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Petropar continúa sin revelar la última enmienda concedida a empresa catarí relacionada con Domínguez
Hace más de un mes, el 30 de julio, expiró la sexta extensión otorgada por Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, relacionada con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
A pesar de que la empresa no cumplió con la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil, valoradas en más de US$ 61 millones, Petropar sigue mostrando una sorprendente indulgencia sin explicar sus decisiones públicas respecto a este controvertido contrato. El 30 de septiembre se cumplirá un año del acuerdo sin resultados claros.
Se sugiere que Petropar otorgó una séptima prórroga hasta el 31 de agosto, aunque este documento no fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Petropar mantiene en reserva la información sobre esta nueva extensión, que también habría vencido sin entrega de combustible.
Este medio ha intentado obtener información oficial durante más de un mes, pero el presidente de Petropar y sus gerentes principales evaden las consultas. La directora de Comunicaciones, Norma Caballero, prometió entrevistas que nunca se concretaron y cada vez que este diario acude a la planta de Villa Elisa, se repiten las mismas promesas. Las solicitudes por escrito también quedaron sin respuesta.
El hermetismo es total y parecería que evadir a la prensa es la estrategia elegida por Jara para no explicar la situación contractual. Aunque él mismo indicó que la compañía debía «hacer las cosas diferentes» para obtener otra prórroga, el incumplimiento persiste y en el portal de la DNCP no figura ninguna rescisión del contrato ni una extensión nueva.
Reconociendo la inexperiencia de Doha Holding, Jara evita finalizar el contrato y ejecutar la garantía de cumplimiento, equivalente al 5% del total (unos US$ 3,05 millones), presentada solo como una declaración jurada, sin seguro ni garantía bancaria.
La empresa utilizó como sede local el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, donde tampoco se pudo explicar sobre el combustible. El estudio pertenece a Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia y representante de Doha Holding. Según documentos, Jiménez autorizó la firma de la sexta adenda del contrato el 30 de junio, horas antes del vencimiento del plazo anterior. Pese a esto, no se cumplió la entrega y no hubo explicaciones públicas tras el vencimiento del 30 de julio.
Julio Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Su hijo, Alejandro Domínguez Pérez, aparece como representante de Doha Holding en el portal de Contrataciones Públicas.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), encabezada por Agustín Encina, no ha iniciado ninguna investigación a pesar de que las continuas extensiones podrían violar la Ley 7021 de Contrataciones Públicas. Esta ley permite modificar contratos hasta un 20% del monto o plazo solo por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. Petropar ha multiplicado por seis el plazo original.
La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, tampoco avanzó en la revisión documental del caso que debía derivar en una auditoría. Cabe mencionar que Petropar rescindió un contrato con Evolution Group, de Emiratos Árabes, al cual había adjudicado la provisión de gasoil por US$ 24 millones. Después de varios incumplimientos, anuló el acuerdo, sin aclarar si ejecutó la garantía millonaria, pero mantiene vigente el contrato con la catarí Doha Holding.
En un torneo barrial celebrado en Ñemby, un partido terminó en un violento enfrentamiento entre jugadores. Uno de los futbolistas sufrió lesiones después de recibir patadas en la cabeza y decidió denunciar el incidente para prevenir futuros episodios similares.
El juego, parte del «Torneo del Barrio Rincón de Ñemby» y llevado a cabo en la cancha del club Sol Primavera, se tornó violento cuando una falta provocó discusiones y empujones entre los jugadores de ambos equipos.
Eduardo Gómez, uno de los agredidos, contó que la situación se descontroló al intentar defender a un compañero. Fue derribado y, ya en el suelo, recibió varias patadas en la cabeza, dejándole mareos y dolor persistente. Según Gómez, quien identificó a Andrés Figueroa como el principal agresor, «me atacaron entre siete u ocho personas y todo quedó registrado en video.» Tras ser atendido médicamente, Gómez denunció el hecho en la comisaría.
El incidente fue grabado por un espectador y el video se difundió rápidamente, causando preocupación en la comunidad y entre los organizadores del torneo.
Gómez denunció para evitar que incidentes similares sucedan en otros partidos barriales, esperando que no se repitan en otras canchas. El «Torneo Puku» es conocido por reunir equipos de distintos barrios de Ñemby cada fin de semana, y aunque este tipo de incidentes no había sucedido antes, los participantes admitieron la falta de presencia policial durante el enfrentamiento.
El asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy en Pedro Juan Caballero hace tres años ha permanecido sin avances durante dos años, tras la muerte del supuesto autor material del crimen.
Humberto Coronel, de 33 años, fue abatido a tiros el 6 de septiembre de 2022 al salir de la radio Amambay 570 AM, justo después de concluir su programa “Marandu ZP15 rupi”. Era conocido como Mbykymi, pues administraba la página de Facebook «Mbykymi Noticias», con casi 100,000 seguidores.
El sicario presunto, Roberto David Cardozo Rojas, paraguayo de 31 años, fue arrestado el 11 de agosto de 2023 tras ingresar herido al Hospital de Capitán Bado debido a un accidente. Tras interrogarlo, se descubrió que el supuesto autor intelectual sería Eder Ronaldo Giménez Duarte, alias Largo, amigo de infancia del periodista y aún prófugo.
Según las investigaciones, Largo habría ordenado la muerte del periodista por proporcionar información a la Policía, aunque no se detallan los datos específicos. El caso quedó detenido tras la muerte de Cardozo Rojas en la prisión de Pedro Juan Caballero el 6 de octubre de 2023.
Solo el arresto de Largo permitiría a las autoridades investigar por qué asesinaron al periodista. Giménez Duarte, alias Largo, también es buscado por un ataque en 2022 a Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, quien moriría al año siguiente en otro atentado en Asunción.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aclaró que la Constitución Nacional no permite cambios legales para autorizar el derribo de aviones en vuelos irregulares. Explicó que la ley vigente solo permite interceptar y disuadir, salvo en legítima defensa.
Raúl Latorre descartó impulsar modificaciones a la Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo para permitir el derribo de aeronaves en situaciones irregulares, debido a que la Constitución lo prohíbe.
«Como legisladores, debemos actuar dentro de los límites de la Constitución. Una ley no puede contradecir principios constitucionales, especialmente cuando son explícitos», comentó. El diputado enfatizó que la pena de muerte está abolida en Paraguay, por lo que aprobar una ley que contemple el derribo automático de aviones sería ilegal y constituiría una ejecución extrajudicial.
Latorre destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercepción y disuasión. Mencionó que ya se han adquirido radares y escuadrones de caza para mejorar el control aéreo y coordinar acciones con otros países.
También señaló que la política de derribo ha ocasionado tragedias en otros lugares, como en Perú, donde un avión con civiles fue abatido por error. «¿Cómo aseguramos que una nave no es de narcotraficantes y que no lleva personas inocentes?», advirtió.
Finalmente, aclaró que la única excepción a la norma vigente es la legítima defensa, cuando una aeronave supone una amenaza directa. Destacó que cambiar esta política requeriría una reforma constitucional, algo que actualmente no está en la agenda.
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