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Después de que la Cámara de Diputados decidiera posponer por 90 días los pedidos de intervención, las reacciones no tardaron en aparecer. El concejal Adalberto Caballero, de Tomás Romero Pereira, expresó su descontento.

El mes anterior, el ministro del Interior Enrique Riera, tras 14 meses de haber mantenido «congelado» el pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, cuyo intendente es Hernán Ysidro Rivas, envió finalmente la solicitud a la Cámara de Diputados. Sin embargo, hoy decidieron aplazar su tratamiento por 90 días.

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El concejal sospechaba que se pretendía «blanquear» a municipios colorados-cartistas con denuncias de corrupción y está decepcionado por el aplazamiento en la Cámara Baja. Comparó el caso con el de la Municipalidad de Ciudad del Este que fue tratado rápidamente, mientras que el de su ciudad, con pruebas sólidas según él, no ha sido considerado.

Afirmó que sigue luchando desde Tomás Romero Pereira en Itapúa para reclamar lo que corresponde a su pueblo. Responsabilizó a los diputados que votaron por el aplazamiento y calificó el hecho como un «blanqueo».

Mencionó que un intendente al que acusan de corrupción ha recibido luz verde para continuar desviando fondos. Habló de una «superprotección» al intendente permitiendo seguir con la misma gestión. Denunció que, durante cuatro años, se han malversado aproximadamente G. 20.000 millones anuales de presupuesto municipal, lo cual podría haber significado mejoras significativas para el distrito.

El concejal no teme a las elecciones y cree que la ciudadanía ahora es más consciente al votar. Insistió en que aunque esto enfurece a la gente, seguirán luchando y apelando a la justicia.

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El Senado, con mayoría, aprobó la ley de reforma del transporte público, aunque con modificaciones. Derlis Maidana, líder de la Comisión de Legislación, resaltó el esfuerzo de varias comisiones en la revisión del proyecto. Señaló que siete comisiones del Senado colaboraron, incluyendo Asuntos Constitucionales, Legislación, Obras Públicas, y otras relacionadas. Se ajustaron 92 artículos de la propuesta del Ejecutivo, de los cuales se aceptaron 20 y se mejoró uno.

Este proyecto busca modernizar el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros y modificar la Ley N° 1590/2000, asegurando la gestión sobre el transporte terrestre.

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El senador Natalicio Chase afirmó que los 122 artículos propuestos para transformar el sector del transporte público fueron considerados, asegurando las condiciones laborales de los trabajadores. Chase enfatizó que no hay vacíos legales y que las condiciones de contratación serán plenamente cumplidas. Además, el proyecto busca descentralizar funciones para mejorar la calidad del servicio.

Se prevé una inversión estatal inicial de 50 millones de dólares. La senadora Blanca Ovelar subrayó la importancia de asegurar la trazabilidad de la información. También indicó que el fideicomiso no sustituye a las empresas, sino que reemplaza al Estado en la provisión de recursos. Ovelar destacó la necesidad de proteger a todas las personas afectadas por las reformas.

El plan incluye concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, cubriendo aspectos como la provisión de flota e infraestructura. La flota no superará los 15 años de antigüedad, priorizando vehículos de bajas emisiones. Además, se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios. La operación se organizará en unidades funcionales para reducir las líneas actuales a 10 empresas operadoras, implementando integración tarifaria.

La posibilidad de una huelga se aviva, ya que los conductores serán sometidos a evaluaciones periódicas para mantener sus empleos, lo cual ha generado críticas. También existe preocupación por la seguridad laboral en caso de que una empresa pierda su concesión. Por estas razones, los conductores planean convocar un congreso para discutir posibles acciones de huelga. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.

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El abogado Óscar Tuma describió la imputación por supuesto lavado de dinero en su contra como apresurada y carente de fundamento. Indicó que la acción de la Fiscalía es un intento de intimidación relacionado con su participación en el caso central de Alexandre Rodrigues, hijo de Eulalio “Lalo” Gomes.

La Fiscalía acusó a Tuma tras recibir propiedades de Rodrigues, investigado actualmente por lavado de dinero. Él aseguró estar tranquilo y explicó que recibió cuatro propiedades como pago de honorarios, ya disponibles para el juzgado. Esto fue una dación en pago debido a que su cliente no podía pagar en efectivo.

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El abogado enfatizó que la operación fue transparente y conocida por el tribunal, sin intención de ocultar nada.

La Fiscalía basa su imputación en que Rodrigues estaba inhibido, pero Tuma aclaró que esa restricción no afectaba los bienes. La escribana verificó que las propiedades estaban libres de gravámenes al momento de la transferencia.

Tuma afirmó que la acusación es prematura, ya que las propiedades aún no se han declarado como obtenidas de un delito y sugirió que es un intento de amedrentarlo por su trabajo en el caso principal. También destacó la importancia de un Ministerio Público independiente y advirtió sobre el uso de la institución como herramienta de persecución.

Además, criticó a la Fiscalía, mencionando que atraviesa su peor momento, acusando a algunos fiscales de falta de capacidad y de ceder a intereses políticos. Confirmó que los inmuebles están a su nombre desde mayo y aseguró estar dispuesto a devolverlos si se ordenara su comiso.

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