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Aumento ligero en la confianza del consumidor

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Aumento ligero en la confianza del consumidor
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El Índice de Confianza mostró una ligera mejora en agosto pasado, aunque sigue en el límite del pesimismo y por debajo del índice del año anterior, según una encuesta publicada por el BCP.

En agosto de 2025, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) llegó a 50,73 puntos, mostrando un leve aumento respecto a julio (47,80 puntos), situándose aún en el umbral del pesimismo. El punto neutral del ICC es 50; valores inferiores indican pesimismo y superiores, optimismo. Además, el dato de agosto sigue siendo menor al del mismo mes del año pasado, cuando alcanzó 55,50 puntos, según el BCP.

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En agosto de 2025, el Índice de Situación Económica (ISE), que indica la percepción actual de los consumidores sobre la economía, subió de 32,42 a 36,84 puntos, aunque permanece en la zona de pesimismo. Comparado con agosto de 2024, que tuvo 42 puntos, el índice actual es bastante inferior.

En cuanto al Índice de Expectativas Económicas (IEE), que evalúa la percepción futura de la economía, se incrementó de 63,17 a 64,63 puntos respecto al mes anterior. Sin embargo, sigue por debajo de los 69,08 puntos de agosto del año pasado.

La predisposición a ahorrar aumentó al 22,50%, lo que supone una mejora de 4,25 puntos porcentuales tanto en comparación con el mes anterior como con agosto de 2024. La disposición para comprar bienes duraderos mejoró en electrodomésticos y motos, mientras que disminuyó para casas y autos.

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Insisten en que Peña aclare sobre los «sobres» y el polígrafo tras hacerse el «ñembotavy»

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Insisten en que Peña aclare sobre los «sobres» y el polígrafo tras hacerse el «ñembotavy»
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El 1 de noviembre de 2025, a la 1:00, después de que el presidente Santiago Peña y el ministro del Interior, Enrique Riera, ignoraran solicitudes de informe de los Diputados sobre los “sobres del poder”, los legisladores opositores Johanna Ortega y Raúl Benítez insistieron con la petición. El Ejecutivo se rehúsa o no puede explicar las visitas de “empresarios amigos” y el uso del polígrafo.

El 24 y 28 de octubre pasaron los plazos para que la Presidencia, el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) respondieran las solicitudes de informe aprobadas por la Cámara de Diputados sobre los “sobres del poder”. La respuesta fue el silencio, por lo que se presentó una nueva solicitud.

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Ortega y Benítez señalaron que esta repetición se debe a la falta de respuesta del Ejecutivo respecto al despido injustificado de Luz Candado, encargada del servicio doméstico de Mburuvicha Róga.

Especialmente, se solicita que la Presidencia informe sobre visitas fuera de agenda a la residencia presidencial, ya que se reveló que Peña recibía a empresarios “amigos”, y sobre el uso del polígrafo.

Los legisladores buscan conocer qué procedimientos administrativos, denuncias o investigaciones se realizaron. Además, piden detalles sobre el polígrafo usado con la mencionada funcionaria y su esposo.

Hasta ahora, Peña ha guardado silencio desde que el escándalo estalló el 16 de septiembre, sin negar la existencia de los sobres sospechosos en la residencia presidencial.

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Se reportaron al menos dos paquetes con US$ 100,000 cada uno, devueltos al presidente. Aun así, sometió ilegalmente al polígrafo a Luz Candado y su familia, terminando por despedirlos sin indemnización.

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Varela advierte que no respaldarán ascensos policiales hasta que Riera aclare el uso de polígrafos

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Varela advierte que no respaldarán ascensos policiales hasta que Riera aclare el uso de polígrafos
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El 1 de noviembre de 2025, a la 01:00, se divulgó que el uso del polígrafo en los ascensos de policías está causando controversia en el Senado. Mario Varela, senador de la ANR (disidente), señaló que no apoyarán los ascensos si Enrique Riera, ministro del Interior, no se presenta ni reglamenta la ley de reforma policial vigente desde el año pasado.

Varela expresó preocupación ante la falta de respuestas del Ejecutivo, ya que Riera no asistió a la reunión convocada para esclarecer el uso del polígrafo en la evaluación de policías. El senador subrayó que no respaldarán los ascensos hasta que el ministro explique y reglamente la reforma, ya que el proceso debe ser transparente.

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Varela indicó que hay un consenso crítico entre los miembros de la comisión sobre el uso del polígrafo. Calificó la situación de preocupante, señalando dudas sobre la legalidad y transparencia del procedimiento actual.

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez, admitió que el polígrafo fue manejado por militares, lo cual incrementó las preocupaciones sobre la falta de control civil y los criterios técnicos.

La ley de reforma policial, promulgada el año pasado, aún no ha sido reglamentada por el Ejecutivo, creando un vacío legal respecto al uso del polígrafo en ascensos.

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Varela insistió en que hasta no obtener respuestas claras del Ministerio del Interior, no se apoyarán los ascensos este año. Además, informó que la próxima semana se solicitará otra reunión reservada si los temas a discutir pudieran comprometer la intimidad de los comisarios evaluados.

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Exintendente de Jesús continúa evadiendo a la Justicia

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Exintendente de Jesús continúa evadiendo a la Justicia
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Mientras Zenón Cáceres Duarte, excontador de la Municipalidad de Jesús de Tavarangue en Itapúa, ya enfrenta un juicio, el exintendente Hernán Adolar Schlender (ANR) sigue prófugo desde el 15 de octubre.

Ayer se llevó a cabo el segundo día del juicio oral contra Zenón Cáceres Duarte, acusado de crear documentos falsos. Según la fiscalía, Hernán Adolar Schlender y Zenón Cáceres Duarte habrían colaborado para lavar dinero supuestamente del crimen organizado utilizando la cuenta del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) entre 2016 y 2019. Estas acusaciones las realizó el fiscal Federico Leguizamón.

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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, conformado por las doctoras Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, está juzgando al excontador, mientras el exintendente ha sido declarado en rebeldía.

Se estima un daño patrimonial a la Municipalidad de Jesús de aproximadamente G. 7.418 millones, debido a documentos de empresas y constructoras cuyos representantes afirmaron no haber realizado los trabajos o cobros mencionados ante la Contraloría General de la República.

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