Nacionales
«Tío Rico» solía visitar la casa que Erico Galeano vendió a supuesto testaferro, según testigo.
El juicio oral contra el senador Erico Galeano Segovia, afiliado a la ANR y vinculado al sector cartista, continuó este miércoles. Galeano está acusado de supuestos lazos con el esquema «A Ultranza», y el enfoque del día fue la venta de una casa en el condominio Aqua Village de Altos. Según la Fiscalía, el senador vendió la propiedad por un millón de dólares a Hugo González Ramos, acusado de ser testaferro de Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán Galeano, presunto narcotraficante.
El testigo Pablo Paredes, agente especial de la Unidad de Investigación Sensible de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), participó en el allanamiento en febrero de 2022 en Aqua Village, dentro del caso A Ultranza. Paredes declaró que el objetivo fue confiscar bienes de Insfrán Galeano, que supuestamente fueron comprados con dinero del narcotráfico.
En el allanamiento, encontraron una factura a nombre de Erico Galeano, un sello con el nombre de Insfrán y una camioneta de la empresa «Nuevo Horizonte», vinculada al lavado de dinero, según datos de la Fiscalía.
El testimonio de Paredes también reveló que el inmueble estaba registrado a nombre de Hugo González Ramos, posiblemente un testaferro de Insfrán. Se mencionó que es común que quienes están ligados a actividades criminales usen efectivo para comprar propiedades.
Olga Fleitas, perito encargada de la tasación del inmueble, declaró que el valor de la propiedad en marzo de 2024 fue de 755,508 dólares, considerando su ubicación y otras comparaciones dentro del mismo condominio.
Sin embargo, la pericia mostró que otro terreno dentro del mismo residencial, de dimensiones similares, está valorado en 160,000 dólares, lo que resaltó la jueza Inés Galarza al cuestionar esta diferencia.
El juicio proseguirá el martes 16 de septiembre a las 10:00, con más declaraciones de testigos según lo dispuesto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.
Nacionales
Tres detenidos en la Operación Golfo por presunto fraude a una operadora telefónica
La fiscal Ruth Benítez, a cargo de la investigación de un fraude a una operadora telefónica que supera los G. 100 millones, informó sobre la detención de una tercera persona, de las seis ya imputadas en la causa. Dos personas fueron arrestadas esta mañana durante los allanamientos en la casa del principal sospechoso, mientras que una tercera, una mujer, fue detenida en Ñemby.
En el marco de la Operación Golfo, dirigida por la fiscal Ruth Benítez, tres de las seis personas imputadas fueron detenidas hoy. El caso involucra un fraude que asciende a G. 104.760.000 contra una operadora telefónica.
«Se llevaron a cabo 56 operaciones fraudulentas desde la billetera de la empresa. El empleado infiel transfirió fondos a otras billeteras, y los dueños de esas cuentas retiraron el dinero inmediatamente», explicó la fiscal.
Uno de los arrestados es el ex empleado Juan Daniel Candia Arce, considerado como líder del grupo. Candia, después de ser despedido por hechos similares de una famosa compañía telefónica, se unió a otra empresa afectada y luego trabajó en una firma de decoración.
La fiscalía sostiene que Candia usó un usuario y contraseña para acceder a una línea de gestión que recogía remanentes de líneas inactivas durante tres meses.
«Estas líneas con saldo remanente se vinculan a una cuenta común de la empresa y se reconocen como línea de gestión. Candia encontró un método para acceder a esos fondos», detalló.
El principal sospechoso distribuyó los más de G. 104 millones, en un total de 56 operaciones de G. 2.000.000 cada una, entre cinco cuentas de familiares y amigos. «Uno es primo y vivía con él; también están otros amigos y sus parejas. Podría haber más dinero involucrado», señaló.
La imputación se basa en el artículo 70 del Código Penal, con penas que pueden superar los 7 años. Sin embargo, los delitos no exceden cinco años. Los cargos incluyen estafa informática y acceso indebido a datos.
La fiscal aclaró que si los implicados desean reparar el daño, tienen la opción de evitar un juicio oral mediante una reparación total del daño, lo que podría resultar en una medida menos severa.
El Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú, encabezado por la magistrada Nilda López Brítez, aprobó una medida cautelar a favor de la concejal de Juan León Mallorquín, Rita Isabel Grau Valenzuela, permitiéndole regresar a su cargo. Esto significa que Eliezer Sosa, quien había asumido temporalmente, debe ceder de nuevo el lugar.
La resolución se produjo tras una controvertida decisión de la Junta Municipal que había suspendido a Grau por 60 días sin salario, acusándola de violar la Ley Orgánica Municipal al supuestamente suministrar bienes a la institución a través de una ONG.
El intendente Elvio Coronel criticó la medida, calificándola de arbitraria, alegando que fue motivada por intereses opositores. Por su parte, Grau defendió sus acciones, alegando que no vendió productos directamente al municipio, y señaló irregularidades en el proceso de su suspensión.
La medida contra Grau fue decidida el 11 de agosto, el mismo día que se solicitó la intervención del intendente Coronel. Con la nueva decisión del Tribunal Electoral, Grau retomará su puesto mientras se aclara el asunto.
Nacionales
Cetrapam advierte sobre «suspensión del transporte público» si no se recibe el subsidio
El presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, ha dirigido una carta al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. En ella, advierte que si no reciben el subsidio estatal, «la continuidad del transporte de pasajeros en el área metropolitana» estaría en peligro.
Cetrapam entregó la nota al mediodía, reclamando enérgicamente el pago pendiente del subsidio correspondiente a julio de 2025. Denuncian que esto incumple el Acta N.º 57/2025, firmada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
A pesar de los esfuerzos previos, el Viceministerio de Transporte sigue manteniendo retrasos que afectan la sostenibilidad del servicio, causando dificultades financieras a las empresas y poniendo en riesgo el transporte. El 18 de julio, se firmó un acuerdo que incluyó el pago de una deuda de 3,9 millones de dólares. Además, se pactó que el subsidio se pagaría el mismo mes de presentación de carpetas.
Cetrapam subraya que los compromisos del Viceministerio comprometen a todo el Gobierno, por lo que no se pueden justificar retrasos administrativos. Exigen el inmediato pago del subsidio de julio, ya que cualquier dilación adicional viola lo acordado y daña la credibilidad institucional.
El reclamo surge tras la aprobación en el Senado de la reforma del transporte, que busca modernizar el sistema metropolitano. La reforma contempla concesiones de 15 a 20 años para flota, infraestructura y operaciones. El Estado comprará los autobuses y los ofrecerá a los operadores. La flota no podrá tener vehículos con más de 15 años, priorizando bajas emisiones.
Se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. Se organizarán unidades funcionales, buscando reducir de 36 a 10 empresas operadoras y permitir varios viajes con un solo pasaje.
Los trabajadores podrían llamar a huelga, ya que el plan obliga a evaluaciones periódicas para los choferes, algo que critican. Además, temen quedarse sin empleo si una empresa pierde su concesión. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados.
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