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La notable ausencia: senador cartista no apoyó al colega que lo traicionó
La elección del presidente del Senado ha vuelto a poner de manifiesto la tensión interna en Honor Colorado. Llamó la atención la ausencia del senador Derlis Maidana (ANR, HC) en la sesión en la que se confirmó a Basilio “Bachi” Núñez como presidente de la Cámara Alta, extendiendo su mandato hasta junio de 2028.
La ausencia de Maidana es significativa, ya que Núñez había impedido que Maidana, el candidato principal para el periodo 2025-2026, asumiera la presidencia del Congreso. Desde noviembre, Núñez implementó una estrategia para mantenerse en el cargo, modificando el reglamento para extender su mandato a dos años consecutivos.
Esto fue visto por algunos como una traición dentro de Honor Colorado, pues el acuerdo original era que Maidana, el segundo senador colorado más votado en 2023, asumiera la presidencia. Aunque Silvio “Beto” Ovelar reclamaba el cargo por ser el más votado, no logró el apoyo necesario.
Núñez coincidió con el debate sobre el Presupuesto General de la Nación 2025, que incluía aumentos salariales polémicos para los legisladores, asegurándose al menos 23 votos para su plan.
El 13 de diciembre, Maidana expresó su descontento, recordando la promesa del presidente Santiago Peña de que él lideraría el Senado en el periodo 2025-2026. Maidana señaló que algunos en su bancada no cumplieron su palabra y sugirió que si no se está de acuerdo, es mejor irse.
La ausencia de Maidana en la votación fue interpretada como un gesto político fuerte, indicando su desaprobación de la continuidad de Núñez. Aunque no hubo declaraciones directas, la ausencia fue leída como un posible indicio de fracturas internas.
Para calmar las tensiones, Maidana fue nombrado miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tras la renuncia de Hernán Rivas debido a un escándalo.
La situación entre Núñez y Maidana sugiere un nuevo conflicto en Honor Colorado de cara al 2025, dejando dudas sobre si Maidana aceptará esta derrota o tomará distancia de la bancada que, según él, le falló.
Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los artículos 41 y 42 de la Ley N° 5498/2015, la cual establece la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera y su carta orgánica.
Este proyecto, impulsado por el diputado Germán Solinger (ANR-Itapúa), busca mejorar el sistema jubilatorio para los inspectores de la Patrulla Caminera. Su propósito es establecer condiciones más justas y sostenibles para estos funcionarios, que trabajan en condiciones exigentes y con riesgos constantes.
El Ministerio de Economía y Finanzas actualmente reconoce los derechos jubilatorios bajo la Ley N° 5498/2015, pero no considera los aportes realizados antes de la creación de la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera. Esto afecta a los «inspectores nacionales». Sin una modificación adecuada, se necesitaría crear una nueva caja fiscal, invalidando los aportes previos de los funcionarios y poniendo en riesgo su derecho a una jubilación justa.
El proyecto resalta las condiciones excepcionales en las que trabajan estos inspectores, quienes soportan climas adversos, largas jornadas, y a menudo están lejos de sus hogares. El documento subraya la necesidad de que el Estado reconozca adecuadamente su labor.
Además, menciona que muchos inspectores han perdido la vida o han sufrido lesiones graves en accidentes viales. La propuesta incluye una pensión para los familiares de aquellos fallecidos en servicio, destacando el compromiso con su protección social.
El diputado Solinger enfatiza que el desgaste físico y mental de estos trabajadores no se refleja en el sistema jubilatorio actual. Plantea la necesidad de un marco legal que reconozca su esfuerzo y riesgos.
La Constitución Nacional permite al Congreso definir los regímenes jubilatorios, fortaleciendo la propuesta presentada. Esta fue enviada a varias comisiones para su análisis.
De aprobarse, la reforma significaría un avance hacia la justicia previsional para los funcionarios de la Patrulla Caminera, reconociendo su contribución a la seguridad vial y asegurando un retiro digno después de años de servicio.
El sábado por la tarde, el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal comunicó a sus afiliados y a la opinión pública sobre una revisión de sentencia.
Con respecto a la reciente decisión del Tribunal de Cuentas, en la cual ordena que el presidente y miembros del consejo devuelvan a la institución las bonificaciones recibidas en 2024, el Consejo emitió un comunicado para aclarar ciertos aspectos.
La Caja informó que la Resolución del Tribunal es «extra petita», abarcando temas no planteados en el proceso y fuera de los lineamientos jurídicos, según indican. Se observa una interpretación parcial de las leyes 122/93, 2102/03, la Ley de Presupuesto y su decreto reglamentario.
Los pagos en cuestión fueron incluidos en el anteproyecto presentado al Ministerio de Economía y Finanzas y aprobados en la ley de Presupuesto, aspecto no considerado por el Tribunal, detalla el comunicado.
El Dictamen N° 28/2024 y el informe SIME N° 832/2024 reconocen la legalidad de las diferencias salariales y bonificaciones pagadas por el Consejo.
La resolución anulada por el Tribunal de Cuentas corresponde a un acto administrativo regular y válido, no cuestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, autoridad en materia presupuestaria. En el caso penal relacionado, existe un sobreseimiento provisional, y se demostrará que los pagos son regulares.
Por último, se menciona que los afectados por esta resolución presentarán los recursos administrativos necesarios para la revisión de la sentencia, que consideran arbitraria y motivada por factores extrajurídicos.
Un individuo con un historial delictivo fue objeto de un atentado por sicarios la noche del sábado en Pedro Juan Caballero. La víctima falleció de inmediato mientras los agresores escaparon del lugar.
El homicidio ocurrió poco después de las 19:00 en la calle Campeones del 65, cerca de la Ruta PY-05 casi Fernando de la Mora. La víctima, Reginaldo Núñez Blanco, conocido como «Rey» y de 38 años, tenía varios antecedentes penales. Testigos informaron a la Policía Nacional que los atacantes se movían en una camioneta.
Reginaldo Núñez Blanco, alias «Rey,» tenía antecedentes por posesión y tráfico de marihuana desde 2014, así como por violencia familiar, abigeato y asociación criminal. En 2024, fue arrestado durante una operación que desmanteló una banda de abigeos, pero luego fue liberado durante la investigación.
Los investigadores de la Policía en Amambay han comenzado acciones para esclarecer el crimen. Recibieron descripciones del vehículo usado por los atacantes y están revisando imágenes de cámaras en la zona, dada su alta concurrencia y tránsito.
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