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El Tribunal de Sentencia, encabezado por Manuel Aguirre e incluyendo a Lourdes Garcete y Juan Ortiz, sentenció este lunes a Blas Manuel Velázquez Fernández, ex síndico de Quiebras, a seis años de prisión por la doble venta de una propiedad en Mariano Roque Alonso, ocurrida entre 2017 y 2018, con la mayoría de votos de Garcete y Ortiz.

Velázquez Fernández fue encontrado culpable de lesión de confianza y la creación de documentos públicos falsos.

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Al votar en disidencia, el presidente del tribunal, Manuel Aguirre, propuso una condena de dos años con suspensión y compensación inmediata a las víctimas de G. 513.600.000, el valor en aquel momento del terreno en cuestión.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Benjamín Vera, había solicitado siete años de cárcel para Velázquez, vinculado al ex ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes.

La acusación fue iniciada por la fiscal Natalia Cacavelos y luego asumida por el fiscal Julio Ortiz, quien fue recusado por el abogado de la querella adhesiva, Alejandro Nissen, representando a víctimas como Rossana Domínguez Vda. De Sabaté y Joaquín Di Tore.

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Declaraciones del juez Aguirre

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Manuel Aguirre subrayó la importancia de la compensación inmediata a las víctimas y criticó a la Fiscalía por su investigación enfocada únicamente en Velázquez, dejando de lado a otros involucrados.

Sugirió que pudo haber complicidad entre el evaluador y la jueza Julia Alonso, quien aprobó la venta basada en el dictamen de Velázquez, pese a no ser vinculante.

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Detalles de la maniobra de Velázquez

Blas Manuel Velázquez, como síndico en el caso “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental s/ declaración de quiebra”, solicitó la venta de la finca 12.096. La jueza Julia Alonso permitió la venta a Edgar Ramón Larramendia Vera por G. 31.000.000, justificando la operación como beneficiosa para la masa concursal.

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Venta previa del inmueble

El Ministerio Público reveló que la propiedad ya había sido vendida el 29 de mayo de 2009 a Miguel Ángel Sabaté Ostertag por G. 71.000.000, superando ampliamente el precio de la segunda venta aprobada.

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Pese al pago completo de la primera venta, Velázquez ignoró este hecho y procedió con la transacción menos favorable.

El dinero de la primera venta permaneció depositado, asignado por el síndico Velázquez para una devolución a Sabaté Ostertag.

La finca 12.096, vendida en 2017 por G. 31.000.000, reportó un daño económico de G. 519.340.480 a la masa concursal, según la acusación fiscal.

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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso inició este lunes las sesiones informativas para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, recibiendo primero al ministro de Defensa Nacional, Óscar González.

El proyecto asigna al Ministerio de Defensa un total de G. 2,7 billones (US$ 350,3 millones) para el próximo año, lo que representa un incremento de G. 293.945 millones (US$ 37,2 millones) o un 11,9% más que el presupuesto 2025.

El ministerio planifica sumar 742 nuevos efectivos, adquirir material bélico y servicios de seguridad, según reportó el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro González enfatizó que el fortalecimiento del ministerio es una prioridad para el presidente Santiago Peña, aunque reconoció que hay otras instituciones que también requieren apoyo.

Durante la sesión, se discutió la creación de 1.076 cargos, incluyendo fondos para combustible y seguro de seis aviones Super Tucano adquiridos de Brasil. El mantenimiento de estos aviones deberá presupuestarse para 2028.

Sobre los radares comprados, el ministro informó que operan actualmente con dos radares móviles reparados en Israel por US$ 1.080.000, sin detectar vuelos irregulares en una operación inicial en el sur. Además, mencionó un centro de comando y nueve radares comprados a una empresa estadounidense por US$ 45 millones, con entrega prevista en 30 meses desde enero pasado.

En cuanto a los gastos reservados de más de G. 12.000 millones, el ministro defendió su uso, argumentando que con estos fondos lograron abatir a Rubén Darío “Loro” López, del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Finalmente, sobre la Finca 916, invadida y con construcciones, González informó que el asunto está judicializado y la Procuraduría General de la República trabaja en su recuperación.

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La embajada de Israel en Asunción expresó su «enérgica condena» por el ataque terrorista que resultó en varias muertes en Jerusalén. Mediante un comunicado, el embajador de Israel en Paraguay, Amit Mekel, enfatizó el rechazo al atentado del 8 de septiembre, donde un grupo armado abrió fuego contra civiles en una parada de autobús.

La declaración señala que el ataque cobró la vida de al menos seis personas e hirió a más de veinte, afectando a personas en su rutina diaria. Subraya la crueldad del terrorismo y enfatiza que ningún motivo puede justificar tales actos, violatorios de los derechos humanos más básicos.

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El primer ministro Benjamín Netanyahu reafirmó la lucha de Israel contra el terrorismo, incluyendo acciones contra varios grupos y países que los apoyan, afirmando la voluntad de no ceder y seguir combatiendo.

La embajada destaca la determinación de Israel de proteger a sus ciudadanos, y elogió la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad para evitar que el ataque fuera más letal. También mostró solidaridad con las familias de las víctimas y pidió a la comunidad internacional unirse en la condena contra el terrorismo.

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