte de la investigación sobre tráfico de armas de Paraguay hacia Brasil. Durante estos procedimientos, fueron detenidos José Sixto Benítez y su ex pareja Graciela Elizabeth Ledesma.
La Gobernación de Central solicitó, en un comunicado firmado por Estigarribia, la revocación inmediata del comisionamiento de Ledesma, considerando la gravedad de los hechos conocidos públicamente.
Desde febrero de 2025, Ledesma trabajaba en la Secretaría de Equidad y Género. Era una activa militante en el movimiento de Ricardo Estigarribia y el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, ya que aspiraba a ser candidata a concejal en Villa Elisa.
Nacionales
IPS afirma que está reduciendo la carga laboral de los médicos debido a la renuncia de anestesiólogos
El gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS) informó que están trabajando para disminuir gradualmente la jornada laboral de sus médicos a las 12 horas semanales que indica la ley. Recientemente, 50 anestesiólogos del Hospital Ingavi dejaron sus cargos debido a que aún tienen una carga de 24 horas por semana.
En diálogo con ABC Cardinal, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, abordó la situación de los anestesiólogos que renunciaron la semana pasada en el Hospital Ingavi, denunciando inequidad salarial y sobrecarga de trabajo.
Los médicos han exigido el cumplimiento de la Ley 7.137/2023, que establece una carga laboral de 12 horas semanales por vínculo. Actualmente, deben cumplir 24 horas semanales por un salario de 4.500.000 guaraníes.
El doctor León mencionó que las autoridades del IPS empezaron conversaciones con los coordinadores de Anestesia de sus principales centros de salud, el Ingavi y el Hospital Central, así como con representantes del gremio de anestesiólogos, buscando soluciones para garantizar la atención a los asegurados y cuidar al personal médico.
Subrayó la dificultad que representa el limitado número de anestesiólogos en Paraguay, una especialidad que requiere alta formación.
En el Hospital Ingavi se realizan alrededor de 1.600 cirugías mensuales en 18 quirófanos, mientras que en el Hospital Central se llevan a cabo unas 1.300 operaciones cada mes. De los 260 anestesiólogos del IPS, la mitad son contratados.
El doctor León indicó que la directiva es distribuir la carga horaria en varios días, realizando guardias de 12 horas. Afirmó que están implementando las 12 horas semanales, reduciendo en el último año la carga de 1.120 médicos, comenzando por antigüedad.
Finalmente, destacó su intención de acelerar este proceso para ofrecer una solución integral para todos los médicos, incluyendo a los anestesiólogos.
Nacionales
«Mafia de los pagarés»: víctimas se unen y demandan respuestas de la Corte Suprema
Victimas del esquema conocido como «Mafia de los pagarés» se manifestaron frente al Palacio de Justicia en Asunción, solicitando a la Corte Suprema que tome acciones firmes para castigar a los responsables y compensar a los afectados. Este esquema involucraba a empresas de cobranza, jueces, abogados y oficiales de justicia, quienes presuntamente colaboraban para llevar a cabo juicios fraudulentos y embargos de salarios mediante pagarés de dudosa autenticidad, sin notificar a los deudores.
Pedro Coronel, líder de la Coordinadora de Víctimas, criticó al Poder Judicial por su falta de medidas efectivas, mencionando que esta inacción favorece la pobreza y violación de derechos humanos. Además, instó a anular los embargos y descuentos realizados de manera ilícita, argumentando que rectificar estos errores resolverá el caos legal existente.
El Ministerio Público acusó formalmente a varios jueces, exjueces, oficiales judiciales y abogados implicados en esta trama, imputándolos por delitos como prevaricato y producción de documentos falsos. Según la Fiscalía, las notificaciones de embargos no fueron correctamente realizadas, permitiendo la continuación de procedimientos injustos.
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