Mientras el gobierno de Santiago Peña respondió con represión a la manifestación de ciudadanos contra la corrupción, su llamada “aplanadora del bien común” en la Cámara de Diputados podría hoy socavar una de las pocas herramientas ciudadanas para supervisar a las autoridades, como son las leyes de transparencia y acceso a la información pública.
El proyecto de ley de “protección de datos personales” está en el puesto 15 de 18 en la agenda de Diputados, aunque la mayoría cartista y sus aliados podrían decidir sobre él hoy mismo. El nombre del proyecto es engañoso, ya que se han incluido en el artículo 24 elementos que atacan a las leyes Nº 5189/14 y Nº 5282, las cuales protegen el acceso a información sobre el uso de recursos públicos y la transparencia gubernamental.
Inicialmente, este proyecto estaba en el puesto 2 del borrador, pero ahora está en el 15, lo que podría significar más retrasos, como ha ocurrido desde el 19 de agosto. Semana tras semana se incluye en la agenda solo para no tratarlo, ya sea por peticiones de aplazamiento o falta de quórum.
En su tercer trámite, la Cámara de Diputados debe elegir entre su versión más perjudicial o la ligeramente mejor del Senado, ya que ambas limitan la transparencia. Ambas versiones permiten que cualquier funcionario se oponga a proporcionar información pública, definida por un órgano del Ejecutivo.
La versión del Senado al menos mantiene la obligación de divulgar información básica, como los salarios de los funcionarios, aunque también complica el acceso a datos públicos. La mejor solución sería un veto parcial del presidente Santiago Peña al artículo 24, aunque parece improbable, dado su interés limitado en la transparencia y su defensa de situaciones cuestionables.
Además, Peña ha enfrentado dificultades por sus responsabilidades públicas, como cuando tuvo que renunciar a acciones en Ueno Holding tras un escándalo mediático.
En cuanto a las posibles decisiones, si la mayoría cartista y sus aliados buscan ratificar su versión, necesitarán 41 votos, para lo cual tienen 44 entre sus filas. Si no logran ratificarse, se aprobará la versión del Senado.
La otra opción es seguir retrasando el proyecto hasta su aprobación automática el 8 de noviembre, lo cual sería una forma de evitar la confrontación pública. Finalmente, si los diputados se ratifican, el Senado tendría la última palabra, necesitando 23 votos para aprobar su versión. De lo contrario, prevalecería la opción más negativa.