Nacionales
Jubilados del IPS anuncian cortes de ruta desde el lunes en protesta por el cambio de directora en Tebicuary
Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) en Tebicuary han decidido reanudar sus protestas con cierres intermitentes en la Ruta PY10 a partir del próximo lunes. Esto ocurre tras vencer el plazo que le dieron al presidente del IPS, Jorge Brítez, para revertir la destitución de la doctora Laura Barreto y el nombramiento del odontólogo José Emmanuel Barrios como nuevo director. Consideran esta decisión como política y han advertido que las manifestaciones continuarán indefinidamente.
En una asamblea realizada, los asegurados optaron por intensificar las medidas en rechazo a la destitución de la doctora Barreto, quien fue removida de su cargo en la unidad sanitaria local por una resolución del Consejo Directivo del IPS. Los jubilados consideran que esta acción es «arbitraria y sin fundamentos técnicos» y han visto mejoras bajo la breve gestión de Barreto, quien asumió el puesto en marzo.
Las protestas tendrán lugar desde el lunes en la rotonda del «Cruce Tebicuary», donde se cruzan la Ruta PY10 y el acceso principal a la ciudad. Darío Benítez, presidente de la Asociación de Jubilados, mencionó que el plazo de 72 horas para que el presidente del IPS tome una decisión expira el viernes, advirtiendo que si no se restituye a Barreto, continuarán con las protestas.
Los manifestantes acusan al IPS de responder a intereses políticos. Según ellos, el nombramiento de Barrios se debe a «cuotas partidarias» dentro del movimiento Honor Colorado, posiblemente influenciado por el Gobernador de Guairá, César Sosa. Además, la asunción de Barrios se realizó en Asunción y no en Tebicuary, lo que los jubilados ven como una forma de evitar manifestaciones.
Durante los siete meses de gestión de Barreto, destacan la reactivación del laboratorio, el fortalecimiento de urgencias y la incorporación de más médicos. Temen que su salida detenga los procesos de licitación para reparar el edificio de la unidad sanitaria, que tiene problemas estructurales. Recordaron que Barrios ya fue director anteriormente por tres años, periodo que consideran «sin avances significativos».
El concejal de Areguá, Luis Villarreal del PLRA, logró nombrar a su pareja como empleada contratada de la Municipalidad de Areguá. Villarreal es conocido por su cercanía con el intendente Denis Torres del partido ANR-HC. Además, Torres también ha ubicado a su pareja en la oficina del senador Erico Galeano en el Senado.
Luis Villarreal, alineado con el liberocartismo, siguió el ejemplo del intendente Torres y colocó a su pareja actual en un puesto con sueldo público como contratada en la Municipalidad de Areguá. María Marta López, la pareja de Villarreal, recibe un salario de G. 2.000.000 desde enero del presente año, según registros salariales actualizados hasta agosto. A pesar de su cargo, ella no ha presentado su declaración jurada de bienes ante la CGR, incumpliendo la ley.
Villarreal es precandidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo para las elecciones de 2026. Su pareja fue beneficiada con el arrendamiento de un terreno municipal de 758,295 metros cuadrados en 2023, una medida aprobada por la Junta Municipal, con el voto favorable de Villarreal.
Consultado sobre estos hechos, Villarreal confirmó su relación con López desde 2022 y que han convivido por más de un año, pero niega haber influenciado su contratación, mencionando que ella trabaja en el municipio desde 2018. Sin embargo, su nombre no figura en registros oficiales antes de enero de 2025. Villarreal admite un «error» al votar por la adjudicación del terreno a su pareja, explicando que fue una decisión unánime de la Junta Municipal.
El concejal también aseguró que está ayudando a mejorar la vivienda que comparten, pero dijo desconocer si ya compraron el terreno. Niega haber apoyado al intendente Torres a cambio de beneficios para María Marta López, resaltando que apoya buenas gestiones en la Municipalidad. Finalmente, defiende su anterior votación en contra de declarar «hijo dilecto» al senador Erico Galeano, argumentando que las denuncias en su contra buscan frenar su candidatura.
Nacionales
5G: Conatel asignó a una empresa representada por un implicado en un caso de estafa
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó la licencia 5G a Nubicom Paraguay S.A., una empresa que aparentemente no cumplió con los requisitos del pliego. El abogado Tadeo Molinas Chaparro, quien fue imputado por presunta estafa en diciembre pasado, es el apoderado de la empresa. Además, Molinas estaría vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, el cual proporcionó una garantía de mantenimiento de oferta a la firma por 75.000 dólares.
Bajo la dirección de Juan Carlos Duarte, Conatel entregó la licencia a Nubicom Paraguay a pesar de que la empresa posiblemente presentó datos falsos, específicamente sobre acreditar al menos 100.000 clientes en Argentina. Conatel no activó la garantía ofrecida por Ueno Bank, incluso con indicios de incumplimiento. Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel, confirmó que Molinas Chaparro es apoderado y asistió a la presentación de las solicitudes el 8 de agosto.
Conatel afirmó que si se comprueba que una firma mintió, debería ejecutar la garantía de 75.000 dólares. Martínez comentó que no hay favoritismos sobre qué banco presenta la garantía. Se aceptó un acta notarial que «certificaba» que Nubicom cumplía con los 100.000 clientes. La empresa en Paraguay está principalmente a cargo de Nubicom SRL, con Emanuel Salinas como socio minoritario.
Si la Contraloría General encuentra irregularidades en la licitación, Conatel deberá actuar. En caso de comprobarse incumplimientos, se abriría un sumario administrativo y podría cancelarse la licencia, ya que la Ley de Telecomunicaciones permite la anulación de títulos.
Nacionales
Detienen en Ciudad del Este al presunto financiador del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral
El teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años, fue ascendido póstumamente a coronel tras ser asesinado el jueves 2 de octubre a las 16:32 mientras estacionaba su camioneta en la calle Congreso de Colombia, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.
Dos sicarios ejecutaron el atentado usando una motocicleta Taiga de 150 cc con placa 644 BFB. El conductor, identificado como Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, y el tirador, Alexander Abrahán R. D., de 16 años, abandonaron la moto en una gasolinera Shell en Primer Presidente y Santísimo Sacramento, a 2 kilómetros del crimen. Luego, tomaron un Bolt para regresar a sus hogares en el barrio Acosta Ñu, en San Antonio, a 25 kilómetros de distancia.
La investigación del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, supervisada por el fiscal José Martín Morínigo Coronel, reveló que tras el ataque, los supuestos asesinos recibieron un giro de 300.000 guaraníes para trasladarse esa noche a Ciudad del Este y encontrarse con sus contratantes. Días antes, ya habían recibido otros tres pagos para vigilar al militar.
Siguiendo el rastro de estas transferencias, se allanó la casa de Rolando Javier Torres Rivarola, de 23 años, quien será testigo, en Ciudad del Este. Torres confirmó que envió el último giro por petición de su compañero y vecino, Ángel David González Guillén, de 22 años, cuya casa también fue registrada. Detenido, Ángel David afirmó que su tío, Jorge Guillén Bogado, de 44 años, le pidió enviar el dinero a los sicarios. Jorge fue arrestado posteriormente, aunque negó su participación en el crimen.
Los investigadores creen que Jorge Guillén Bogado financió el asesinato de Guillermo Moral pero están tratando de identificar quién le ordenó organizar y costear el atentado. Jorge había sido investigado por otros delitos en 2020 y 2023.
En un cuarto allanamiento en Ciudad del Este, se buscó a Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, sospechoso de contratar a los sicarios por órdenes de su tío Jorge. Aunque no fue encontrado, se emitirá una orden de captura. Los allanamientos fueron acompañados por los fiscales José Martín Morínigo y Cristhian Ortiz, con el respaldo de la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez. Simultáneamente, otra operación se realizó en San Antonio, dirigida por el fiscal Juan Ramón Sandoval, sin dar con los jóvenes buscados.
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