Nacionales
Aproximadamente 1,000 presos podrían beneficiarse del uso de tobilleras electrónicas
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aseguró hoy que cuentan con los recursos para utilizar alrededor de 1.000 tobilleras electrónicas y ya han identificado a las personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de esta medida. Esta iniciativa es esencial debido al alto hacinamiento en las cárceles.
Durante una entrevista en ABC Cardinal y ABC TV, Nicora explicó que más de 1.000 reclusos cumplen los requisitos para usar dispositivos electrónicos de vigilancia. Este número se determinó tras una investigación detallada de la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que expandió su equipo legal de uno a diez abogados.
Actualmente, el sistema penitenciario de Paraguay alberga 19.670 personas, superando con creces su capacidad de 12.000, lo que provoca un hacinamiento de más de 7.000 individuos.
El Ministerio de Justicia se centra en abordar las causas fundamentales del hacinamiento, más allá de construir nuevas cárceles, afirmó Nicora. Esto implica revisar casos judiciales y colaborar con el Poder Judicial, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público.
Aproximadamente el 64% de los internos (13.400 personas) tienen procesos judiciales abiertos sin una condena firme, lo que subraya el principio de presunción de inocencia de la Constitución Nacional, explicó Nicora.
Las 1.000 personas identificadas en este proceso, que están procesadas aunque no condenadas, podrían litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria mediante dispositivos electrónicos. La selección se centra en casos menos graves que no representan un riesgo serio para las víctimas.
Si se implementan estos dispositivos, la población carcelaria podría reducirse un 7,5%, y la cantidad de procesados disminuiría en un 10%, indicó Nicora. Estos 1.000 individuos equivalen a la capacidad de casi un centro penal completo.
Aunque el Ministerio de Justicia ha identificado a los potenciales beneficiarios, la decisión final de usar estos dispositivos recae en el juez penal. Dependiendo de la situación económica del usuario, los costos pueden ser cubiertos por el Estado.
La Corte Suprema de Justicia ha mostrado disposición para colaborar en este tema. Además, ya están disponibles los recursos para adquirir estos dispositivos, ya que el Ministro del Interior, Enrique Riera, gestionó los fondos necesarios en el Ministerio de Economía.
Actualmente, solo hay 20 dispositivos en uso, pero recientemente se aplicó uno a un interno en San Pedro. Nicora también mencionó que están explorando tecnologías complementarias, como el uso de smartphones para la georreferenciación y verificación de personas en prisión domiciliaria.
Además, están trabajando en mejorar las condiciones de vida en las prisiones, como en Minga Guazú y el nuevo Comple, y en combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.
El productor Herbert Hiebert, dueño de Cebolla Chaqueña – Familia Hiebert «Última Esperanza», denunció haber sufrido un procedimiento irregular por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) después de un allanamiento y confiscación de su producción de cebolla en el Chaco.
En una carta abierta al Gobierno, al sector productivo y al público, Hiebert narra que el 15 de octubre funcionarios de la DNIT, junto con efectivos policiales armados, ingresaron a su establecimiento en la ruta Picada 500, Boquerón, y confiscaron un camión con cebollas sin una orden judicial.
Gian Rick Hiebert Harder, su hijo, explicó que el 15 de octubre dos vehículos de la DNIT llegaron al lugar y grabaron videos. Al día siguiente, regresaron con representantes del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Fiscalía para realizar un allanamiento, acusando presunto contrabando, aunque la producción era nacional.
Hiebert indicó que entregaron documentación y permitieron el acceso. En el depósito hallaron 3.000 bolsas vacías con etiquetas argentinas usadas para productos sin mercado. Aclaró que usan bolsas nuevas para el mercado local.
El día siguiente regresaron con orden de allanamiento acompañados del Ministerio Público y el SENAVE, incautando cerca de 3.000 bolsas. Confiscaron todo y lo trasladaron a la Aduana de Mariscal Estigarribia y luego a la DNIT de Asunción.
Aunque el Senave verificó que la producción era nacional, continuaron moviendo las bolsas. La carga, de unos 90.000 kilos, es similar a lo vivido por productores del Este. Esta situación afectó significativamente a la empresa, que emplea a muchos trabajadores indígenas.
Están trabajando para presentar toda la documentación a la DNIT para recuperar lo incautado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) elogió a Cebolla Chaqueña por su producción de 30 hectáreas de cebolla de bulbo, destacada por visitas de autoridades nacionales.
En su carta, Hiebert llamó al Gobierno a asegurar el debido proceso y solicitó la solidaridad del sector y la ciudadanía, esperando que la justicia aclare lo que considera injusto e ilegal. Finalizó diciendo que, aunque enfrentan obstáculos, nunca han dañado la producción nacional.
ABC intentó obtener la versión de las autoridades de la DNIT, pero no obtuvo respuesta.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevó a cabo un operativo en Tacuatí, desmantelando un centro de producción y almacenamiento de marihuana tipo «skunk». Durante la operación, detuvieron a dos personas.
Agentes especiales de la Senad en Concepción, con el respaldo de Fuerzas Especiales y el Ministerio Público, allanaron una vivienda utilizada para la producción, prensado y empaquetado de marihuana de alta calidad destinada a la exportación. Se incautaron un total de 42,5 kg de marihuana distribuidos en 205 paquetes sellados al vacío, además de 3,5 kg de marihuana en forma de pasta amarilla, conocida en Brasil como «pasta meleca».
El total de droga incautada fue de 45,8 kilos, y se detuvo a Julio David Piris Obregón (26) y Alfredo Rolando Almada Galeano (43).
Según las autoridades antidrogas, la marihuana «skunk» puede alcanzar un valor de aproximadamente 2.000 US$ por kilo en Brasil, lo que implicaría una pérdida para la organización delictiva de alrededor de 91.000 US$.
Nacionales
Extirpación de un tumor gigante de ovario en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Un grupo de profesionales del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero logró extirpar exitosamente un tumor ovárico a una paciente de 56 años, con un peso de 11 kilos. La paciente se recuperó rápidamente y fue dada de alta 24 horas después de la compleja cirugía.
La operación, que duró unas dos horas, permitió la extracción del gigantesco tumor ovárico, según informó el hospital. Las doctoras Micheli Solís y Laura Rojas encabezaron la intervención, con el apoyo de médicos internos, mientras que la anestesióloga fue la doctora Larissa Mora y la asistente en sala fue la licenciada Mirian Maldonado, según un comunicado del ente de salud del país.
La doctora Micheli Solís, cirujana oncóloga, explicó que la cirugía fue de alta complejidad y tomó aproximadamente dos horas. La paciente llegó al hospital con un aumento abdominal de cinco meses de evolución, y el tumor fue removido completamente sin ruptura capsular. La paciente estuvo lúcida y estable postoperatoriamente y fue dada de alta en las primeras 24 horas.
Se analizará una muestra en el laboratorio de Anatomía Patológica para determinar si el tumor es benigno o maligno y decidir el tratamiento a seguir. El Ministerio de Salud Pública destacó el trabajo de los profesionales del Hospital de Amambay, felicitándolos por su dedicación y habilidad.
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