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El presidente de la Asociación Paraguaya de Poligrafía, Jorge Román, explicó el funcionamiento de los polígrafos y lo que analizan los expertos en estas pruebas en Paraguay. Señaló que el polígrafo no funciona de forma automática ni se limita a un dispositivo, sino que es parte de un proceso más extenso.

«La mayor parte del trabajo se realiza en una entrevista previa, donde se discuten los temas y se preparan las preguntas. Luego, se colocan los sensores en la persona evaluada», explicó.

Estos sensores detectan cambios fisiológicos involuntarios, como la respiración, la presión arterial o la sudoración, que pueden alterarse con ciertas respuestas.

El polígrafo registra reacciones, no emociones ni nerviosismo. Lo que se evalúa son los cambios fisiológicos relacionados con la verdad o el engaño”, aclaró Román.

Sobre la confiabilidad de los resultados, indicó que depende del tipo de examen, ya que cada uno tiene diferentes niveles. En un examen exploratorio, utilizado para contratar personal o controles rutinarios, la fiabilidad es del 90%, mientras que en exámenes específicos se supera el 94%. No obstante, los exámenes tienen un margen de error del 5%.

Respecto al cansancio, recomendó que los evaluados estén descansados para mantener la concentración necesaria durante el proceso. Mencionó que mientras que el nerviosismo está presente, no afecta el resultado, ya que el polígrafo mide cambios fisiológicos inmediatos.

Román destacó que toda prueba poligráfica debe ser voluntaria, con el consentimiento previo del individuo. Explicó que en Paraguay, el polígrafo se usa principalmente en el sector privado para selección de personal, controles de rutina o investigaciones internas. Algunos profesionales en la Policía y las Fuerzas Armadas también utilizan estas pruebas.

Finalmente, aclaró que, a diferencia de países como México o Colombia, en Paraguay el polígrafo no tiene validez legal como prueba judicial, aunque puede utilizarse como apoyo o referencia.

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El 5 de noviembre de 2025, a las 11:36, se oficializó la firma de contratos para la Fase C del desarrollo costero de Pilar y la construcción de la segunda ruta de hormigón del país, localizada en Ñeembucú. Aquí están los detalles.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, concretó esta mañana el contrato para finalizar el sistema de defensa costera, la Fase C, que es la etapa final de un proyecto integral diseñado para proteger a más de 34.000 habitantes de la subida del río Paraguay y eventos climáticos extremos.

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Esta fase completará el sistema de defensa mediante la incorporación de una avenida costanera y un parque lineal. Estas adiciones reforzarán la protección existente, generarán empleo local y proporcionarán nuevos espacios viales, recreativos y paisajísticos, transformando la vida urbana de la ciudad.

«Esto marca un antes y un después para Pilar y Ñeembucú, abriendo un horizonte de progreso y mejor calidad de vida para este departamento y ciudad, que a pesar de los desafíos naturales, ha sabido destacar en Paraguay», expresó Claudia Centurión durante el evento.

Hoy también se firmaron los contratos para la construcción de la segunda ruta de hormigón del país, una obra que beneficiará a unos 40.000 residentes de Ñeembucú. El acto se realizó en Humaitá, con la participación del presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y autoridades locales.

El proyecto incluye la pavimentación de aproximadamente 60 km de la ruta PY04, divididos en los tramos Pilar-Boquerón-Humaitá (33,6 km) y Humaitá-Paso de Patria (25 km). La adjudicación del Lote 1 fue para Constructora Acaray SA, con una inversión de G. 242.296 millones. El Lote 2 fue para el Consorcio Caminos del Sur, compuesto por Benito Roggio e Hijos y Heisecke SA, con un costo de G. 204.140 millones. Las obras abarcarán pavimentación de hormigón con fibras y refuerzos en puentes sobre los arroyos Hondo y Paso Cornelio.

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El comunicado del Consejo de Seguridad Social (CSS) emitido ayer bajo el título «Aclaratoria» expone los detalles de las inhabilidades e incompatibilidades que establece la Ley Nº 7235/2023 en torno al concurso público para el puesto de superintendente de Jubilaciones y Pensiones.

El documento destaca la necesidad de aclarar los alcances de las inhabilidades e incompatibilidades estipuladas en los artículos 21 y 22 de la mencionada ley, frente a las consultas recibidas sobre posibles vínculos de los postulantes con entidades de jubilaciones y pensiones. Esto busca asegurar la correcta aplicación de las leyes vigentes en el proceso de designación del superintendente.

Las inhabilidades mencionadas en el artículo 21 son impedimentos absolutos y permanentes para ocupar el cargo, ya que se basan en condiciones jurídicas objetivas que, de cumplirse, imposibilitan el acceso o ejercicio del puesto por completo, como condenas penales o inhabilitaciones judiciales.

Por otro lado, las incompatibilidades del artículo 22 se refieren a situaciones que pueden causar conflictos de interés, tales como ser accionista, socio, director, gerente, empleado o proveedor de una entidad de jubilación y pensión, así como tener relaciones comerciales, financieras o profesionales con estas entidades, incluyendo vínculos familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

A diferencia de las inhabilidades, las incompatibilidades pueden resolverse si el postulante toma medidas concretas, como renunciar a cargos o vender participaciones que causen un conflicto de intereses, según lo señala el comunicado.

El texto también recuerda que quien sea designado como superintendente de Jubilaciones y Pensiones no debe tener ninguna de las incompatibilidades al asumir el cargo, constituyendo esto un requisito previo indispensable para la emisión del decreto de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo.

Finalmente, se enfatiza que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que es responsabilidad de cada postulante verificar que cumple con todas las disposiciones legales exigidas para el cargo.

El Consejo de Seguridad Social convocó recientemente a concurso público, a partir del 28 de octubre, bajo la Ley N.º 7235/2023, dirigida a ciudadanos paraguayos que cumplen con los requisitos legales para integrar la terna de candidatos al puesto. Además, se recuerda que la fecha límite para postularse es el miércoles 12 de este mes, siendo algunos de los requisitos tener nacionalidad paraguaya, honorabilidad reconocida, idoneidad económica, financiera o de seguridad social, dedicación exclusiva al cargo (excepto docencia parcial), y no caer en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas en los artículos 21 y 22 de la ley mencionada.

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