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Tuma sobre acusación: «Los fiscales quieren intimidar»

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Tuma sobre acusación: «Los fiscales quieren intimidar»
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El abogado Óscar Tuma describió la imputación por supuesto lavado de dinero en su contra como apresurada y carente de fundamento. Indicó que la acción de la Fiscalía es un intento de intimidación relacionado con su participación en el caso central de Alexandre Rodrigues, hijo de Eulalio “Lalo” Gomes.

La Fiscalía acusó a Tuma tras recibir propiedades de Rodrigues, investigado actualmente por lavado de dinero. Él aseguró estar tranquilo y explicó que recibió cuatro propiedades como pago de honorarios, ya disponibles para el juzgado. Esto fue una dación en pago debido a que su cliente no podía pagar en efectivo.

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El abogado enfatizó que la operación fue transparente y conocida por el tribunal, sin intención de ocultar nada.

La Fiscalía basa su imputación en que Rodrigues estaba inhibido, pero Tuma aclaró que esa restricción no afectaba los bienes. La escribana verificó que las propiedades estaban libres de gravámenes al momento de la transferencia.

Tuma afirmó que la acusación es prematura, ya que las propiedades aún no se han declarado como obtenidas de un delito y sugirió que es un intento de amedrentarlo por su trabajo en el caso principal. También destacó la importancia de un Ministerio Público independiente y advirtió sobre el uso de la institución como herramienta de persecución.

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Además, criticó a la Fiscalía, mencionando que atraviesa su peor momento, acusando a algunos fiscales de falta de capacidad y de ceder a intereses políticos. Confirmó que los inmuebles están a su nombre desde mayo y aseguró estar dispuesto a devolverlos si se ordenara su comiso.

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Cancelan convocatoria del IPS para adquisición de alimentos por más de US$ 3,7 millones

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Cancelan convocatoria del IPS para adquisición de alimentos por más de US$ 3,7 millones
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Para participar en la licitación de alimentos para el Hospital Ingavi, las empresas deben registrarse específicamente como productores de turrón de maní y dulce de batata, aunque estos no estén en el menú. Además, se exige una capacidad financiera superior a la habitual. El IPS invierte G. 26.561 millones, más de US$ 3,7 millones. Sin embargo, la DNCP ha pausado el proceso debido a protestas.

Mediante la resolución N° 3269/25, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aceptó dos protestas y detuvo la licitación ID 472326 del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo el mando de Jorge Brítez, para la adquisición de alimentos para el Hospital Ingavi. El contrato asciende a G. 26.561 millones, equivalentes a unos 3,7 millones de dólares al cambio actual.

La convocatoria del IPS para compra de alimentos fue suspendida por la DNCP debido a dos protestas.

Las principales objeciones a este proceso giran en torno a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Uno es la exigencia de que los oferentes presenten una copia autenticada del registro en categorías de elaborador para turrón de maní y dulce de batata, con el registro sanitario correspondiente del Ministerio de Salud Pública.

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Es contradictorio que, al verificar el menú preestablecido por el ente previsional, esos productos no aparecen entre los postres que se prevé ofrecer a los funcionarios y pacientes.

Se solicita que las empresas interesadas presenten el registro sanitario como elaboradoras de turrón de maní y dulce de batata.
Se solicita que las empresas interesadas presenten el registro sanitario como elaboradoras de turrón de maní y dulce de batata.

Otro requisito notable es la capacidad financiera. En la primera y segunda versión del PBC, la liquidez debía ser igual o mayor a 1 en los años 2022, 2023 y 2024, y el capital operativo no podía ser menor al 15% del total de la oferta.

Curiosamente, en la tercera versión del PBC de octubre, la liquidez subió a 1,5, y el capital operativo no debía ser inferior al 50% del contrato, es decir, no menos de G. 13.280 millones.

En la tercera versión del PBC se elevaron el ratio de liquidez a 1,5 y el capital operativo al 50% del monto máximo de contrato.
En la tercera versión del PBC se elevaron el ratio de liquidez a 1,5 y el capital operativo al 50% del monto máximo de contrato.

Pocas cumplirían con los requisitos

Según fuentes, los requisitos específicos del IPS solo los cumplirían unas pocas empresas, principalmente las del programa del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero. No se obtuvo respuesta de Jorge Brítez, jefe del IPS, al respecto.

Pocos interesados

El IPS tiene otra licitación en curso con muchas críticas, para el “sistema de gestión integral de Aporte Obrero Patronal y Recaudaciones”, por unos G. 125.122 millones, cerca de US$ 17,6 millones.

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La licitación se divide en dos partes, una para el sistema y la otra para el hardware.

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Sólo dos empresas, Infocenter SA y Softshop SA, presentaron ofertas. Infocenter busca el primer lote con una oferta de G. 112.372 millones (US$ 15,8 millones), mientras Softshop compite por el segundo lote con G. 10.395 millones (US$ 1,4 millones).


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Paraguay no logra mejoras estructurales en la calidad del empleo

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Paraguay no logra mejoras estructurales en la calidad del empleo
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El ICE se basa en cuatro dimensiones clave que representan diferentes aspectos del bienestar laboral. La primera dimensión es el ingreso laboral, evaluando si el salario del trabajador supera un umbral de bienestar, fijado en US$ 8,30 al día (PPA 2021). Si el ingreso está por debajo de este nivel, el índice automáticamente es cero, sin importar los otros aspectos.

La segunda dimensión involucra los beneficios laborales, como seguro médico o jubilación. En países con cobertura universal mínima, el ICE revisa si el trabajador recibe beneficios adicionales a través de su empleo.

La tercera dimensión, la seguridad laboral, analiza la estabilidad del contrato, considerando un contrato formal o al menos tres años en la misma posición como indicadores de seguridad.

Por último, la satisfacción laboral se mide mediante la ausencia de un segundo empleo, suponiendo que un trabajador con un solo empleo está más satisfecho con su ocupación principal.

Estas dimensiones demuestran que la calidad del empleo no se basa solo en el salario, sino también en la estabilidad, formalidad y bienestar percibido por los trabajadores.

El índice de calidad del empleo es esencial para analizar el mercado laboral de Paraguay, donde la informalidad supera el 60% y hay brechas en la cobertura social. Los datos muestran una estabilidad moderada en el índice entre 2011 y 2024, con ligeras fluctuaciones tanto para asalariados como empleadores.

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Para los asalariados, el ICE ha oscila entre 0,70 y 0,74, mostrando constancia en las condiciones laborales. En 2011, estaba en 0,71, alcanzó el 0,74 en 2014, 2022 y 2023, y llegó a 0,73 en 2024, indicando una leve mejora pero sin cambios estructurales importantes.

Para los empleadores, el índice comenzó en 0,67 en 2011, bajó a 0,63 en 2013 y subió gradualmente a 0,69 en 2015. Entre 2016 y 2021, se mantuvo entre 0,64 y 0,67, mejorando a 0,68-0,69 en los últimos tres años. En 2024, fue de 0,68, reflejando condiciones laborales menos uniformes.

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La brecha entre asalariados y empleadores ha variado entre 0,04 y 0,10 puntos, favoreciendo a los asalariados debido a su mayor formalización y acceso a beneficios, mientras que los empleadores presentan más heterogeneidad.

El análisis del ICE revela que la calidad del empleo en Paraguay no ha mejorado significativamente, a pesar del crecimiento económico y reducción parcial de la pobreza. Esto indica que el progreso económico no ha resultado en empleos de mejor calidad. Mejorar el mercado laboral requiere políticas que promuevan la formalización, mejoren la protección social y fomenten la estabilidad laboral. La calidad del empleo es crucial, ya que un trabajo precario puede dejar a los hogares vulnerables.

Como señala el Banco Mundial, empleos de calidad no solo reducen la pobreza, sino que también fortalecen la resiliencia social y el crecimiento sostenible. Paraguay debe transformar su crecimiento económico en mejoras laborales efectivas, asegurando empleos seguros, formales y satisfactorios para un desarrollo inclusivo y duradero.

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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.

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Senadores debaten sobre el uso del polígrafo en la promoción de policías

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Senadores debaten sobre el uso del polígrafo en la promoción de policías
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El Senado será hoy el escenario de un nuevo enfrentamiento entre legisladores colorados y el senador Rafael Filizzola (PDP) debido al uso del polígrafo como requisito para ascensos en la Policía Nacional. El bloque oficialista promueve una declaración para reforzar la aplicación de esta prueba, mientras el exministro del Interior cuestiona su validez y denuncia posibles irregularidades. Ambos temas están en el orden del día.

Senadores colorados y un opositor presentaron un proyecto de declaración pidiendo al Poder Ejecutivo y al Ministerio del Interior que garanticen el uso del polígrafo como filtro obligatorio para ascensos en la Policía Nacional. La iniciativa, que ya está en el orden del día, se ampara en la Ley N° 7280/2024, que incluye pruebas de confiabilidad para los grados superiores. Según el proyecto, quienes no pasen la prueba no podrán ser ascendidos.

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El documento también solicita la adquisición de nuevos equipos de polígrafo por parte del Ministerio del Interior para asegurar normativas y someter a los oficiales a evaluaciones antes de promociones. Los proponentes argumentan que la medida garantiza transparencia y confiabilidad en los ascensos.

El proyecto fue respaldado por cartistas, colorados disidentes y un opositor: Natalicio Chase, Patrick Kemper, Carlos Núñez, Erico Galeano, Pedro Díaz Verón, Silvio Ovelar, Juan Carlos Galaverna Ortega, Lizarella Valiente, Zenaida Delgado, Derlis Maidana, los colorados disidentes Mario Varela y Colym Soroka, y Eduardo Nakayama (independiente).

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Por otro lado, el senador Rafael Filizzola (PDP) se opone y presentó un proyecto de resolución para solicitar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las pruebas del polígrafo. Filizzola cuestiona posibles manipulaciones y falta de control técnico, señalando que deben regirse por criterios claros. También le resulta sospechoso que oficiales con hojas de servicio intachables no pasaran las pruebas, mientras otros con antecedentes sí lo hicieron.

Filizzola también pide información sobre la adquisición, mantenimiento y calibración de los equipos de polígrafo usados. Busca determinar si se cumplen los estándares técnicos internacionales en las evaluaciones. La controversia reaviva el debate sobre el proceso de ascensos en la Policía Nacional.

La Ley 7280/2024, sancionada este año, introdujo reformas en la Policía Nacional, incluyendo el uso del polígrafo como requisito para ascensos desde Comisario Principal a Comisario General Comandante.

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