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Feminicidio: senador sugiere implementar la pena capital
El senador y excomisario Carlos Núñez, del ANR, expresó que considera que la Ley Nº 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres es «algo débil» en cuanto a las sanciones por feminicidio. Por ello, sugirió la necesidad de reformar la Constitución Nacional para posibilitar la pena de muerte en el país.
Carlos Núñez asistió a un foro internacional sobre feminicidio en Río de Janeiro. Al volver, mencionó que la ley que establece penas de 10 a 30 años de cárcel para este delito le parece insuficiente. Según él, el Código Penal paraguayo, con una pena máxima de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad, no es suficiente para este tipo de crímenes.
El legislador está a favor de la pena de muerte y cree que es necesario modificar la Constitución para su implementación. Manifestó que, como policía retirado, ha apoyado esta medida desde hace tiempo.
Núñez también mencionó que ya había propuesto una asamblea constituyente para revisar la Constitución, ya que, según él, tiene «varias falencias». Entre las modificaciones sugiere mayores recursos para la Policía Nacional y cambios en la normativa que regula el trabajo de jueces y fiscales, debido a que algunos magistrados y agentes del Ministerio Público, según él, actúan de manera corrupta, afectando el trabajo policial.
Además, si conoces o eres víctima de violencia contra la mujer, puedes llamar al 137 “SOS Mujer”, disponible a nivel nacional las 24 horas y de forma gratuita.
El 20 de octubre de 2025, a las 13:07, se destacó que los reclusos del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú denunciaron la continua escasez de agua potable necesaria para beber y para el aseo personal. En una carta enviada el 18 de octubre, los internos afirmaron que el agua suministrada es “intomable y de color rojizo”, y que los baños están en condiciones deplorables debido a la falta de agua. El Ministerio de Justicia afirmó que no hay falta de suministro de agua en el lugar.
Los reclusos argumentan que, incluso antes del operativo «Umbral», cuando el centro acogió a 783 internos en agosto, ya presentaban serios problemas de acceso al agua, agravándose esta situación actualmente.
Han suplicado que se les provea de agua potable para beber y asearse, describiendo el agua recibida como asquerosa e insalubre. La Asociación de Familiares por los Derechos Humanos del penal expresó su preocupación sobre esta crisis ante el viceministro de Justicia, calificando la carencia de agua como una violación a los derechos humanos.
Aunque los familiares pidieron al director del penal, Jesús Pérez Guerrero, establecer un diálogo sobre este problema, no han conseguido respuesta. La Asociación de Familiares informó que los internos están considerando amotinarse debido a la situación «degradante» que enfrentan.
Un familiar comentó que el agua suministrada llegó a ser de color naranja, y muchos internos, que no reciben visitas, se ven obligados a consumir esta agua. Además, denunció amenazas hacia quienes intentan reclamar por sus derechos, y comentó que el penal fue presentado como un «modelo» en reinserción social, pero desde su inauguración ha tenido problemas de agua.
Por otro lado, Stella Azuaga, directora de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia, aseguró que no hay falta de agua, mencionando que diariamente reciben 80.000 litros de Itaipú Binacional y disponen de un pozo artesiano para tareas de limpieza. Azuaga también indicó que una planta de tratamiento construida por el Parque Tecnológico de Itaipú estará operativa este fin de semana, lo que resolverá el problema de suministro, y que el agua suministrada cumple con los estándares de calidad.
La Municipalidad de Caapucú decidió prohibir las fiestas privadas de Halloween en el distrito. Según la resolución, estas celebraciones van en contra de las costumbres morales y religiosas, y de la identidad cristiana local. Los días 30 y 31 de octubre, la Policía Municipal y la Comisaría realizarán controles.
Por medio de esta resolución, el municipio de Caapucú, en el departamento de Paraguarí, prohibió eventos públicos y privados relacionados con Halloween, considerándolos ajenos a las tradiciones culturales paraguayas. Bajo la administración del intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado), se vetan todas las actividades alusivas al Día de Brujas.
La resolución argumenta que Halloween introduce símbolos contrarios a la formación moral y religiosa de la comunidad, afectando la identidad cristiana del distrito. Además, se menciona que, conforme al Derecho Canónico, las autoridades deben proteger el bien común y evitar la difusión de prácticas que promuevan la violencia o el temor.
Finalmente, la resolución indica que la Policía Municipal, en conjunto con la Comisaría local, llevará a cabo controles preventivos el 30 y 31 de octubre para asegurar el cumplimiento de esta prohibición.
La condenada a tres años y seis meses de cárcel por estafa en el caso «UNA no te calles», María del Carmen Martínez, conocida como la “comepapeles”, enfrentó un contratiempo en su solicitud de salidas temporales de prisión. El juzgado de Ejecución a cargo del caso ordenó que se someta a tratamiento psicológico y que ayude en la instalación de la biblioteca del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).
El pedido de salidas transitorias presentado por la defensa de María del Carmen Martínez Méndez fue rechazado por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder. El abogado Yamil Colucci, representante legal de Martínez, argumentó que su cliente ha cumplido la mitad de su pena desde el 19 de junio de 2025, cumpliendo así con el Art. 59 del Código de Ejecución Penal.
Sin embargo, la jueza resaltó que antes de obtener las salidas transitorias, la condenada debe pasar por un periodo de prueba y ser trasladada a un establecimiento que fomente la autodisciplina para prepararse para su reintegración social. Wyder ordenó su traslado al Pabellón 1 Alta del COMPLE, donde colaborará en la instalación de la biblioteca y recibirá tratamiento psicológico.
Por otro lado, Froilán Enrique Peralta, ex rector de la UNA, fue condenado a tres años de prisión por lesión de confianza por contratar a personas sin la cualificación necesaria. A su vez, María del Carmen Martínez fue hallada culpable de contratar personal para su granja con fondos del Rectorado, recibiendo una condena de tres años y medio.
Froilán Peralta cumple su condena en prisión domiciliaria desde febrero de 2024. Las condenas de ambos han sido vistas como insuficientes por algunos, ya que consideran que no reparan el daño causado a la Universidad Nacional de Asunción.
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