Luis Enrique Chase Plate, profesor y diplomático y padre del senador colorado cartista Natalicio Chase, encabeza la lista de candidatos para el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), dentro del grupo liderado por Jorge Bogarín Alfonso, quien ha sido señalado como significativamente corrupto por el Gobierno de los EE. UU. Junto a Chase Plate, figura como segunda en la lista la jueza civil Karen González, esposa del acusado por los EE. UU. de corrupción, quien busca su reelección en el consejo.
El 24 de junio de 2024, Chase Plate, de 85 años, fue distinguido como hijo ilustre de Asunción por su labor docente en Derecho Administrativo. La distinción fue otorgada por la Junta Municipal, conducida entonces por César “Ceres” Escobar, quien ganó las recientes elecciones en Derecho UNA como representante no docente. Escobar y Bogarín asumirán la próxima semana sus cargos en el consejo directivo, a la espera de las elecciones para representantes docentes.
Otro candidato del grupo de Bogarín es Guillermo Casco Espínola, un juez electoral que fue destituido del Jurado de Enjuiciamiento tras confirmarse irregularidades. Casco Espínola es candidato a miembro titular del Tribunal Electoral Independiente de la Facultad de Derecho. Las elecciones docentes están previstas para el 10 de octubre.
Los docentes de Derecho UNA han denunciado que el grupo de Bogarín intenta modificar el reglamento docente para beneficiar a sus aliados. En una sesión extraordinaria, el consejo directivo, con la presencia de Marco Aurelio González, que renunció como procurador general y ahora es directivo del Banco Central del Paraguay, entre otros, decidió posponer el debate sobre la modificación reglamentaria, comprometiéndose a difundir la propuesta.
Un grupo opositor, «Docentes por la Excelencia», liderado por los ministros de la Corte Suprema, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón, y el juez Osvaldo González Ferreira, criticó los cambios propuestos por Bogarín.
El decano Carlos González Morel nombró a Rubén Romero Toledo como director académico de la filial Coronel Oviedo, acción cuestionada por estudiantes que señalaron irregularidades y falta de concurso previo. Este nombramiento fue anulado por el consejo directivo, pero el decano aún puede apelar.
Romero Toledo estuvo involucrado en un escándalo en 2020 relacionado con la Corte Suprema, donde fue captado presuntamente compartiendo respuestas de una prueba.