La decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue solicitada por el ministro Manuel Ramírez Candia en la última sesión ordinaria. Ramírez Candia pidió una auditoría de gestión debido a las 13 suspensiones de la audiencia preliminar para los acusados en el caso Berilo, incluido el supuesto narcotraficante Reinaldo «Cucho» Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana.
El ministro señaló que los medios mencionan frecuentemente las suspensiones, y destacó la importancia de que la Corte y la ciudadanía conozcan las razones de estas interrupciones y su legalidad.
Sobre el caso del exdiputado Miguel Cuevas, Ramírez Candia señaló que los medios informan que su expediente lleva tiempo sin resolución en la Corte. Insistió en que el informe de gestión debería aclarar las razones de este retraso.
Ambas solicitudes fueron apoyadas por los demás ministros de la CSJ, y se encargó a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, bajo la dirección de Rodolfo Heyn Arias, realizar auditorías en los casos de Reinaldo Cabañas y Miguel Cuevas.
En cuanto al caso Berilo, el juez Miguel Palacios intentará por 14ª vez llevar a cabo la audiencia preliminar para los 29 acusados, programada para el 7 de octubre. Entre ellos se encuentran Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado.
Otros acusados convocados incluyen a Yisela Ramírez, Marcelo y Yamil Cabaña Santacruz, Carlos Brítez, Gloria López, entre otros.
La audiencia preliminar ya se ha suspendido 13 veces desde mayo de 2022, debido a recursos presentados por los acusados que, según la Cámara de Apelaciones y la Sala Penal de la Corte, son dilatorios para evitar su realización.
Por el lado de Miguel Cuevas, fue condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y al comiso de bienes, sentencia confirmada en diciembre de 2023. Su defensa presentó un recurso de casación pendiente en la Corte, y la acción de inconstitucionalidad presentada en 2021 aún está sin resolver.
La Sala Penal de la CSJ, encargada de resolver el recurso de casación, incluye a la ministra María Carolina Llanes y el camarista José Waldir Servín. Desde septiembre de 2021, la acción de inconstitucionalidad está en manos de los ministros César Diesel, Víctor Ríos y Alberto Martínez Simón y sigue pendiente según el informe de marzo de 2025 en el Observatorio Judicial.