Nacionales
Ana Girala: Revelan conversaciones sobre presiones fiscales en San Lorenzo
El juicio contra la exfiscala de San Lorenzo, Ana Girala, continúa este jueves 23, con la lectura de mensajes de WhatsApp entre la fiscal y una de sus asistentes. Los chats revelan un supuesto esquema de presión en la Fiscalía, con acusaciones a cambio de favores o bienes.
El juicio involucra a Ana Girala y cinco individuos, entre ellos personal del Ministerio Público y abogados. La fase actual se centra en los mensajes extraídos del celular de Griselda Acha, otra acusada, que muestran un supuesto esquema de presión en la Unidad N° 1 de San Lorenzo.
El Tribunal de Sentencia, liderado por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, lleva el caso. Representan al Ministerio Público los agentes Francisco Cabrera y Verónica Valdez.
El proceso inició tras una denuncia de un ciudadano al que le exigieron 25 millones de guaraníes para no acusar a su hijo de intento de homicidio. La denuncia fue seguida por el entonces fiscal Osmar Legal, ahora juez penal, culminando en una entrega vigilada el 16 de febrero de 2023.
En la Fiscalía fueron detenidas la asistente Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Alcaraz Bogarín. La acusación señala que la unidad a cargo de Ana Girala operaba como un centro de extorsión, documentando casi treinta casos de presión entre septiembre de 2022 y febrero de 2023.
El requerimiento fiscal de 185 páginas expone el modus operandi, revelando cómo manipulaban casos para obtener beneficios económicos.
Entre los mensajes presentados, se mencionan acusaciones por «carachento» y negociaciones para decidir sobre imputaciones, allanamientos y otros procedimientos.
Ana Girala enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal, entre otros delitos. También se acusa a Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz de ser coautoras y cómplices en el esquema. Los abogados Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, Liz Elena Martínez Robles y Marcos Aurelio Velazco Mendoza están acusados de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal.
La condenada a tres años y seis meses de cárcel por estafa en el caso «UNA no te calles», María del Carmen Martínez, conocida como la “comepapeles”, enfrentó un contratiempo en su solicitud de salidas temporales de prisión. El juzgado de Ejecución a cargo del caso ordenó que se someta a tratamiento psicológico y que ayude en la instalación de la biblioteca del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE).
El pedido de salidas transitorias presentado por la defensa de María del Carmen Martínez Méndez fue rechazado por la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, María Lidia Wyder. El abogado Yamil Colucci, representante legal de Martínez, argumentó que su cliente ha cumplido la mitad de su pena desde el 19 de junio de 2025, cumpliendo así con el Art. 59 del Código de Ejecución Penal.
Sin embargo, la jueza resaltó que antes de obtener las salidas transitorias, la condenada debe pasar por un periodo de prueba y ser trasladada a un establecimiento que fomente la autodisciplina para prepararse para su reintegración social. Wyder ordenó su traslado al Pabellón 1 Alta del COMPLE, donde colaborará en la instalación de la biblioteca y recibirá tratamiento psicológico.
Por otro lado, Froilán Enrique Peralta, ex rector de la UNA, fue condenado a tres años de prisión por lesión de confianza por contratar a personas sin la cualificación necesaria. A su vez, María del Carmen Martínez fue hallada culpable de contratar personal para su granja con fondos del Rectorado, recibiendo una condena de tres años y medio.
Froilán Peralta cumple su condena en prisión domiciliaria desde febrero de 2024. Las condenas de ambos han sido vistas como insuficientes por algunos, ya que consideran que no reparan el daño causado a la Universidad Nacional de Asunción.
Nacionales
Doctores solicitan investigar hospitales ilegales y posible corrupción en Fonaress
El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) ha enviado cartas a la Fiscalía y al presidente Santiago Peña, demandando el fin de inauguraciones irregulares de hospitales públicos y una investigación sobre el presunto uso indebido de fondos del Fonaress. Como parte de su “Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud”, el CPM publicó un comunicado y solicitó la intervención de las autoridades ante irregularidades en el sistema de salud.
El CPM ha comprobado que varios hospitales públicos operan sin la debida autorización, entre ellos, el Hospital General de Coronel Oviedo, el Hospital General de Encarnación y el Hospital General Paraguay-Corea. Estos funcionan fuera del marco legal, lo que representa riesgos para los pacientes y posibles delitos administrativos.
También se denunciaron irregularidades en la tercerización de servicios privados en hospitales no autorizados, mencionando un tomógrafo privado en el Hospital Paraguay-Corea que podría causar graves problemas de salud. El CPM critica al Ministerio de Salud por no cumplir con sus propias normas de regulación.
El gremio pide a la Fiscalía que investigue las aperturas ilegales de hospitales y posibles actos de corrupción en el Fonaress. También insta al Ejecutivo a impedir la inauguración de hospitales sin la adecuada autorización sanitaria, calificándolo de un problema estructural. Además, exigen la suspensión de la tercerización de servicios en hospitales no autorizados y expresan su falta de confianza en la administración actual del MSPBS, liderada por María Teresa Barán.
El 20 de octubre de 2025, a las 08:13, en Ciudad del Este, agentes policiales detuvieron en flagrante delito a dos asaltantes mientras robaban una estación de servicios Petrochaco ubicada en el kilómetro 10, lado Monday. Uno de los involucrados es un peligroso delincuente que en junio había asesinado a tiros a un vecino.
El robo ocurrió el lunes a las 02:30, cuando los sospechosos entraron en la gasolinera y sometieron al guardia de seguridad, Pedro Esteban Zelada, de 65 años. Vecinos alertaron a la Policía través del 911, lo que permitió una rápida intervención para capturar a los criminales mientras intentaban abrir la caja fuerte.
Los detenidos son Fredy Marcelo Villalba Caballero, de 28 años, y Armando Adrián Bruno Gauto, alias “Vaca Lola”, de 23, ambos residentes del barrio San Rafael de Ciudad del Este. Villalba tiene una orden de captura por violencia familiar, y Bruno Gauto enfrenta órdenes activas por violencia familiar, asociación criminal, homicidio doloso y robo agravado.
Durante el operativo, se recuperó dinero en efectivo y se incautaron varias armas: una pistola Bersa calibre 9 mm, en poder de Bruno Gauto; un revólver Taurus calibre 38 mm, hallado con Villalba Caballero; y una escopeta. También se confiscó una motocicleta Kenton GTR negra utilizada por los delincuentes.
Tras la alerta vecinal, varios agentes rodearon la estación, obligando a los ladrones a rendirse. Armando Adrián Bruno Gauto, alias Vaca Lola, era buscado por el asesinato de su vecino Carlos Julián Oviedo Bogado en una disputa previa y lideraba una banda de asaltantes que utilizaba Gindr para captar víctimas.
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