Publicidad

El concejal de Areguá, Luis Villarreal del PLRA, logró nombrar a su pareja como empleada contratada de la Municipalidad de Areguá. Villarreal es conocido por su cercanía con el intendente Denis Torres del partido ANR-HC. Además, Torres también ha ubicado a su pareja en la oficina del senador Erico Galeano en el Senado.

Luis Villarreal, alineado con el liberocartismo, siguió el ejemplo del intendente Torres y colocó a su pareja actual en un puesto con sueldo público como contratada en la Municipalidad de Areguá. María Marta López, la pareja de Villarreal, recibe un salario de G. 2.000.000 desde enero del presente año, según registros salariales actualizados hasta agosto. A pesar de su cargo, ella no ha presentado su declaración jurada de bienes ante la CGR, incumpliendo la ley.

Publicidad

Villarreal es precandidato a intendente por el movimiento Nuevo Liberalismo para las elecciones de 2026. Su pareja fue beneficiada con el arrendamiento de un terreno municipal de 758,295 metros cuadrados en 2023, una medida aprobada por la Junta Municipal, con el voto favorable de Villarreal.

Consultado sobre estos hechos, Villarreal confirmó su relación con López desde 2022 y que han convivido por más de un año, pero niega haber influenciado su contratación, mencionando que ella trabaja en el municipio desde 2018. Sin embargo, su nombre no figura en registros oficiales antes de enero de 2025. Villarreal admite un «error» al votar por la adjudicación del terreno a su pareja, explicando que fue una decisión unánime de la Junta Municipal.

El concejal también aseguró que está ayudando a mejorar la vivienda que comparten, pero dijo desconocer si ya compraron el terreno. Niega haber apoyado al intendente Torres a cambio de beneficios para María Marta López, resaltando que apoya buenas gestiones en la Municipalidad. Finalmente, defiende su anterior votación en contra de declarar «hijo dilecto» al senador Erico Galeano, argumentando que las denuncias en su contra buscan frenar su candidatura.

Publicidad

Publicidad

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó la licencia 5G a Nubicom Paraguay S.A., una empresa que aparentemente no cumplió con los requisitos del pliego. El abogado Tadeo Molinas Chaparro, quien fue imputado por presunta estafa en diciembre pasado, es el apoderado de la empresa. Además, Molinas estaría vinculado al grupo propietario de Ueno Bank, el cual proporcionó una garantía de mantenimiento de oferta a la firma por 75.000 dólares.

Bajo la dirección de Juan Carlos Duarte, Conatel entregó la licencia a Nubicom Paraguay a pesar de que la empresa posiblemente presentó datos falsos, específicamente sobre acreditar al menos 100.000 clientes en Argentina. Conatel no activó la garantía ofrecida por Ueno Bank, incluso con indicios de incumplimiento. Víctor Martínez, miembro del directorio de Conatel, confirmó que Molinas Chaparro es apoderado y asistió a la presentación de las solicitudes el 8 de agosto.

Publicidad

Conatel afirmó que si se comprueba que una firma mintió, debería ejecutar la garantía de 75.000 dólares. Martínez comentó que no hay favoritismos sobre qué banco presenta la garantía. Se aceptó un acta notarial que «certificaba» que Nubicom cumplía con los 100.000 clientes. La empresa en Paraguay está principalmente a cargo de Nubicom SRL, con Emanuel Salinas como socio minoritario.

Si la Contraloría General encuentra irregularidades en la licitación, Conatel deberá actuar. En caso de comprobarse incumplimientos, se abriría un sumario administrativo y podría cancelarse la licencia, ya que la Ley de Telecomunicaciones permite la anulación de títulos.

Publicidad

Publicidad

El teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años, fue ascendido póstumamente a coronel tras ser asesinado el jueves 2 de octubre a las 16:32 mientras estacionaba su camioneta en la calle Congreso de Colombia, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

Dos sicarios ejecutaron el atentado usando una motocicleta Taiga de 150 cc con placa 644 BFB. El conductor, identificado como Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, y el tirador, Alexander Abrahán R. D., de 16 años, abandonaron la moto en una gasolinera Shell en Primer Presidente y Santísimo Sacramento, a 2 kilómetros del crimen. Luego, tomaron un Bolt para regresar a sus hogares en el barrio Acosta Ñu, en San Antonio, a 25 kilómetros de distancia.

Publicidad

La investigación del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, supervisada por el fiscal José Martín Morínigo Coronel, reveló que tras el ataque, los supuestos asesinos recibieron un giro de 300.000 guaraníes para trasladarse esa noche a Ciudad del Este y encontrarse con sus contratantes. Días antes, ya habían recibido otros tres pagos para vigilar al militar.

Siguiendo el rastro de estas transferencias, se allanó la casa de Rolando Javier Torres Rivarola, de 23 años, quien será testigo, en Ciudad del Este. Torres confirmó que envió el último giro por petición de su compañero y vecino, Ángel David González Guillén, de 22 años, cuya casa también fue registrada. Detenido, Ángel David afirmó que su tío, Jorge Guillén Bogado, de 44 años, le pidió enviar el dinero a los sicarios. Jorge fue arrestado posteriormente, aunque negó su participación en el crimen.

Los investigadores creen que Jorge Guillén Bogado financió el asesinato de Guillermo Moral pero están tratando de identificar quién le ordenó organizar y costear el atentado. Jorge había sido investigado por otros delitos en 2020 y 2023.

En un cuarto allanamiento en Ciudad del Este, se buscó a Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, sospechoso de contratar a los sicarios por órdenes de su tío Jorge. Aunque no fue encontrado, se emitirá una orden de captura. Los allanamientos fueron acompañados por los fiscales José Martín Morínigo y Cristhian Ortiz, con el respaldo de la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez. Simultáneamente, otra operación se realizó en San Antonio, dirigida por el fiscal Juan Ramón Sandoval, sin dar con los jóvenes buscados.

Publicidad