El proyecto de ley de «protección de datos personales» es el tema más significativo de los 21 puntos que los Diputados abordarían en su sesión ordinaria de hoy. La mayoría cartista podría ratificar su versión (considerada la más perjudicial), lo que pondría en riesgo la transparencia pública.
Después de varias postergaciones desde el 19 de agosto por falta de quórum, este proyecto vuelve al debate hoy a las 09:00. El riesgo es la posible «sentencia de muerte» para las leyes de transparencia de la información pública.
El artículo 24 del proyecto, modificado por los cartistas, va en contra de las leyes de transparencia, permitiendo que cualquier funcionario se niegue a proporcionar datos públicos sobre sí mismo. Esto afecta directamente la Ley Nº 5189/14 sobre el uso de recursos públicos y la Ley Nº 5282 de acceso ciudadano a la información. En consecuencia, un funcionario podría bloquear el acceso a datos públicos, y sólo cabría apelación judicial.
Aunque el Senado también permite a los funcionarios negar el acceso a datos, su versión mantiene la Ley Nº 5189/14, que obliga a las instituciones a publicar mensualmente información básica como nóminas y detalles de viajes.
Dos leyes se cruzan aquí: la Ley Nº 5189/14 y la Ley Nº 5282. Hay un riesgo de limitar el acceso a información sobre gastos públicos, nóminas y viajes financiados por el Estado. La Ley Nº 5189/14 proporciona acceso a datos clave sobre funcionarios y el uso de recursos públicos. La Ley Nº 5282 permite a cualquier persona acceder a información pública gratuitamente, con consecuencias para quien la oculte o altere.
Las similitudes entre ambas versiones incluyen el poder de un funcionario de oponerse a la divulgación de información. Sin embargo, la versión del Senado admite excepciones a favor del ciudadano si el daño superaría el beneficio público, y no se puede negar acceso a datos ya públicos.
Por otro lado, un presidente o legislador podría negarse a divulgar información sensible como participación en casos controvertidos, lo que afecta el derecho constitucional de acceso a la información pública.
En esta etapa del proceso legislativo, los Diputados deberán decidir entre su versión y la del Senado. La ratificación requerirá una mayoría absoluta de 41 votos. Si no logran esta mayoría, se aprobaría la versión del Senado.
Finalmente, el presidente Santiago Peña podría vetar parcialmente el proyecto, idealmente eliminando el artículo 24, aunque su postura hacia la transparencia no ha sido favorable.
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