Nacionales
Periodista amenazada: exjefa de prensa de Clínicas recibe mensaje intimidatorio
La periodista Sara Núñez, quien fue jefa de prensa del Hospital de Clínicas y ahora trabaja en Dinavisa, denunció haber recibido amenazas en su celular. El hecho fue reportado en la Comisaría 53 de San Lorenzo, y solicitó protección de las autoridades.
Núñez informó a la Policía que recibió un mensaje desde un número desconocido que le decía: «Vieja podrida, todo tiene consecuencias. Prepárate. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac.» Ella interpretó esto como una amenaza directa contra su vida o un acto de violencia psicológica y telemática.
«Es una situación que nunca imaginé enfrentar. Es la primera vez que paso por algo así. Ese ‘tic, tac’ me sugiere que en cualquier momento pueden hacerme algo. Espero que sea un malentendido, pero también pienso que podría tener relación con una denuncia laboral que hice en su momento en el Hospital de Clínicas», comentó.
La periodista recordó que en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA sufrió hostigamiento y violencia laboral, afectando su salud y llevándola a cambiar de trabajo.
Núñez señaló que aunque no tiene pruebas concretas, sospecha que las amenazas podrían estar ligadas a conflictos internos en su anterior empleo. «No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si esto es así, es triste recibir ese trato después de haber mejorado el área de comunicación», añadió.
Finalmente, Núñez hizo un llamado a las autoridades para investigar el incidente y aplicar la Ley de Protección a Trabajadores de Prensa y Comunicación, además de dirigirse a la rectora de la UNA para pedir ayuda:
«Ningún periodista ni funcionario debe pasar por esto. Basta de violencia. Pido justicia y protección, porque me quitaron mi tranquilidad. Señora rectora, no merezco esto. He hecho mucho por esa institución, ayúdeme, por favor», concluyó.
La destacada abogada y contadora Nora Ruoti criticó fuertemente las declaraciones de Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, quien dijo que solicitar facturas a nombre de terceros no es irregular. Ruoti afirmó que esta opinión contradice todos los principios fiscales y tributarios.
En referencia al caso conocido como “Los sobres del poder”, relacionado con el uso sospechoso de dinero en efectivo desde Mburuvicha Róga, Orué comentó que pedir una factura a nombre de otra persona no es ilegal, siempre que se emita el comprobante. Según él, lo ilegal sería no emitir la factura.
Los comentarios surgieron tras la denuncia de Luz Maribel Candado, exfuncionaria del Gabinete Civil, sobre pagos respaldados con facturas a nombre de terceros, supuestamente por instrucciones de la primera dama, Leticia Ocampos.
En un video, Ruoti calificó las declaraciones de Orué como «una burla al sistema impositivo», subrayando que el nombre en la factura es fundamental para deducir gastos, y que facturar a cualquier nombre viola la ley y principios tributarios básicos.
Ruoti recordó que impuestos como el IRP y el IRE dependen de la correcta identificación del contribuyente en la factura, enfatizando que ningún sistema fiscal global permite facturar a cualquier nombre.
Advirtió que la interpretación de Orué podría facilitar la evasión fiscal, uso de facturas falsas y lavado de dinero. Consideró absurda la postura del director de Ingresos Tributarios, destacando que ese dinero pertenece a la ciudadanía.
Ruoti también mencionó que anteriormente había cuestionado la gestión de Orué debido a fallos judiciales negativos contra la Subsecretaría de Estado de Tributación por «inacción negligente».
Concluyó que sus críticas son técnicas y no personales, pidiendo un debate serio sobre el sistema tributario y el control del dinero público, insistiendo en que el cumplimiento de las leyes es esencial para el ingreso del país.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay celebra este sábado su 47.º aniversario frente al Panteón de los Héroes, recordando su dedicación y amor por el país. Con sirenas y flores, los “amarillos” homenajearon a los caídos en servicio.
Este 4 de octubre de 2025, la institución, conocida como el CBVP, cumple 47 años. El acto conmemorativo se realizó en el microcentro de Asunción, donde se rindió homenaje a los fundadores y mártires de la entidad.
Al dar la medianoche, las sirenas sonaron en toda la nación, rememorando a quienes han arriesgado sus vidas. También se dio inicio a una serie de actividades recordando a los mártires del servicio.
Lorena Canan, presidenta del CBVP, resaltó el sacrificio de los voluntarios que dejan a sus familias para responder a emergencias. Un homenaje floral destacó el inicio de las celebraciones, recordando a los héroes que perdieron la vida protegiendo a otros.
Este año se recordó a Óscar A. Gómez, Manfred C. Emhart, Alberto R. González y Alcide Amarilla. El CBVP sigue dependiendo de la solidaridad mediante su colecta anual, crucial para el funcionamiento y equipamiento de sus cuarteles.
La institución cuenta con más de 10,000 voluntarios distribuidos en 120 compañías a lo largo del país, cada uno representando el valor de servir desinteresadamente.
En los primeros días de septiembre ocurrió un incidente extraño en el que un hombre buscó información sobre la jueza Rosarito Montanía. Funcionarios del Poder Judicial denunciaron el hecho, lo que llevó a la intervención de la Policía Antisecuestro y del fiscal Lorenzo Lezcano, quien liberó al hombre al no encontrar evidencia de un delito.
Según fuentes judiciales, a comienzos de septiembre, Cristóbal Torres Díaz, exfuncionario de mantenimiento del Poder Judicial, contactó a antiguos compañeros para preguntar sobre la jueza Rosarito Montanía, conocida por casos importantes como A Ultranza y Mercat. El 26 de agosto de 2025, un carpintero recibió un mensaje de Torres Díaz cuestionando si sabía el domicilio de la jueza, a lo cual respondió que no.
Otro funcionario de mantenimiento comentó que el 3 de septiembre recibió un mensaje de Torres pidiéndole el número de la chapa del vehículo de la jueza. El 4 de septiembre, Torres volvió a contactarlo para saber si la jueza estaba en el Palacio de Justicia y dónde estacionaba, pero el funcionario respondió que desconocía esa información.
Las repetidas consultas llevaron a un funcionario a denunciar la situación al jefe de seguridad del Poder Judicial, Freide Amarilla, quien informó a la Policía y a la Fiscalía.
El 11 de septiembre la Policía visitó la casa de Cristóbal Torres en Luque. Torres explicó que quería encontrarse con la jueza para solicitar trabajo, ya que, según él, ella le había indicado que podría hacerlo si alguna vez necesitaba empleo.
Tras esto, el fiscal Lezcano decidió no detener a Torres ni confiscar su teléfono, pues no había evidencia de amenazas o un delito. Sin embargo, solicitó a las compañías telefónicas informes sobre los números de teléfono de Torres para avanzar en la investigación.
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