La batalla por la supervivencia del Gobierno francés, liderado por el macronista Sébastien Lecornu, se libra estos días palmo a palmo en la Asamblea Nacional en un complejo debate para acordar una nueva Ley de Presupuestos. El primer ministro y su Ejecutivo hacen equilibrio para mantener al Partido Socialista (PS) dentro del perímetro de una posible mayoría sin provocar el enfado de los republicanos (LR) y de parte del centroderecha, que no acepta muchas de las propuestas de la bancada progresista. Tiene que haber un texto antes de fin de año y cada vez hay menos tiempo. No hay margen. En caso de un descarrilamiento definitivo de las negociaciones, no quedaría más remedio que convocar elecciones legislativas anticipadas. Regresar, definitivamente, al lugar del crimen, el lugar que provocó el bloqueo hace 16 meses.

Nadie recuerda a un primer ministro tan frágil, tan expuesto a los partidos. Sin la figura protectora del Presidente de la República, un Emmanuel Macron se ha retirado casi por completo de la política nacional. La única fortaleza de Lecornu hoy es el miedo de la mayoría de todos los partidos -excepto el de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) y la izquierdista Francia Insumisa (LFI)- a acudir a las urnas. Tres semanas después de ser reelegido por Macron, Lecornu se encuentra atrapado en un laberinto parlamentario. Máxime después de haber renunciado voluntariamente al artículo 49.3 de la Constitución, es decir, a la posibilidad de aprobar los textos por decreto.

Todo se acelera. El lunes se tuvo que suspender el debate sobre las finanzas públicas porque, de lo contrario, sería imposible cumplir los plazos con el resto de apartados. «Es una carrera de fondo muy incierta, en la que uno puede caer en cualquier momento», confesó este domingo el primer ministro a El parisinoplenamente consciente de que la supervivencia de su Gobierno después de la caída pende de un hilo. “Si la oposición quiere censurar, que censuren”, admitió ante El mundo el lunes, en un tono más desafiante.

La clave, sin embargo, no es la oposición, sino los socialistas, que hoy se encuentran en una especie de limbo tras romper relaciones con la Francia Rebelde, pero necesitados de establecer su propio perfil. “Son los idiotas útiles del macronismo«, les acusó el rebelde Éric Coquerel, tocando el nervio que más duele al PS y a su electorado. La suspensión hace dos semanas de la controvertida reforma de las pensiones ya está muy lejos y los socialistas necesitan más concesiones.

La mejor manera de expresar la ideología que tiene un Gobierno es a través del presupuesto. Y los debates de estos días, más allá de su éxito final, han puesto sobre la mesa las grandes fricciones entre los partidos de Francia: los impuestos a los ricos, las herencias, una deuda colosal -el 115% del PIB- que recae sobre las siguientes generaciones, la edad de jubilación o las necesarias concesiones a la extrema derecha, cada vez más cercana al Palacio del Eliseo.

Sin resultados concretos

El problema es que después de varios días de intensos debates en la cámara –marcados por el rechazo a lo que se conoce como el “impuesto Zucman” [un impuesto a los ultrarricos bautizado con el nombre de su promotor, el economista francés Gabriel Zucman] y para la aprobación de nuevos impuestos a las empresas y grandes patrimonios—no hay ningún compromiso en el horizonte. Una situación que complica aún más la aprobación definitiva del presupuesto antes de final de año.

En su segundo mandato (el primero duró 836 minutos), Lecornu ha mostrado actitudes diferentes a las de sus predecesores.. Escuche, tome decisiones consensuadas. No da la impresión de haber acudido al Parlamento con órdenes específicas y no despierta animosidad –o al menos no tanto como sus predecesores– entre sus oponentes. Pero hasta ahora no ha sido suficiente para frenar los malos augurios. El tiempo pasa. Y el nerviosismo empieza a crecer entre las filas del macronismo, que ve cómo se agota de nuevo la paciencia de los socialistas. El lunes, Lecornu fracasó en su intento de reunir a todas las partes en torno a una mesa para acordar nuevas medidas.

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A falta de acuerdo, este bloqueo podría obligar al Gobierno a recurrir a ordenanzas –instrumentos legislativos especiales a través de los cuales el Gobierno puede dictar normas con fuerza de ley– o a presentar una ley especial para prorrogar temporalmente las disposiciones presupuestarias de 2025, a la espera de un texto aprobado. [ya se hizo el año pasado]. Dos escenarios que expondrían aún más al jefe del Ejecutivo a una moción de censura, que podría ser votada por los socialistas. Y todo eso terminaría ahí. Aunque eso no es lo mejor para el PS ahora mismo, desorganizado y débil en las encuestas.

El líder de los socialistas, Olivier Faure, quiso calmar los ánimos el lunes por la mañana. El dirigente consideró que, aunque el camino es «estrecho» hacia una aprobación del Presupuesto, todavía es «posible» encontrar una manera de eliminar las «atrocidades» que aún contiene el texto. «El hecho de que no estemos satisfechos por ahora no significa que no haya manera», suavizó sobre France Inter, mientras los diputados se preparaban para concluir ocho días de debate sobre la parte «ingresos» del presupuesto del Estado.

Faure quiso matizar la posición del presidente del grupo socialista, Boris Vallaud, que había afirmado que, en su estado actual, el grupo votaría en contra del texto. Además, el líder del PS sugirió que la “trayectoria del déficit” podría “corregirse”. «Si no conseguimos que se acepten nuestras propuestas, empezaremos votando en contra de este proyecto de Presupuesto; y si votamos en contra, este Presupuesto no saldrá adelante. La historia aún no ha terminado», señaló. El problema, sin embargo, es que sin concesiones, sin recortes, el agujero en las cuentas públicas sigue ampliándose.

Mientras los diputados iniciarán este martes el examen del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para el próximo año, los magistrados del Tribunal de Cuentas consideraron el lunes que, dadas las discusiones llevadas a cabo en la cámara, «aumenta el riesgo de que el equilibrio de los regímenes sociales sea, una vez más, en 2026, más deficiente de lo esperado». De hecho, se espera que sea la mayor de la historia, el doble que la del año pasado.

La situación está lejos de ser compensada. Las medidas de ahorro previstas, por el contrario, fueron rechazadas. No se aprobó la congelación de las pensiones y prestaciones mínimas, que debía proporcionar 3.500 millones de euros. Lo mismo ocurrió con el aumento de tres puntos en la contribución a la jubilación de las administraciones locales, decidido por el Gobierno de François Bayrou cada año hasta 2028, que iba a generar 1.800 millones de euros. También quedó anulada la creación de una aportación empresarial sobre bonos de alimentación y bonos de vacaciones, que debería haber aportado 1.000 millones de euros. El agujero, en el esfuerzo sobrehumano de este Gobierno por mantenerse en pie, sigue ampliándose.

Las medidas aprobadas, además, tienen un carácter más bien simbólico. El lunes, los diputados aprobaron el restablecimiento del “impuesto de salida” (impuesto de expatriación), tal como existió entre 2012 y 2019, en el marco del examen en primera lectura de la parte de ingresos del presupuesto del Estado. Este impuesto había sido creado por Nicolas Sarkozy con el objetivo de frenar la evasión fiscal por parte de los empresarios, pero se suavizó considerablemente durante el mandato de los macronistas.

La Asamblea aprobó una enmienda presentada por el diputado lepenista Jean-Philippe Tanguy que restablece la versión original del impuesto. La RN votó a favor, mientras que la derecha y los macronistas votaron en contra y la izquierda mayoritariamente se abstuvo. Según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, la medida debería prever unos 70 millones de euros. Una cifra ridícula en comparación con el Himalaya, como llamó el ex primer ministro Michel Barnier a la deuda francesa.

La campaña para elegir al próximo presidente de Colombia se calienta. Varias decenas de candidatos continúan en esa larga carrera para elegir al sucesor de Gustavo Petro en las elecciones de mayo de 2026, que se celebran a ciegas desde hace varios meses. No hay un favorito claro. Con la llegada de noviembre finalizó la controvertida (y sin precedentes) prohibición de las encuestas de intención de voto que estaba vigente desde julio. El esperado regreso de los estudios de opinión debería ayudar a despejar las perspectivas para lo que queda de este año, a la espera de que se decidan los bloques y alianzas. Como era de esperar, algunos candidatos despegarán en las próximas semanas y otros tirarán la toalla de una vez por todas.

Frente a un partido tan populoso y fragmentado, las primeras encuestas publicadas antes de la prohibición no mostraron un líder sólido, decididamente separado del resto. Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín que lideró la coalición centrista en 2022, solía aparecer entre los mejor posicionados. Vicky Dávila, exdirectora de la revista, también salió bien situada. Semana, o la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Incluso, desde el oficialismo, el exsenador Gustavo Bolívar, quien ya se retiró de la contienda. Sin embargo, desde entonces el mapa político ha cambiado. La campaña se juega en varios tableros.

Para empezar, la izquierda ya tiene su propio candidato presidencial, luego de que Iván Cepeda emergiera como ganador de la accidentada consulta popular del Pacto Histórico, la coalición que apoya al Gobierno de Petro. El senador obtuvo más de un millón y medio de votos, de los 2,7 millones de personas que participaron. A falta de encuestas, Cepeda ya se dejó contar. Es difícil alcanzar sus cifras. El plan del progresismo pasa ahora por medirse en otra consulta que se realizará el mismo día de las elecciones legislativas, el 8 de marzo, la del llamado Frente Amplio, para tener un candidato único que agrupe a varios sectores de la centroizquierda. De concretarse la propuesta, allí podrían competir los exministros Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, la senadora Clara López o incluso el exalcalde de Medellín Daniel Quintero -a pesar de las dudas jurídicas sobre una supuesta incapacidad luego de que desistió en su momento de participar en la consulta del Pacto-.

Además de las definiciones de la izquierda, que se adelantaron a los otros bloques, hay algunos candidatos que ya cuentan con el aval de algún partido, como Fajardo (Dignidad y Compromiso), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) o Juan Carlos Pinzón (Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt). También abundan las candidaturas para obtener firmas en nombre de un movimiento ciudadano, más que de un partido político. En esa larga lista está Claudia López, quien ha prometido que seguirá sola hasta el final, para enfrentar a los candidatos tanto de Petro como del expresidente Álvaro Uribe, el gran referente de la derecha. O Luis Gilberto Murillo, canciller hasta principios de año, que también se presenta como antídoto a la polarización y ofrece su experiencia diplomática para recuperar las maltrechas relaciones con los Estados Unidos de Donald Trump.

Entre los muchos aspirantes a firmas se encuentra también el economista Mauricio Cárdenas, exministro de varias carteras de origen conservador; David Luna, quien renunció como senador de Cambio Radical para postularse como independiente; o la propia Dávila, entre otros. al ex director de Semanarepresentante de los sectores más furiosamente opuestos a Petro, se ha visto eclipsado en las últimas semanas por una campaña aún más estridente. El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha destacado por su agresividad en las redes sociales, vídeos con inteligencia artificial que lo muestran como un tigre y todo tipo de comentarios altisonantes. También están en liza cuatro ex mandatarios locales, encabezados por el dos veces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, quienes buscan definir un candidato único vía encuesta.

Los aspirantes que optaron por la vía de la firma deberán presentar el equivalente al 3% del total de votos válidos en las elecciones presidenciales de 2022, unas 630.000 firmas, antes del 17 de diciembre. El Registro tiene hasta el 21 de enero de 2026 para verificar su validez. Para garantizar su inscripción, suelen hacer planes para recolectar al menos el doble de las rúbricas requeridas. Varias de las campañas afirman que ya han superado lo necesario.

En la derecha la actividad también es frenética. El Centro Democrático, partido fundado y liderado por el expresidente Uribe, que busca regresar al Senado, anunciará su candidato el próximo 28 de noviembre. El mecanismo será una encuesta que medirá a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño -padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay-. Más allá de este propio candidato, el expresidente, recientemente absuelto en un largo proceso por manipulación de testigos, busca reunir en torno a él a los sectores más conservadores y sellar una amplia coalición antipetrista tanto con Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que aún no define si será candidato, como con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal.

Con ese desordenado telón de fondo, y en medio del enjambre de nombres, Colombia espera ansiosa el regreso de las urnas como filtro necesario para calibrar las posibilidades reales de cada candidato. La prohibición terminó el fin de semana pasado. Pero la misma ley que los restringió -y que está siendo demandada ante el Tribunal Constitucional- impone algunas condiciones muestrales, entre otras, de las que los encuestadores se han quejado insistentemente, pues alegan que aumentan los costos. En caso de duda, ninguna de las principales empresas anuncia actualmente la publicación de ningún estudio electoral. “Estamos a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional para seguir informándoles”, advirtió la empresa Invamer en un breve mensaje. Incluso a ciegas, la campaña debe continuar.

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La apertura del nuevo ciclo electoral en Extremadura, Castilla y León y Andalucía ha reavivado las tensiones entre Podemos y Sumar. La coordinadora general del partido de Yolanda Díaz, Lara Hernández, garantizó este lunes que pedirán el voto a Unidas por Extremadura, coalición formada por Podemos e Izquierda Unida, independientemente de si están en las listas de candidatos para las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. Además, Hernández no ha entrado en polémicas con Podemos, que este lunes pidió a IU romper con Sumar para formar alianzas en las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León. Su secretario de organización, Pablo Fernández, aseguró en rueda de prensa que «Sumar es un fracaso total» y que «tienen que elegir».

La coordinadora general de Sumar ha evitado hacer valoración de las declaraciones de Fernández, y ha destacado que su «prioridad absoluta» es desalojar a PP y Vox de todas las instituciones con candidatos fuertes de partidos alternativos de izquierda. Ha indicado que buscan ser «coherentes» y que estarán donde puedan ser «útiles» para que haya un Gobierno progresista. Hernández ha añadido que para su formación el espacio de referencia de la izquierda es Unidas por Extremadura, y ha valorado el trabajo de la candidata del partido a las elecciones extremeñas, Irene de Miguel, a la que ha llamado «compañera y amiga».

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Por ello y con independencia de si Sumar está o no en la candidatura, los de Yolanda Díaz pedirán el voto activo para la formación que lidera Miguel, a quien han deseado «el mayor éxito». «Desde este mismo momento nos ponemos a su entera disposición para trabajar juntos y conquistar al PP extremeño y seguir formando gobiernos progresistas», ha defendido. Hernández ha subrayado que es el momento de que espacios «referentes» como Unidas por Extremadura «vuelvan a ilusionar a su gente».

El apoyo a Unidas por Extremadura y la decisión de no presentar una candidatura propia se debe a la falta de arraigo territorial de Sumar en la región, lo que les lleva a confiar en la candidatura de Irene de Miguel. Pero la situación es diferente en Castilla y León y Andalucía. En las elecciones andaluzas tienen ‘Por Andalucía’, candidatura conjunta con Izquierda Unida, mientras que en Castilla y León están en negociaciones con IU y Verdes Equo. Pero todavía están esperando que Podemos tome posición.

La dirección estatal del partido morado había manifestado la intención de acudir en solitario a las elecciones, y Pablo Fernández ha asegurado que la intención del partido es construir candidaturas «verdaderamente transformadoras» y lo más «amplias posibles». Pero aprovechó para lanzar un dardo a Izquierda Unida.

«Creo que va a haber territorios en los que tendrán que tomar una decisión», ha comenzado, «y es si quieren colaborar con Podemos o, por el contrario, seguir por el camino de Sumar y el Partido Socialista». También se ha referido directamente al proyecto Sumar, que, a su juicio, «ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado mucho a la izquierda de este país».

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