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En la evaluación se observó que en mayo del año anterior había alrededor de 650,000 empresas operando bajo las normativas tributarias en el país, de las cuales 65,000 estaban registradas en el IPS. Esto indica que la evasión patronal alcanzaba aproximadamente el 90%, aunque este porcentaje se redujo ligeramente con nuevos registros. Según datos de la DNIT, en 2023 había 650,491 contribuyentes activos con obligaciones relacionadas con el Impuesto a la Renta Empresarial. En 2024, esta cifra subió a 688,786, y para julio de 2025, llegó a 714,315 empresas.

El IPS señala que la incorporación al sistema previsional es el resultado de un proceso que inicia con el intercambio de información con instituciones aliadas. Cuando los análisis indican posibles evasiones o subdeclaraciones, se realizan verificaciones in situ en los sectores y regiones afectadas. Esta estrategia busca identificar irregularidades en sectores específicos, representando un avance en la lucha contra la informalidad laboral. Sin embargo, los datos también evidencian que persiste una resistencia a formalizarse, especialmente en actividades con alta rotación laboral.

En lo que respecta a los sectores no incluidos en el sistema previsional, el IPS ha detectado que existe un porcentaje significativo de trabajadores no afiliados al seguro social. La informalidad y alta rotación en ciertas actividades evidencian esta evasión, según destacó la institución.

En concordancia, se identificó que los sectores con mayor evasión en el país son el comercio al por mayor y menor, los servicios al público, empresas comerciales, construcción, transporte, servicios generales, hoteles, bares y restaurantes. La informalidad laboral pasó del 64.1% en 2017 al 62.5% en 2024, una disminución de 1.6 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2022 se notó un incremento al 63.4% antes de volver a reducirse.

Por sectores, la construcción mostró un nivel de informalidad que pasó de 88.1% en 2017 a 85% en 2024, reduciendo 3.1 puntos. En el comercio, la tasa bajó de 69.9% a 66.7% en igual periodo. En cambio, la industria manufacturera tuvo una caída más pronunciada, de 62.3% a 56.8%. Los servicios sociales registraron un leve aumento de informalidad del 58.5% al 61.5%, y transporte se mantuvo estable, pasando de 54.8% a 55.6%. El sector financiero y de seguros, más formalizado, redujo su tasa de 43.6% a 38.9%.

El impacto de esta situación es significativo. Afecta directamente a los trabajadores, privándolos de aportes jubilatorios, cobertura médica y seguridad ante accidentes o enfermedades. También limita los ingresos del sistema previsional, debilitando su sostenibilidad a largo plazo. La evasión patronal se traduce en una sobrecarga para quienes sí contribuyen, generando competencia desleal entre empresas formales e informales.

Otro aspecto crucial es el efecto fiscal. Al operar informalmente, muchas empresas reducen sus contribuciones a la seguridad social y al fisco, significando una pérdida significativa de recursos para el Estado. Esta dinámica crea un círculo vicioso: menos aportes se traducen en menos inversión en salud y jubilaciones, erosionando a su vez la confianza en el sistema y reforzando la idea de que no vale la pena contribuir.

Aunque el intercambio de información entre instituciones ha permitido detectar irregularidades con más precisión, se advierte que el éxito de estas políticas depende de que vayan acompañadas de incentivos claros para la formalización, como simplificación de trámites, reducción de costos iniciales y campañas de concienciación sobre los beneficios de la cobertura social.

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La experiencia internacional muestra que la formalización requiere controles más estrictos y un entorno que haga atractivo cumplir con las obligaciones. En Paraguay, el desafío es equilibrar la necesidad de fiscalización con medidas que alivien las cargas de las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales operan en márgenes reducidos y ven la formalidad como un costo difícil de asumir.

El reto es doble: por un lado, consolidar la formalización alcanzada en el último año; por el otro, implementar mecanismos que reduzcan los incentivos para operar fuera del sistema. En este contexto, la colaboración entre el IPS y la DNIT se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia un mercado laboral más transparente, donde la protección social deje de ser una excepción y se convierta en la norma para los trabajadores paraguayos.

Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.

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La reunión entre el Ministerio de Trabajo, la Federación de Trabajadores del Transporte y el Viceministerio de Transporte nuevamente se aplazó sin cancelar la huelga de conductores prevista para el 3 y 4 de septiembre.

A pesar de que las autoridades mencionaron un “principio de acuerdo” sobre algunas demandas, los trabajadores insisten en que mantendrán la huelga hasta que haya un acta que formalice los puntos acordados. Los conductores desean documentar los cambios propuestos al proyecto de reforma del transporte público, que será analizado mañana en el Senado.

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Tras más de tres horas de diálogo, el viceministro de Trabajo, César Segovia, informó que hubo un consenso preliminar en tres temas: la reabsorción del 100% de los trabajadores afectados por la reforma, detallando la relación con las patronales en el nuevo esquema de transporte, y asegurando el derecho a huelga en la normativa laboral, rechazando que el servicio de transporte sea considerado imprescindible.

Segovia, junto al viceministro de Transporte Emiliano Fernández, indicó que el acuerdo debe formalizarse pronto y que existen posibilidades de cancelar la huelga, pero la reunión continúa pospuesta. Fernández señaló que buscan asegurar empleo para los conductores y evitar interrupciones en el servicio. No obstante, no detalló cómo se establecerán las relaciones contractuales.

Gerardo Giménez, presidente de Fetrat, aclaró que la huelga sigue en pie. Los trabajadores presentarán su propuesta de acta, que será evaluada antes de decidir. Giménez expresó preocupaciones sobre el procedimiento en el Senado que limita cambios al proyecto y teme que sus propuestas no sean consideradas.

La mesa tripartita se reunirá nuevamente con el objetivo de finalizar un documento que brinde certidumbre a los trabajadores y tranquilidad a los usuarios, en medio de la inminente discusión de la reforma en el Senado.

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La Cámara de Diputados planea analizar en su sesión ordinaria el proyecto de ley sobre «protección de datos personales». Si se ratifica la versión de la Cámara Baja, podría significar el fin de las leyes de transparencia y acceso a la información pública, protegiendo los excesos de algunos políticos.

Este tema es el punto 17 en la agenda de la sesión de hoy a las 9:00. Hay dos posibles resultados: la eliminación de las leyes de transparencia o una versión del Senado, menos perjudicial para el acceso ciudadano a información sobre el uso del dinero público.

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La aprobación de la versión de Diputados representaría un gran retroceso en más de diez años de transparencia, que han revelado casos de corrupción y nepotismo entre políticos. Permitirá también ocultar los viajes financiados por contribuyentes y negar información que ahora es obligatoria.

Para ratificar su versión, se necesita una mayoría absoluta de 41 votos. Si no logran estos votos, se aprobará la propuesta del Senado. Si lo consiguen, el Senado tiene una última oportunidad para imponerse, necesitando también mayoría absoluta.

La responsabilidad recae sobre la mayoría cartista en la Cámara Baja, quienes paradójicamente podrían destruir las leyes promulgadas por su líder, Horacio Cartes, en 2014. Una última opción, aunque improbable, es que el presidente Santiago Peña vete parcialmente la ley.

Cabe destacar que gracias a estas leyes, ahora en peligro, se descubrió que Peña tenía acciones en Ueno Holding, cuyos socios obtenían grandes licitaciones estatales. Peña tuvo que vender su participación y ha defendido a sus aliados en casos de nepotismo y debilitó la ley contra conflictos de intereses en el Estado.

El proyecto lleva un mes sin ser tratado en Cámara Baja. En la sesión anterior, los cartistas dejaron sin quórum antes de discutirlo. Ahora, al estar en el punto 17 de la agenda, podría indicar falta de interés o una estrategia para aprobar su versión sin mucho alboroto.

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