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La multinacional JBS ha anunciado su regreso a Paraguay al adquirir una planta avícola. La Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) valora esta inversión, pero señala que el reto es abrir nuevos mercados para mantener el crecimiento del sector.

JBS compró la planta avícola de Pollos Amanecer en J. Eulogio Estigarribia, con una inversión superior a 135 millones de dólares. Avipar considera positivo el interés empresarial, pero insiste en la necesidad de expandir mercados.

El sector avícola está ganando atención con la llegada de empresas internacionales como JBS y Avícola Sofía de Bolivia. Néstor Zarza, presidente de Avipar, expresó preocupación sobre el impacto en las empresas locales, que ya tienen una importante presencia en el mercado por el empleo que generan.

Destacó que el interés de JBS es positivo y agregó que Avícola Sofía también planea invertir en Paraguay. Ambas empresas han discutido sus planes con el gremio, asegurando que no desequilibrarán el mercado.

Zarza afirmó que el gremio avícola está tranquilo con la llegada de JBS, ya que se espera una coordinación entre las partes para evitar perjuicios. Además, JBS se ha reunido con Avipar para equilibrar intereses, asegurando que la demanda interna está cubierta y cualquier escasez sería temporal.

Es crucial abrir nuevos mercados, ya que el crecimiento interno es limitado. La llegada de multinacionales como JBS y Sofía podría facilitar el acceso a mercados de exportación, lo que es necesario para un progreso significativo.

Taiwán es visto como un paso inicial importante para expandir la producción. La motivación de empresas como JBS y Sofía para elegir Paraguay radica en la disponibilidad de granos y la posibilidad de acceder a nuevos mercados.

El retorno de JBS a Paraguay implica una inversión en la planta de Pollos Amanecer, mejorando la infraestructura y tecnología para procesar 100,000 aves por día. También se crearán 1,100 empleos, favoreciendo el desarrollo de la región donde se ubica la planta.

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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción han imputado a un abogado por supuestamente cometer un acto delictivo. Se le acusa de haber pedido dinero a cambio de influir en una agente fiscal para obtener medidas bajo fianza en un caso de abuso sexual de menores en Alberdi.

Los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez están a cargo del caso, solicitando prisión preventiva para el abogado acusado de tráfico de influencias. Este fue detenido durante una operación supervisada.

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El operativo contó con el apoyo del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional y se realizó con autorización judicial en Alberdi. La investigación indica que el abogado presuntamente buscaba dinero para un fiscal de la zona a cambio de ofrecer fianzas a alguien acusado de abuso sexual infantil.

Se corroboró que se le entregaron 20.000.000 de guaraníes al abogado, tras lo cual fue detenido por las autoridades.

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Con la mayoría de votos de los jueces María Elena Meza y Carlos Alfredo Escobar, el Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes revocó el sobreseimiento definitivo del exgobernador y actual diputado colorado Rubén Rousillón. Este estaba implicado en un caso por presunta complicidad en un delito de lesión de confianza, que habría generado un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación.

El tribunal de alzada respondió favorablemente a la apelación de la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, y anuló el Auto Interlocutorio N° 167 del 22 de abril de 2024, emitido por el juez de Paz de Benjamín Aceval (Chaco), Roberto Carlos Ferreira. En la audiencia preliminar, Ferreira había considerado varias pruebas presentadas por la defensa de Rousillón, concluyendo que los cheques emitidos por la Gobernación estaban justificados.

Por su parte, el juez Gregorio Ignacio León, en minoría, apoyó mantener el sobreseimiento del exgobernador, argumentando que la ley no prohíbe al juez de Garantías estudiar o analizar pruebas en la etapa intermedia, siempre que no asuma funciones del tribunal de sentencia.

Con la decisión del Tribunal de Apelación, se deberá sortear otro juzgado para llevar a cabo una nueva audiencia preliminar y decidir si Rousillón enfrentará un juicio oral por los presuntos actos de corrupción, como solicita el Ministerio Público.

La jueza María Elena Meza destacó que el juez de Paz Roberto Ferreira violó la normativa del Art. 353 del Código Procesal Penal al valorar pruebas que deben discutirse ampliamente en un juicio oral y público, no en la audiencia preliminar.

Además, en la acusación del fiscal Luis Said se incluyeron solicitudes de informes para verificar la relación entre Rousillón y una estación de servicios, respecto a cheques y sus montos, lo que coincide con lo ordenado por el juez de Garantías Christian González.

Cabe recordar que Ferreira dejó su cargo en medio de un escándalo por presunta implicación en un esquema de estafa con la venta de vehículos. El caso fue investigado por la fiscal Yrides Ávila, quien allanó su despacho; posteriormente, Ferreira fue enjuiciado y renunció.

La acusación de los fiscales Luis Said y Belinda Bobadilla sostiene que Rousillón, entre febrero de 2010 y noviembre de 2011, gestionó 42 cheques de la gobernación sin tener justificativos legales para servicios o bienes provistos. Aunque no ocupaba un cargo oficial, su vínculo matrimonial con una secretaria de Finanzas habría facilitado extracciones económicas sin justificación. Según la fiscalía, esto contribuyó a un perjuicio de G. 853.540.786.

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Este monto, según la acusación, debía cubrir diversas necesidades, dada la significativa falta de recursos en el departamento. Con la resolución de la Cámara de Apelaciones, el caso será reevaluado en una nueva audiencia preliminar por otro juzgado.