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Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción han imputado a un abogado por supuestamente cometer un acto delictivo. Se le acusa de haber pedido dinero a cambio de influir en una agente fiscal para obtener medidas bajo fianza en un caso de abuso sexual de menores en Alberdi.

Los fiscales Verónica Valdez y Luis Piñánez están a cargo del caso, solicitando prisión preventiva para el abogado acusado de tráfico de influencias. Este fue detenido durante una operación supervisada.

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El operativo contó con el apoyo del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional y se realizó con autorización judicial en Alberdi. La investigación indica que el abogado presuntamente buscaba dinero para un fiscal de la zona a cambio de ofrecer fianzas a alguien acusado de abuso sexual infantil.

Se corroboró que se le entregaron 20.000.000 de guaraníes al abogado, tras lo cual fue detenido por las autoridades.

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Un carril de salida en la avenida Mariscal López, en Asunción, será clausurado durante un mes. El MOPC alerta sobre desvíos, demoras y pide precaución mientras se realizan mejoras en el drenaje pluvial.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha anunciado que, a partir de la próxima semana, el carril de salida de Asunción en la avenida Mariscal López, entre las calles Cerro Porteño y San Antonio, estará cerrado por un mes. Este cierre es necesario para llevar a cabo obras hidráulicas fundamentales que mejorarán el drenaje de aguas de lluvia y protegerán el pavimento.

Durante este tiempo, los vehículos deberán usar el carril opuesto para continuar su trayecto y luego reincorporarse a la avenida. El desvío estará señalizado para facilitar el tránsito.

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Vías de acceso a Asunción

Para entrar a la capital, se mantendrá el desvío actual. Los conductores deben seguir por Mariscal López, cruzar Santa Teresa y, al llegar a la calle A. González, girar a la derecha. Luego, deben doblar a la izquierda en Tacuary y continuar por Leocadio Jara hasta Cerro Porteño, donde podrán girar a la izquierda para volver a Mariscal López.

El MOPC pide a los conductores que circulen con cuidado, respeten las señales viales y sigan las instrucciones del personal de tránsito en la zona intervenida.

Los trabajos, a cargo de la empresa Tecnoedil S.A. de Paul Sarubbi, son supervisados por el MOPC. La inversión es de G. 54.087 millones, con un plazo de ejecución de 12 meses y 18 meses de mantenimiento.

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Con la mayoría de votos de los jueces María Elena Meza y Carlos Alfredo Escobar, el Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes revocó el sobreseimiento definitivo del exgobernador y actual diputado colorado Rubén Rousillón. Este estaba implicado en un caso por presunta complicidad en un delito de lesión de confianza, que habría generado un perjuicio de G. 853 millones a la Gobernación.

El tribunal de alzada respondió favorablemente a la apelación de la fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, y anuló el Auto Interlocutorio N° 167 del 22 de abril de 2024, emitido por el juez de Paz de Benjamín Aceval (Chaco), Roberto Carlos Ferreira. En la audiencia preliminar, Ferreira había considerado varias pruebas presentadas por la defensa de Rousillón, concluyendo que los cheques emitidos por la Gobernación estaban justificados.

Por su parte, el juez Gregorio Ignacio León, en minoría, apoyó mantener el sobreseimiento del exgobernador, argumentando que la ley no prohíbe al juez de Garantías estudiar o analizar pruebas en la etapa intermedia, siempre que no asuma funciones del tribunal de sentencia.

Con la decisión del Tribunal de Apelación, se deberá sortear otro juzgado para llevar a cabo una nueva audiencia preliminar y decidir si Rousillón enfrentará un juicio oral por los presuntos actos de corrupción, como solicita el Ministerio Público.

La jueza María Elena Meza destacó que el juez de Paz Roberto Ferreira violó la normativa del Art. 353 del Código Procesal Penal al valorar pruebas que deben discutirse ampliamente en un juicio oral y público, no en la audiencia preliminar.

Además, en la acusación del fiscal Luis Said se incluyeron solicitudes de informes para verificar la relación entre Rousillón y una estación de servicios, respecto a cheques y sus montos, lo que coincide con lo ordenado por el juez de Garantías Christian González.

Cabe recordar que Ferreira dejó su cargo en medio de un escándalo por presunta implicación en un esquema de estafa con la venta de vehículos. El caso fue investigado por la fiscal Yrides Ávila, quien allanó su despacho; posteriormente, Ferreira fue enjuiciado y renunció.

La acusación de los fiscales Luis Said y Belinda Bobadilla sostiene que Rousillón, entre febrero de 2010 y noviembre de 2011, gestionó 42 cheques de la gobernación sin tener justificativos legales para servicios o bienes provistos. Aunque no ocupaba un cargo oficial, su vínculo matrimonial con una secretaria de Finanzas habría facilitado extracciones económicas sin justificación. Según la fiscalía, esto contribuyó a un perjuicio de G. 853.540.786.

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Este monto, según la acusación, debía cubrir diversas necesidades, dada la significativa falta de recursos en el departamento. Con la resolución de la Cámara de Apelaciones, el caso será reevaluado en una nueva audiencia preliminar por otro juzgado.