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El Ministerio Público ha solicitado que Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo, de 19 años, sea puesto bajo arresto domiciliario y se le coloque una tobillera electrónica. Esta medida se pide en el contexto de un segundo caso de supuesto abuso sexual, con una audiencia para establecer reglas especiales programada para el jueves en un Juzgado Penal de la Adolescencia en la capital.

El 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Gorostiaga por presuntos delitos contra la autonomía sexual, solicitando arresto domiciliario y una tobillera electrónica para vigilancia. La audiencia para imponer medidas especiales, según el artículo 427 del Código Procesal Penal, se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre a las 8:30 ante el juez Matías Garcete. Dicha audiencia es especial ya que el imputado era menor al momento del delito.

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Gorostiaga también enfrenta otra causa por coacción sexual, donde ya se le ha impuesto arresto domiciliario desde agosto, bajo la supervisión de la fiscala María Angélica Insaurralde.

El fiscal Mendoza pide medidas como el arresto y la tobillera para monitoreo debido a las dos causas abiertas.

La denuncia actual se basa en un hecho de abril 2023 en Asunción, cuando tanto la víctima como el imputado eran menores. La víctima relató que en una fiesta se sintió mareada y, al ser llevada a una habitación para descansar, Gorostiaga supuestamente abusó de ella.

Gorostiaga ya tiene arresto domiciliario por una acusación de coacción sexual de otra compañera, decisión tomada por el juez Raúl Florentín en agosto. Esta acusación se relaciona con un evento en mayo en el barrio Manorá, donde la víctima reportó ser abusada mientras dormía tras una fiesta.

Gorostiaga enfrenta cargos por hechos reportados incluso cuando las víctimas estaban vulnerables y no podían defenderse.

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El obispo encabezó la misa de ayer en la Catedral de Fuerte Olimpo para conmemorar el Día de la Juventud. Durante su sermón, destacó que los jóvenes son fundamentales para la familia, la comunidad y el país. Subrayó la importancia de invertir en ellos para un futuro mejor, especialmente mejorando las condiciones en Alto Paraguay.

Además, criticó la falta de avance en los caminos del área, solicitando su asfaltado. Habló sobre la necesidad de reflexionar sobre los dones que recibimos y cómo podemos usarlos para contribuir al crecimiento del Reino de Dios. Enfatizó que la justicia debe ser auténtica y servicial, sin ser usada para beneficio personal. Recalcó que las autoridades deben actuar con imparcialidad.

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Propuso un diálogo entre autoridades y ciudadanos para evaluar qué ayuda y qué daña a la sociedad, cuestionando la situación en la comunidad y el país. Lamentó los escándalos políticos y las amenazas para obtener ventajas de algunos poderes del Estado, instando a investigar las coimas y corruptelas en el gobierno. Señaló que la impunidad lleva al desorden social.

El obispo también se refirió a los constantes casos de robo de ganado en el Chaco, que afectan a los pequeños ganaderos, minando el desarrollo económico de la región. Demandó justicia efectiva y caminos adecuados para atraer inversión y desarrollo.

Criticó la falta de acción de las autoridades judiciales, quienes a menudo no están presentes o no atienden a las víctimas de estos robos. Finalmente, denunció que la inseguridad está alejando a los potenciales inversores, lo que afecta tanto a ricos como a pobres.

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Aprovechando la visita de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país, las víctimas de la denominada mafia de los pagarés se congregan este lunes frente al Poder Judicial para dar a conocer las injusticias que sufren. Pedro Coronel, representante de los afectados, afirmó que desean mostrar cómo se violan los derechos humanos en Paraguay.

La Corte IDH inicia hoy su 180º periodo ordinario de sesiones de forma presencial en Paraguay, que se extenderá hasta el próximo viernes 26. Durante este período, realizarán varias audiencias, cinco de ellas relacionadas con Paraguay.

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Con esto en mente, las víctimas de las extorsiones conocidas como la Mafia de los Pagarés protestan frente al Poder Judicial, denunciando vulneraciones a los derechos humanos. “Queremos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda visualizar la injusticia que vivimos aquí, ya que es un organismo internacional que protege los derechos humanos en América Latina”, comentó Pedro Coronel, coordinador de los afectados.

Los manifestantes expresaron su deseo de exponer cómo se violan los derechos humanos en Paraguay, siendo la mafia de los pagarés una de las causas. “Se vulnera el derecho a la defensa, seguido de la falta de alimentación, salud y la violación de los derechos infantiles”, añadieron.

En otro momento, Coronel indicó que están recopilando toda la documentación necesaria para enviar una solicitud a la Corte Internacional, con el fin de prevenir futuras violaciones.

Otro tema que buscan denunciar es la indiferencia de la justicia paraguaya y su parcialidad influenciada por la mafia jurídica local. «Esperamos resolver esta situación pronto, ya que se sufre realmente en nuestro país», afirmó.

Finalmente, Pedro Coronel mencionó que planean marchar hasta el juzgado de paz en Encarnación para dialogar con los jueces y entregarles una petición que agilice los procedimientos y establezca una mesa de trabajo con los juzgados de los afectados.

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