Nacionales
Adjudicación de máquinas de votación no debe tener vínculos con autoridades, según el TSJE
Cristhian Ruiz Díaz, miembro de la comisión encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones para alquilar máquinas de votación, mencionó que la próxima semana presentarán el documento final. Sobre las acusaciones de vínculos de ciertas empresas con Ueno Bank y algunos candidatos, dijo que observarán qué empresas participan al final. Afirmó que el consorcio adjudicado no debe tener conexiones políticas o económicas con las autoridades del Estado, y aunque inicialmente no hay impedimentos, esto se evaluará durante el proceso.
Después de cancelar la compra, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) trabaja en el pliego para arrendar máquinas de votación. Cristian Ruiz Díaz, parte de la comisión, aseguró que buscan finalizar el documento para la próxima semana. «Tenemos instrucciones claras del TSJE de terminar la redacción. Ya solicitamos cotizaciones a proveedores internacionales, con el plazo venciendo hoy. Desde mañana, elaboraremos el precio referencial para el arrendamiento», explicó.
El documento finalizado se enviará a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), comenzando nuevamente el proceso bajo una vía de excepción, que acorta los plazos.
Respecto a las denuncias sobre vínculos con Ueno Bank, vinculado al presidente Santiago Peña, Ruiz Díaz aclaró que en el proceso anterior, cancelado por dudas, ninguna empresa se presentó consorciada con las del grupo.
«Veremos las presentaciones. Durante la compra se presentaron tres empresas, ninguna consorciada directamente con Ueno. A pesar de lo dicho y las implicaciones políticas, no hay impedimento para que Miru Systems participe, siempre que no haya conexiones políticas o económicas con el Estado», destacó.
Además, remarcó que el objetivo es seguir usando las máquinas de votación, dado que ofrecen transparencia y permiten el sistema de desbloqueo de listas y voto preferencial.
ABC Color reporta hoy sobre conexiones legales y empresariales, centradas en el estudio de Eduardo Gross Brown, que vinculan a Ueno Bank con Comitia-MSA y la representante de Miru Systems. Ambas empresas, descalificadas en la licitación anterior, regresan para el alquiler de cara a 2026.
La falta de quórum en la Cámara de Diputados impidió ayer discutir varios proyectos de ley, incluyendo la solicitud de intervención en la administración del intendente opositor de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, del Movimiento Japay.
Por ABC Color
07 de octubre de 2025 – 18:23
La falta de quórum se debió principalmente a que 14 diputados viajaron a Taiwán por invitación del gobierno asiático, mientras que los otros 66 legisladores no asistieron a la sesión ordinaria ni a la extraordinaria.
Lee más: Sin quórum, cartismo declara “cepilleada libre” en Diputados y otros llaman “bananero” a EE.UU.
Finalmente, los cartistas optaron por realizar un debate abierto para elogiar a Horacio Cartes por el levantamiento de la sanción de EE.UU.
Tampoco se discutió el proyecto de ley para que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba por fusión a la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.
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Lee más: Video: Rezan a “San Horacio Cartes” para que nunca falten “sobres” y “fajos de billetes”.
Tampoco se evaluó la iniciativa que declara emergencia educativa ante la violencia en las relaciones entre adolescentes y establece mecanismos de prevención, además de la exoneración del pago del pasaje en el transporte terrestre para personas con discapacidad visual.
Nacionales
Jubilados critican las declaraciones de Riera y destacan su enfoque en el bienestar general
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY) expresó su rechazo hacia las declaraciones del Ministro del Interior el 2 de octubre en el Senado, donde se refirió a la lucha social de los jubilados de manera negativa. Según la UNJPY, el gobierno teme a quienes dicen la verdad y busca criminalizar sus esfuerzos.
El gremio, liderado por Pedro Halley, realizó una conferencia de prensa para manifestar su firme desacuerdo con las palabras del ministro Enrique Riera, quien los calificó como agitadores políticos y los incluyó, junto a su logotipo, en una galería que asociaba delincuentes. Halley consideró esta acción como desmedida e incorrecta.
Halley afirmó que la organización representa una postura crítica y dedicada al bien común, no a la política partidaria, y rechazó cualquier intento de intimidación o criminalización de su lucha social. Mencionó también el accionar violento de la policía durante previas manifestaciones, como la de la Generación Z, señalando el habitual despliegue desmedido de fuerzas contra ellos.
Finalmente, Halley cuestionó el miedo del gobierno hacia quienes dicen la verdad, sosteniendo que los jubilados no buscan cargos ni tienen vulnerabilidades, lo que lleva al gobierno, a través de Riera, a tratar de criminalizar su causa social.
Las abogadas Zully Concepción Ortíz García, de 47 años, y Mirtha Elizabeth Metel Ramírez, de 59, vinculadas a la firma «Vanessa y Asociados SA», fueron imputadas por estafa por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Este caso es parte de una investigación más amplia conocida como la «mafia de los pagarés.»
El Ministerio Público ha pedido que este caso sea llevado a juicio penal y público. El caso también involucra a Ángela Mabel Zárate Ortigoza, quien firmó dos pagarés con «Vanessa y Asociados SA» el 8 de octubre de 2013. Las deudas, que ya habían sido canceladas para el 23 de septiembre de 2015, fueron injustamente utilizadas para iniciar un juicio de cobro.
Pese a la cancelación de la deuda, Mirtha Metel y Julio Cesar Paiva dieron los pagarés a la abogada Ortíz para que los hiciera efectivos mediante juicio. Zully Ortíz inició un proceso judicial el 7 de diciembre de 2020 usando estos pagarés. La abogada solicitó un embargo que fue realizado, pero Ángela Zárate presentó pruebas de que la deuda había sido saldada, lo que llevó al levantamiento del embargo.
A pesar de esto, el 5 de agosto de 2022, la abogada Ortíz volvió a iniciar un juicio en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, utilizando los mismos pagarés. Ángela Zárate no contestó la demanda y su salario fue embargado nuevamente el 19 de octubre, descontándole G. 5.227.000.
El Ministerio Público señala que en el primer juicio, el dinero descontado fue devuelto tras demostrarse que la deuda estaba pagada. En el segundo juicio, aunque Zárate recuperó parte del dinero, fue obligada a depositarlo en una escribanía para no aceptar un arreglo impuesto.
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