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En la audiencia del 29 de octubre de 2025, el fiscal Deny Yoon Pak solicitó una ampliación del período de investigación en el caso de Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset. La defensa de García Troche se opuso a esta solicitud.

Según la declaración de García Troche el 13 de octubre, el fiscal Pak pidió más tiempo para cerrar la investigación en el caso vinculado a Marset. El pedido fue presentado ante un Tribunal de Apelaciones, basándose en el artículo 326 del Código Procesal Penal, y podría extenderse hasta 6 meses adicionales para que la Fiscalía complete la investigación.

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El motivo de la ampliación es que los datos proporcionados por García Troche aún no están verificados y fueron presentados cerca del final del plazo original de la investigación, programado para concluir el 20 de noviembre por la jueza Rosarito Montanía. La Fiscalía indicó que la única forma de confirmar esta información es a través de asistencia jurídica internacional, y si se otorga la extensión, la nueva fecha de conclusión sería el 20 de mayo de 2026.

Gianina García Troche está siendo investigada por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, utilizando supuestamente los fondos de Marset para crear sociedades y legitimar el dinero ilícito.

Por su parte, la defensa, liderada por el abogado Rafael Blanco, manifestó su desacuerdo con la extensión solicitada, argumentando que la Fiscalía ya tuvo suficiente tiempo para realizar las investigaciones, ya que el caso lleva cuatro años abierto. García Troche fue imputada en febrero de 2022 y, tras ser detenida en España y extraditada, se encuentra actualmente bajo disposición de la justicia paraguaya.

El abogado Blanco indicó que la defensa buscará una solución alternativa para evitar un juicio oral a través de un procedimiento abreviado, lo que podría resultar en una condena mínima y arresto domiciliario para la procesada. Además, mencionó que en el caso A Ultranza ya hubo 11 condenas por procedimiento abreviado, con penas de entre 2 y 5 años.

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El 29 de octubre de 2025, a las 14:19, se llevó a cabo un operativo en Ciudad del Este en el marco de la investigación por el asesinato del militar Guillermo Moral. Tres viviendas fueron allanadas y cuatro personas detenidas. Según los investigadores, tres de los capturados habrían proporcionado apoyo logístico para el crimen. El principal sospechoso que habría contactado a los sicarios sigue fugitivo.

El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, lideró el operativo con apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), la Motorizada y el Departamento Comando Tripartito.

Entre los detenidos se encuentran Luis Fernando Guillén Martínez (22), Elda Sofía Galeano Kleiner (43), Marco Antonio Florentín Camacho (42) y Alfredo Santuchi Brítez (25). Este último fue arrestado por una orden pendiente de detención y no tiene relación con la investigación.

El comisario Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios, explicó que las detenciones se lograron rastreando las transferencias de dinero a los autores del homicidio. Los tres primeros individuos participaron supuestamente en la logística del crimen. Se realizó un seguimiento financiero inverso para identificar a quienes enviaron y recibieron el dinero.

Durante los allanamientos en los barrios San Rafael, Ciudad Nueva y Don Bosco, se incautaron droga tipo crack, celulares, un DVR y tarjetas de memoria de cámaras de vigilancia, que serán analizadas.

Los autores del crimen habrían recibido unos G. 25 millones. Luis Fernando Guillén Martínez es hijo de Jorge Guillén Bogado, supuesto financista del asesinato, detenido el 16 de octubre, junto con Ángel David González Guillén, investigado por realizar transferencias.

Carlos Antonio Báez Guillén, alias «Lulú», sigue prófugo y es buscado por conexión directa con los sicarios. También hay una orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina por un caso de homicidio.

Aún se analiza si uno de los cuerpos hallados en el río Paraná corresponde a un adolescente que supuestamente participó en el crimen. El cuerpo tiene un tatuaje del Ojo de la Providencia, similar al de uno de los autores materiales. Se solicitaron muestras de ADN para confirmar la identidad.

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Los pescadores de Concepción decidieron poner fin al bloqueo del río Paraguay tras dialogar con la gobernadora Liz Meza Páez (ANR) y el intendente Bernardo Villalba. Ambos se comprometieron a proporcionarles alimentos durante la temporada de veda y un pago de G. 400.000 a cada pescador registrado. Tras aceptar la propuesta, levantaron la protesta.

La gobernadora y el intendente llegaron al puente Nanawa, en el lado del departamento de Presidente Hayes, para hablar con los pescadores. Ofrecieron distribuir alimentos tres veces durante la veda de 49 días, y un pago de G. 400.000 a cada pescador con carnet oficial.

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Después de escuchar a las autoridades, los pescadores decidieron aceptar la oferta. Daniel Ferreira, uno de sus líderes, señaló que hay 240 pescadores con documentos en regla que recibirán G. 400.000.

Con este acuerdo, los pescadores abandonaron la zona de bloqueo, permitiendo así la navegación de las embarcaciones que se veían impedidas por los botes en el canal.

Ferreira comentó que debido a la falta de recursos para trasladar a los funcionarios encargados del censo, algunos pescadores no pudieron ser incluidos en la lista de beneficiarios.

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