Nacionales
Inauguran la nueva ruta nocturna “Buho-3” hacia Ñemby
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha lanzado un nuevo servicio de transporte nocturno llamado «Búho 3», que cubre la ruta Asunción-Ñemby, pasando por Lambaré. Mientras que «Búho 1» ya está en funcionamiento, «Búho 2» aún está en proceso de licitación.
El primer viaje de «Búho-3» comenzó a las 22:00 desde la intersección de Colón y Palma en Asunción, dirigiéndose a Ñemby. La inauguración contó con la presencia del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, el director Metropolitano de Transporte, Rolando González, y miembros de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA). También asistieron representantes de Guaraní Automotores, la empresa encargada del recorrido nocturno.
El ministro Fernández explicó que «Búho-3» cubrirá la ruta Asunción-Ñemby. Actualmente, el servicio cuenta con cinco unidades que realizarán nueve viajes entre las 22:00 y las 03:20, con salidas cada 40 minutos.
El director Metropolitano de Transporte mencionó que podrían adquirirse más unidades dependiendo de la demanda de los pasajeros. «Búho-1» cubre la ruta Asunción-San Lorenzo, mientras que «Búho-2» está en licitación para cubrir la ruta Asunción-Limpio.
El servicio nocturno comenzó con «Búho-1», adjudicado a la empresa «Bene», con sede en Areguá.
Nacionales
ANDE esperará los resultados de la auditoría antes de decidir sobre la emisión de bonos
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aún no tiene una fecha establecida para la emisión de bonos prevista por la ley de presupuesto. Sin embargo, avanza en los preparativos con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de la ANDE, Félix Sosa, señaló que la decisión final se tomará tras concluir una auditoría internacional en curso.
Según Sosa, una vez finalizada esta auditoría, decidirán si emiten en el mercado bursátil local o internacional. Actualmente, la revisión contable está avanzada en un 90%, lo que sugiere que podría concluir en las próximas semanas.
Sosa no descartó ninguna alternativa y mencionó que podría realizarse una colocación combinada en ambos mercados. La ANDE tiene autorización para emitir bonos por un máximo de G. 1,5 billones (más de US$ 190 millones), cifra confirmada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026, enviado al Congreso. Este proyecto prevé emisiones de otras instituciones públicas, superando juntas los US$ 2.000 millones.
El Tesoro planea colocar hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) busca obtener US$ 312 millones para fortalecer su capital. La ANDE, por su parte, destinará los fondos a proyectos de inversión en el sistema eléctrico y a cumplir compromisos financieros, respondiendo a una creciente demanda energética en el país.
Sosa explicó que en junio ya trabajaban con el MEF para determinar el mejor momento para salir al mercado, con propuestas específicas para el uso de los recursos. También consideraron emisiones en guaraníes y dólares, según lo permitido por la normativa.
La auditoría, llevada a cabo por Ernst & Young Paraguay, busca alinear los estados contables de la ANDE con estándares internacionales, lo que es crucial para ganar confianza entre posibles inversionistas.
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se presentó el avance del proyecto de ley sobre parques industriales en Paraguay. Esta ley busca planificar zonas específicas, asegurar previsibilidad y fomentar el crecimiento del sector industrial. Se aseguró que empresas y municipios participarán en su desarrollo.
El Viceministro de Industria, Marcos Riquelme, informó a ABC Color sobre una consultoría con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para crear una ley moderna de parques industriales en la región. Los técnicos del proyecto han analizado leyes de otros países y han visitado parques industriales para redactar una propuesta «supermoderna y pragmática».
Riquelme explicó la importancia de una zonificación adecuada para establecer parques industriales en áreas municipales designadas. Si las ciudades no cuentan con zonificación urbanística, es complejo determinar ubicaciones para estos parques.
El objetivo es dar certidumbre a las industrias en un contexto de crecimiento económico proyectado en 4,4% para este año, lo que podría traducirse en más empleo y expansión urbana.
Riquelme subrayó que la falta de zonificación afecta a los inversores que construyen industrias y luego se ven rodeados de viviendas, lo que representa un riesgo. Además, genera ineficiencias energéticas, complicando la planificación de consumo eléctrico.
El proyecto involucra a diversas entidades y busca ser finalizado este año. Una vez que una zona se declara industrial, no cambiará su uso, impidiendo nuevos desarrollos residenciales. Además, se incentivará a las industrias a trasladarse a zonas industriales con créditos blandos.
El BID y el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) colaboran en la creación del borrador de la ley, que se discutirá con los afectados para llegar a un consenso antes de presentarlo al Congreso.
Finalmente, Riquelme destacó que la falta de parques industriales limita el crecimiento de la industria paraguaya, ya que actualmente no existen debido a la falta de zonificación adecuada.
Durante la pandemia de COVID-19, el Ministerio Público acusó al exintendente de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, de abuso de confianza y asociación ilícita por la compra del «detergente de oro». Como máxima autoridad, Rodríguez habría colocado personas de su confianza en puestos clave y permitido un daño de 1.808 millones de guaraníes al municipio. La fiscalía, representada por Jorge Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, sostiene que los fondos del gasto 831 no se usaron adecuadamente para la emergencia.
En 2020, Nenecho, como líder municipal, debía manejar los recursos con responsabilidad. Él ubicó a Nidia López y Wilfrido Cáceres en cargos estratégicos. Según el artículo 28 de la Ordenanza N° 608/15, la administración del Fondo Municipal era función del intendente. La acusación alega que no se reguló el uso del fondo de emergencia a tiempo. Las compras supuestamente simuladas entre 2020 y 2021, como la del detergente francés, supusieron un gran perjuicio económico. Ahora, el juez Rodrigo Estigarribia debe fijar fecha para la audiencia preliminar.
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