Nacionales
Diputados absolverán a intendentes de HC acusados de desviar millones
La Cámara de Diputados, liderada por Raúl Latorre (ANR, HC), donde los cartistas dominan, protegen a sus propios intendentes mientras presionan a los opositores. El martes 9 abordarán seis solicitudes de intervenciones. Entre ellos, Hernán Ysidro Rivas, alcalde de Tomás Romero Pereira e investigado por presunto daño de G. 2.000 millones, aunque no hay progresos en su caso.
Tomás Olmedo, alcalde de Ñemby, enfrentó acusaciones por un daño de G. 700 millones. Fue imputado, pero sobreseído en abril. La fiscal Tamara Ávalos dijo que tiene un año más para acusarlo. César Machuca, alcalde de Ybyrarobaná, está bajo la lupa por supuestas obras «fantasma», pero no ha habido avances.
Los tres alcaldes colorados acumulan presuntos desvíos por G. 2.700 millones. Para proteger a los de ANR, el cartismo incluyó la intervención de Juan M. Ávalos, alcalde de Lima, quien no tiene causas legales abiertas. También está Silvio Andrés Peña, alcalde de Emboscada, acusado, pero sin investigación fiscal. Vidal Argüello, de Yby Yaú, enfrenta acusaciones por falta de transparencia, pero denunció a los concejales por falsificación de votos.
El cartismo ha creado condiciones para promover la impunidad, bloqueando intervenciones y alegando falta de tiempo para finalizar los procesos. A diferencia del caso del exalcalde opositor Miguel Prieto, estos casos llevan congelados desde el año pasado. Si se procede con las intervenciones, se formarían comisiones para determinar si son necesarias. El Ejecutivo tendría 15 días para designar interventores, quienes tendrían al menos 60 días para investigar.
Los informes finales podrían estar listos hacia finales de noviembre o principios de diciembre. Si los alcaldes son removidos, se tendrían que convocar elecciones en 90 días, posiblemente en marzo del próximo año, significando un gasto para apenas unos meses de mandato.
El senador Éver Villalba ha obtenido el respaldo de varios dirigentes liberales, incluyendo al senador Líder Amarilla y los diputados Diosnel Aguilera, Arnaldo Valdez y Adrián “Billy” Vaesken. Este apoyo busca fortalecer su candidatura para liderar el Partido Liberal y enfrentarse al movimiento Nuevo Liberalismo, encabezado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.
En un evento en Capiatá, que reunió a casi mil liberales, Líder Amarilla respaldó públicamente a Villalba en su aspiración a presidir el partido, intensificando así la competencia con Nuevo Liberalismo, que propone a Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, para la presidencia del PLRA.
Los legisladores han formado la alianza llamada Frente Radical, uniendo los movimientos Integración Liberal, de Amarilla, y Corriente de Renovación Liberal, de Villalba. Este bloque, que enfrenta a Estigarribia, incluye también a legisladores como Diosnel Aguilera de Ñeembucú, Arnaldo Valdez de Misiones, y Adrián Vaesken de Central, junto a otros dirigentes.
Durante el acto, Villalba criticó la situación actual, subrayando que muchas familias no pueden permitirse lo básico, como un kilo de carne, que representa un lujo inalcanzable. Además, desacreditó el consenso opositor para la intendencia de Asunción que propuso un candidato único, criticando a Kattya González.
Villalba se presenta como una opción diferente, apelando al sector popular y defendiendo una postura radical ante el poder y la desigualdad, abogando por un PLRA comprometido y con autoridad moral como alternativa real.
Denuncias contra Jorge Bogarín por Modificar Programas Académicos
Estudiantes y graduados de la Escuela de Ciencias Políticas, parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), alertan que Jorge Bogarín, calificado como significativamente corrupto por EE.UU., busca controlar esta rama al ofrecer a egresados de Ciencias Jurídicas la posibilidad de completar una licenciatura en Ciencias Políticas en solo un año. Temen que esta iniciativa convierta la carrera en un simple trámite para obtener títulos adicionales y acumular puntos para posiciones de juez y fiscal.
El grupo de Bogarín, ya denunciado varias veces por intentar tomar control de diferentes estamentos de Derecho UNA—como estudiantes, profesores, graduados y representantes no docentes—ahora pretende establecer su influencia en la Escuela de Ciencias Políticas, ubicada en el centro de Asunción.
Actualmente, hay un programa que permite a egresados de Derecho completar Ciencias Políticas en dos años, pero Bogarín y su equipo buscan reducirlo a solo un año. Esta propuesta es atractiva para quienes necesitan más títulos para avanzar en sus carreras.
Los opositores a este plan están organizando una campaña de recolección de firmas para detenerlo, argumentando que devalúa la calidad académica y distorsiona los valores de la ciencia política. Además, critican que no es realista completar una educación rigurosa en tan poco tiempo.
Este plan también incluye otras ofertas académicas con modalidades autogestionadas, híbridas y accesibles, lo cual genera más debate sobre su impacto en la educación universitaria.
En un torneo barrial celebrado en Ñemby, un partido terminó en un violento enfrentamiento entre jugadores. Uno de los futbolistas sufrió lesiones después de recibir patadas en la cabeza y decidió denunciar el incidente para prevenir futuros episodios similares.
El juego, parte del «Torneo del Barrio Rincón de Ñemby» y llevado a cabo en la cancha del club Sol Primavera, se tornó violento cuando una falta provocó discusiones y empujones entre los jugadores de ambos equipos.
Eduardo Gómez, uno de los agredidos, contó que la situación se descontroló al intentar defender a un compañero. Fue derribado y, ya en el suelo, recibió varias patadas en la cabeza, dejándole mareos y dolor persistente. Según Gómez, quien identificó a Andrés Figueroa como el principal agresor, «me atacaron entre siete u ocho personas y todo quedó registrado en video.» Tras ser atendido médicamente, Gómez denunció el hecho en la comisaría.
El incidente fue grabado por un espectador y el video se difundió rápidamente, causando preocupación en la comunidad y entre los organizadores del torneo.
Gómez denunció para evitar que incidentes similares sucedan en otros partidos barriales, esperando que no se repitan en otras canchas. El «Torneo Puku» es conocido por reunir equipos de distintos barrios de Ñemby cada fin de semana, y aunque este tipo de incidentes no había sucedido antes, los participantes admitieron la falta de presencia policial durante el enfrentamiento.
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