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Pobladores dejan basura frente a la Municipalidad de Arroyos y Esteros en protesta contra el intendente

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Pobladores dejan basura frente a la Municipalidad de Arroyos y Esteros en protesta contra el intendente
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Arroyos y Esteros: La tensión entre la Municipalidad y los ciudadanos volvió a estallar el lunes por la tarde, cuando un grupo de residentes lanzó bolsas de basura frente al edificio comunal en protesta contra el intendente José Filippi Vera (ANR).

Los desechos fueron trasladados desde la localidad de Mainumby, donde los vecinos acusan al jefe comunal de haber ordenado el vertido de basura días atrás.

Con micrófonos en mano, los manifestantes expresaron sus quejas, acusando directamente a Filippi de ser «corrupto» y de poner en peligro los recursos naturales de la zona.

«Señor basurero José Filippi Vera, aquí le devolvemos su basura que mandó a tirar en los humedales, contaminando nuestros ríos y sin pensar en el futuro de nuestros hijos», exclamó una vocera durante la manifestación.

Los ciudadanos pidieron a los policías en el lugar que se apartaran, aclarando que la protesta no era contra ellos, sino contra las decisiones de las autoridades municipales.

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Un conflicto de larga data

Este conflicto se remonta a 2024, cuando la empresa El Farol S.A., que controla la recolección de basura en Asunción y Central, intentó abrir un depósito de desechos en los humedales de Arroyos y Esteros.

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Representada por José Fernando Vega, Adelaida Cañete Ojeda, Gonzalo Eduardo Enjunto, Ángel Gómez Rivarola y Hans Herman Staseek, la empresa ha expandido su influencia a otras regiones en la última década. Esta iniciativa generó un fuerte rechazo de la comunidad.

La situación se complicó más a principios de este año cuando se confirmó que la Municipalidad, con el apoyo del gobernador Denis Lichi (ANR) y del intendente Filippi Vera, promovía la construcción de un vertedero en Mainumby, a solo 1.400 metros del río Piribebuy.

Vecinos, agricultores de caña y concejales denunciaron que el proyecto pone en riesgo la biodiversidad, el agua y la producción de caña de azúcar orgánica, una actividad clave en la región.

En febrero, las protestas alcanzaron su punto máximo cuando un grupo de vecinos ocupó la Municipalidad, y nueve concejales apoyaron las demandas, logrando la revocación de la decisión que permitía el vertedero.

Paralelamente, se presentó una acción de amparo constitucional, alegando que el proyecto fue aprobado sin consulta pública ni estudios de impacto ambiental.

Así se ve la zona donde se pretendía hacer un vertedero en Arroyos y Esteros.

Creciente desconfianza ciudadana

Lo sucedido el lunes destaca la falta de confianza hacia las autoridades locales. En lugar de atender las demandas ambientales y sociales, el intendente Filippi es acusado de repetir acciones que la comunidad ya había rechazado, como el vertido irregular de basura en áreas frágiles.

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La protesta demuestra que en Arroyos y Esteros, los ciudadanos están decididos a proteger sus recursos naturales, incluso enfrentándose a las instituciones locales. La devolución pública de desechos fue un acto simbólico de resistencia y una advertencia: la comunidad no permitirá que sus humedales y su agricultura sean sacrificados por intereses empresariales o políticos.

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En el pasado, cuando los residentes ocuparon la Municipalidad en enero, el intendente José Filippi Vera (ANR) negó responsabilidad, diciendo que la zona destinada al vertedero no era de riesgo, tratando de minimizar las preocupaciones ante el proyecto controversial.

Nuevamente se intentó contactar a Filippi para discutir la situación actual, pero no respondió. También se intentó hablar con el gobernador Denis Lichi (ANR), sin obtener respuesta.

Estamos disponibles si desean hacer comentarios sobre el caso.


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Administrador sampedrano gestionó abundantes fondos, pero el municipio enfrenta grandes deudas

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Administrador sampedrano gestionó abundantes fondos, pero el municipio enfrenta grandes deudas
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El intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Carlos Quiñónez (ANR-HC), que asumió el cargo en septiembre de 2023 en lugar del acusado Gustavo Rodríguez (ANR-HC), ha manejado G. 38.116 millones hasta septiembre, provenientes del Tesoro Nacional y fondos propios.

No obstante, estos recursos no se reflejan en mejoras en San Pedro de Ycuamandyyú, ya que las obras municipales casi no existen y la gestión de Quiñónez está marcada por presuntas irregularidades, deudas significativas a contratistas y falta de pagos a empleados.

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El Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió G. 22.487 millones entre royalties, Fonacide, juegos de azar y compensaciones sociales. En 2023 recibió G. 10.624 millones, en 2024 obtuvo G. 7.858 millones, y de enero a septiembre de 2025, unos G. 4.005 millones destinados a obras para los sampedranos.

Además, administró G. 15.629 millones de recursos genuinos. En 2023 la recaudación fue G. 4.888 millones, en 2024 alcanzó G. 5.673 millones, y este año ya se recaudaron G. 5.068 millones.

Quiñónez trató de hipotecar la comuna emitiendo bonos por G. 48 mil millones, propuesta que fue rechazada por la Junta Municipal tras presión ciudadana. Planeaba destinar G. 24 mil millones para un complejo deportivo, al que ya se asignaron G. 900 millones, pero solo se ha removido el suelo.

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Debido a la falta de pagos, un acreedor retiró muebles de la Junta Municipal y varias obras, como un polideportivo en el barrio San Rafael, están paralizadas. Quiñónez solicitó recientemente un préstamo de G. 2 mil millones a la banca privada para pagar salarios, el cual será revisado por comisiones este miércoles.

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TSJE eliminó requisito para máquinas de votación, beneficiando a empresa con nexos cuestionables

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TSJE eliminó requisito para máquinas de votación, beneficiando a empresa con nexos cuestionables
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Los documentos del nuevo llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de máquinas de votación, de cara a las elecciones municipales de 2026, muestran que se eliminó un requisito clave que previamente descalificó a Comitia Paraguay-MSA en un intento de compra de máquinas. La rapidez en los plazos y los vínculos de la empresa con antiguos socios de Santiago Peña alimentan sospechas de favorecimiento hacia la compañía argentina.

El TSJE lanzó el viernes pasado un llamado para arrendar 18.000 máquinas de votación, con un presupuesto de 34.101.788 dólares, tras cancelar la licitación para comprar 28.000 máquinas el mes anterior. El cambio a la modalidad de excepción se justifica por la necesidad urgente de disponer del equipo para las elecciones de 2026. Esta urgencia beneficiaría al consorcio Magic Solution Argentina y su filial Comitia Paraguay, siendo el único fabricante con experiencia en alquiler de máquinas en el país.

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El análisis de los pliegos de la licitación cancelada y el nuevo pliego de arrendamiento revela ajustes técnicos que fueron cruciales para la descalificación de MSA antes. En la oferta cancelada, Comitia-MSA fue rechazada por no cumplir con las especificaciones de la pantalla táctil, que debía ser LCD capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo. Ahora, el requisito se cambió eliminando la necesidad de que sea «capacitiva».

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Un documento de MSA en el llamado anterior mencionó que su equipo usa tecnología infrarroja multitáctil, no capacitiva, destacando que la tecnología IR es más resistente y menos sensible a las condiciones de limpieza, aunque «menos precisa».

MSA es representada por el Estudio Gross Brown a través de Franco Boccia y Pablo Debuchy, ambos con vínculos en ueno Bank. Hasta marzo, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding y socio del Grupo Vázquez.

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DD.JJ. de Peña: evidencia de recuperación mientras la población sigue agobiada – Política

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DD.JJ. de Peña: evidencia de recuperación mientras la población sigue agobiada – Política
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Para el diputado opositor Adrián «Billy» Vaesken del PLRA, la declaración jurada actualizada del presidente de la República, Santiago Peña, busca un «blanqueamiento con apoyo institucional». Según Vaesken, esto confirma que «ellos ya están mejor», mientras que la población no tiene dinero.

Afirmó que al presentar la declaración ante la Contraloría, Peña busca que esta institución, controlada por el Partido Colorado, certifique que sus bienes están en orden, lo que él describe como un «blanqueamiento con aval institucional».

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Por otro lado, el parlamentario señaló que la oposición tenía razón al advertir que, a diferencia de la ciudadanía, «ellos ya están mejor», ya que Peña declaró tener 1.500 millones de guaraníes adicionales en solo dos años de gobierno.

Vaesken criticó que, bajo el gobierno de Santiago Peña y del cartismo, la desigualdad ha aumentado en Paraguay, beneficiando solo a unos pocos, mientras que el pueblo sigue sumido en la pobreza debido a la falta de ingresos.

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