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La bancada cartista se niega a ceder su lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que ocupaba Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, expulsada hace más de un mes tras la filtración de un audio que la vinculaba a presuntos actos de corrupción con sus colegas.

Durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, el líder cartista, Natalicio Chase, sorprendió al proponer como sustituto en el JEM al senador Pedro “Pipo” Díaz Verón, reemplazando a Aquino, expulsada tras ser grabada hablando de una supuesta repartición irregular de una donación de China-Taiwán, entre otros temas.

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Chase leyó el currículum de Verón, destacando su formación como abogado y notario. Sin embargo, el senador Rafael Filizzola del PDP cuestionó la propuesta, mientras la senadora Esperanza Martínez sugirió a Yolanda Paredes como candidata alternativa.

El senador Dionisio Amarilla preguntó si era posible tratar el pedido en la próxima sesión, y otros senadores le indicaron que no se podía en una sesión extraordinaria. Fuentes legislativas señalaron que Díaz Verón fue la última opción del cartismo, ya que quedan pocos abogados en la bancada oficialista. Anteriormente, el senador Javier Zacarías Irún había renunciado a su designación tras críticas relacionadas con acusaciones de corrupción.

El 25 de octubre de 2023, Derlis Maidana fue designado en lugar de Hernán David Rivas, también cartista, tras un escándalo sobre un título falso. También se designaron como sustitutos a Norma Aquino alias Yamy Nal y Ramón Retamozo.

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El abogado Ezequiel Santagada alertó que la reglamentación difundida por el Gobierno podría impactar en la libertad de expresión y en la participación de organizaciones civiles en debates públicos.

Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), analizó la reciente reglamentación de la ley que trata sobre el control y transparencia de organizaciones sin fines de lucro, conocida como la «ley garrote anti-ONG», publicitada por el Gobierno de Santiago Peña.

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Santagada destacó que el aspecto más importante del decreto reglamentario es la definición de qué organizaciones estarán afectadas por esta normativa. Según la ley, quedarían sujetas a sus disposiciones aquellas entidades que reciban fondos internacionales o del Estado y que participen en políticas públicas. La clave, según él, es definir qué significa «participar en políticas públicas».

El abogado explicó que al aclarar este concepto, muchas organizaciones no estarán bajo el alcance de la ley, como ya se preveía en el texto inicial. Añadió que hay muchas ONG que no estaban consideradas y que ahora, con la definición de participación en políticas públicas, habrá otras que tampoco lo estarán.

Santagada mencionó que la reglamentación incluye tres puntos clave en el artículo 4 del decreto, definiendo la participación en políticas públicas. El primero aborda organizaciones que desarrollan actividades relacionadas con competencias del Estado mediante convenios, algo ya regulado por la ley de acceso a la información pública. En estos casos, el Estado debe hacer públicos el presupuesto y mecanismos de control, por lo que el decreto no introduce novedad.

Sin embargo, Santagada alertó sobre posibles problemas constitucionales en los otros dos puntos del artículo. El segundo inciso define participación en políticas públicas como acciones que influyen en la aprobación de leyes o decretos, aún cuando se manifiestan a través de informes o declaraciones públicas. Esta interpretación podría restringir la libertad de expresión y la participación ciudadana organizada, cruciales en una democracia, ya que si una organización opina sobre un proyecto de ley en redes o en el Congreso, caería bajo esta regulación, mientras que un individuo no.

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