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Repudiable crueldad: perrita fue abusada en Villa Elisa

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Repudiable crueldad: perrita fue abusada en Villa Elisa
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Un caso de presunta zoofilia habría ocurrido en Villa Elisa, luego de que una perrita llamada “Trufa Canela” fuera rescatada por la organización animalista “Olfateando Huellas”.

La veterinaria Diana Cantero denunció al SNT el maltrato y explicó que la canina se encuentra en observación médica para determinar posibles daños a su salud tras el abuso sufrido.

La mascota, rescatada en condiciones lamentables, fue trasladada de inmediato a un centro veterinario, donde el equipo médico realiza exámenes exhaustivos para verificar su estado.

La veterinaria Cantero señaló que “Trufa Canela” será monitoreada durante un mes y, de acuerdo con su evolución, será puesta en adopción, brindándole la oportunidad de encontrar un hogar donde pueda recibir el cuidado y cariño que necesita.

Según la entrevistada, el presunto agresor ya fue identificado; ya se están llevando a cabo los operativos necesarios para localizarlo y someterlo a la justicia. La comunidad y activistas por los derechos de los animales exigen que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen este tipo de crueldades, recordando que el maltrato animal es un delito tipificado.

Cantero advirtió sobre la gravedad de estos actos y señaló que el abuso de animales es una amenaza no solo para las mascotas, sino también para la seguridad de las comunidades. “Hoy fue una perra, mañana podría ser una niña o una persona vulnerable”, expresó.

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La organización “Olfateando Huellas” invita a la comunidad a apoyar el rescate de “Trufa Canela” y a colaborar en la búsqueda de justicia.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FNQQ5aAuM6Q9ckeUDkR1SJJwt6o8C1PY7VcH2uiCdNeC7YuRHQz4AwE3aGFLjAfKl&id=100066607804474&ref=embed_post

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SE ENDUCIERON LAS PENAS

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció la promulgación de la ley que endurece penas por maltrato animal. Cabe mencionar que con la ley anterior, las infracciones muy graves conllevaban penas carcelarias de hasta 2 años, mientras que, con esta nueva normativa, estas penas carcelarias aumentan a 6 años.

Fuente: Diario Hoy

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Motociclista fallece en un choque frontal con un colectivo en Itá

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Motociclista fallece en un choque frontal con un colectivo en Itá
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La Policía Nacional informó sobre un serio accidente que ocurrió hoy a las 5:15 en la compañía Aveiro de Itá, donde un colectivo y una motocicleta colisionaron de frente. El motociclista falleció y se presume que pudo haber sido debido a un adelantamiento indebido por parte del conductor del bus.

Según el informe de la Comisaría local, el accidente ocurrió en el kilómetro 5 de la ruta D027, compañía Aveiro de Itá. La víctima fue identificada como Silvio Raúl Sotto Rodas, de 40 años, quien murió casi al instante tras ser impactado frontalmente por un colectivo de la empresa Ciudad de Paraguarí SA.

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El colectivo era conducido por Julio César Arse Duarte, de 45 años, quien, según información preliminar, habría intentado adelantar sin ver la motocicleta.

La víctima llevaba casco y chaleco reflector según las imágenes. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida en el pavimento. La Unidad de Soporte Vital de los Bomberos de Itá acudió al lugar, pero no pudieron hacer nada.

El agente fiscal Eduardo Román fue notificado y se convocó a agentes de Criminalística de la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del accidente.

Por otro lado, se menciona un incidente similar donde un automóvil realizó un giro imprudente y chocó contra un motociclista en Eusebio Ayala.

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Ataques constantes a periodistas reavivan petición de una ley de protección

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Ataques constantes a periodistas reavivan petición de una ley de protección
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Los atentados sufridos por los periodistas Carlos Benítez y Fabián Costa destacan la fragilidad del gremio y la urgente necesidad de un marco legal de protección en Paraguay, según el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP). Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado una sentencia obligando al Gobierno a formular una ley al respecto, pero el proyecto sigue sin ser tratado en el Senado.

El periodista Carlos Benítez, del diario «El Observador», sufrió un ataque armado en su hogar, aunque salió ileso. Este hecho ha generado alarma y fuerte condena de parte de organizaciones de prensa.

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El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha enfatizado la necesidad urgente de aprobar una Ley de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, un compromiso del Estado tras la sentencia de la Corte Interamericana en diciembre de 2022.

El sindicato expresó su solidaridad con Benítez y pidió a las autoridades que actúen eficazmente para proteger su seguridad. Este ataque se suma a otro ocurrido contra Fabián Costa, ambos en Lambaré.

En abril de 2023, se presentó un proyecto de ley que aún está en estudio en la Cámara de Senadores. La propuesta busca establecer políticas para prevenir y combatir la violencia contra periodistas por parte de grupos criminales que buscan silenciarlos.

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Además, se recordó que la Corte Interamericana exige que Paraguay adopte medidas legales para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. El asesinato de Santiago Leguizamón en 1991 sentó un precedente que obliga al Estado a implementar políticas de protección.

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Petropar: representante de empresa catarí vuelve para proteger al vicepresidente de un club

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Petropar: representante de empresa catarí vuelve para proteger al vicepresidente de un club
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El 31 de agosto expiró la séptima extensión que Petróleos Paraguayos (Petropar), bajo la dirección de Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Debido a que nuevamente no se entregaron las 100,000 toneladas métricas de gasoil valoradas en más de 61 millones de dólares, la estatal firmó una octava adenda el 29 de agosto, extendiendo el contrato hasta el 31 de octubre, a pesar de que inicialmente había señalado que la prórroga vencía el 30 de septiembre.

Reapareció Saad Doukali, representante de la firma catarí, quien dio su consentimiento mediante un correo el 28 de agosto, comprometiéndose a revisar, firmar el documento y enviarlo a Ramón Benítez, gerente de comercio exterior, quien había solicitado la autorización.

Todo sugiere que Doukali aprobará la prórroga en representación de Doha Holding, protegiendo así a Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia, quien anteriormente había actuado como representante legal para aprobar extensiones previas.

La oficina local de la empresa catarí se registró en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, representante legal de la compañía. Documentos revisados por este medio muestran que Jiménez aprobó varias prórrogas en nombre de Doha Holding. Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Además, Alejandro Domínguez Pérez, Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali aparecen como representantes de Doha Holding.

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A pesar de haberse cumplido un año desde la firma del contrato con Doha Holding, todavía no ha llegado un litro de combustible, a pesar de las ocho adendas otorgadas. Petropar sigue confiando en la empresa incumplidora mediante reuniones virtuales.

Doha Holding fue contratada por Petropar mediante un procedimiento que permite publicar documentos después, argumentando que se conseguiría gasoil más barato. Sin embargo, el producto nunca llegó. Petropar incumplió la normativa al no publicar el pliego antes de adjudicar el contrato y la convocatoria se publicó meses después. Tampoco se evaluó la capacidad financiera de la compañía.

Este proceso no permite evadir la ley, pero parece que lo ha hecho. Las sucesivas prórrogas podrían violar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, la cual permite modificar contratos sólo hasta un 20% del monto o plazo y por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.

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El contrato “urgente” estipulaba la entrega entre octubre y noviembre de 2024, pero Petropar extendió ese plazo once veces. A lo largo de casi un año, ha repetido sus argumentos para justificar las extensiones y evitar anular el contrato.

Es sospechoso que las autoridades no terminen el contrato con una empresa incumplidora ni ejecuten la garantía de cumplimiento, que equivale al 5% del monto (unos 3,05 millones de dólares). Además, la garantía se presentó solo como declaración jurada, sin póliza de seguro ni garantía bancaria, modalidad exclusiva para este tipo de procedimientos.

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