El Senado, con mayoría, aprobó la ley de reforma del transporte público, aunque con modificaciones. Derlis Maidana, líder de la Comisión de Legislación, resaltó el esfuerzo de varias comisiones en la revisión del proyecto. Señaló que siete comisiones del Senado colaboraron, incluyendo Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras Públicas, y otras relacionadas. Se ajustaron 92 artículos de la propuesta del Ejecutivo, de los cuales se aceptaron 20 y se mejoró uno.
Este proyecto busca modernizar el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros y modificar la Ley N° 1590/2000, asegurando la gestión sobre el transporte terrestre.
El senador Natalicio Chase afirmó que los 122 artículos propuestos para transformar el sector del transporte público fueron considerados, asegurando las condiciones laborales de los trabajadores. Chase enfatizó que no hay vacíos legales y que las condiciones de contratación serán plenamente cumplidas. Además, el proyecto busca descentralizar funciones para mejorar la calidad del servicio.
Se prevé una inversión estatal inicial de 50 millones de dólares. La senadora Blanca Ovelar subrayó la importancia de asegurar la trazabilidad de la información. También indicó que el fideicomiso no sustituye a las empresas, sino que reemplaza al Estado en la provisión de recursos. Ovelar destacó la necesidad de proteger a todas las personas afectadas por las reformas.
El plan incluye concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, cubriendo aspectos como la provisión de flota e infraestructura. La flota no superará los 15 años de antigüedad, priorizando vehículos de bajas emisiones. Además, se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. La operación se organizará en unidades funcionales para reducir las líneas actuales a 10 empresas operadoras, implementando integración tarifaria.
La posibilidad de una huelga se aviva, ya que los conductores serán sometidos a evaluaciones periódicas para mantener sus empleos, lo cual ha generado críticas. También existe preocupación por la seguridad laboral en caso de que una empresa pierda su concesión. Por estas razones, los conductores planean convocar un congreso para discutir posibles acciones de huelga. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.