Nacionales
Justicia favorece a intendente cartista condenado
Un Tribunal de Apelación favoreció al intendente condenado Hilario Adorno (ANR-HC) al reducir a 100 metros la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Puerto Casado. Antes tenía una restricción de 500 metros que violaba frecuentemente, pero en vez de enviarlo a prisión, los jueces le ajustaron la medida.
Hilario Adorno, elegido como intendente de Puerto Casado, fue condenado a 3 años y 8 meses por mala gestión y se le impuso una restricción de 500 metros para evitar que se acercara al edificio municipal, la cual violaba constantemente. Por ese motivo, el intendente interino Domingo Vera (ANR) lo había denunciado.
El Tribunal de Sentencia había advertido a Adorno que podría enfrentar prisión si seguía violando la medida. Sin embargo, el Tribunal de Apelación reconsideró la restricción y la redujo a 100 metros, justificando la presencia de Adorno en áreas previamente restringidas.
Adorno, hermano del diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), argumentó que era imposible cumplir con la restricción de 500 metros debido a la ubicación de Puerto Casado y solicitó al Tribunal de Sentencia su reducción. Aunque inicialmente fue rechazado, presentó un Recurso de Apelación General.
Finalmente, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los jueces Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, decidió unánimemente revocar parcialmente el fallo anterior, manteniendo las medidas cautelares pero reduciendo la restricción a 100 metros.
En redes sociales, Adorno celebró lo que consideró un «gran triunfo», afirmando que fue elegido por el pueblo y criticando al intendente interino Domingo Vera, a quien acusó de usurpar el cargo tras su prohibición.
Una pareja sospechosa de cometer asaltos en moto fue arrestada en Asunción después de realizar varios robos durante la madrugada del lunes. La Policía consiguió recuperar las pertenencias de las víctimas y decomisar un arma de fuego y cuchillos utilizados en los delitos.
Una pareja de presuntos motociclistas delictivos fue detenida al amanecer de este lunes en el barrio San Carlos de Asunción, tras ser acusada de llevar a cabo varios robos agravados a personas que salían de sus casas rumbo al trabajo. El operativo fue liderado por la Comisaría 12ª.
De acuerdo con el comisario Misael Aguilera, los delincuentes usaban una motocicleta y, armados con un arma de fuego y cuchillos, interceptaban a las personas en diferentes calles del área baja de la capital, despojándolas de celulares, carteras y dinero.
Tras recibir denuncias de las víctimas, la Policía organizó una operación que logró capturar primero a la mujer y luego al hombre que dirigía los robos. Durante el procedimiento se recuperaron los objetos robados y se decomisaron un arma de fuego calibre 22, dos armas blancas de fabricación casera y varios objetos de las víctimas.
Las detenciones se llevaron a cabo cerca del puente Héroes del Chaco, después de un operativo de cierre de accesos en la zona. La moto usada en los robos aún no ha sido encontrada, pero los investigadores siguen tratando de localizarla.
Los detenidos son Juan Ángel Báez Castillo, de 31 años, con varios antecedentes por robo agravado, reducción y exposición al peligro en el tránsito, e Ivón Beatriz Vázquez Figueredo, de 25 años, sin antecedentes. La Policía envió a los arrestados y las evidencias al Ministerio Público para seguir el proceso legal.
La senadora colorada Lizarella Valiente presentó un proyecto para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) entregue informes detallados sobre los ingresos y gastos de campaña del diputado opositor Raúl Benítez. Muchos ven esta acción como una respuesta a las críticas recientes de Benítez hacia Valiente.
El lunes, Valiente, miembro del partido cartista, solicitó al TSJE información completa sobre el financiamiento de la campaña de Benítez en las elecciones de 2023. Este pedido abarca la declaración de ingresos y gastos de campaña, detalles de fondos y donantes, y gastos con identificación de beneficiarios, entre otros aspectos. Valiente argumenta que esto es esencial para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
El motivo tras esta solicitud es que Benítez había señalado en redes sociales que las transferencias millonarias de los bonos G8 a la Municipalidad de Asunción, durante la gestión de Óscar «Nenecho» Rodríguez, coincidieron con las internas partidarias en las que Valiente fue una de las candidatas más votadas.
Benítez escribió en la red social X sugiriendo que la banca de Valiente podría estar siendo pagada en cuotas, lo cual provocó la reacción de esta última.
Como respuesta, Valiente envió una escribana al despacho de Benítez para que confirmara o retractara sus declaraciones. El diputado insistió en que la senadora debe explicar públicamente el manejo de recursos ligados a fondos estatales.
El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, destacó que fue el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) quien decidió cancelar la licitación para adquirir máquinas de votación. La DNCP solo había solicitado una revisión conforme a la ley.
Encina indicó que la DNCP recomendó al TSJE que retrocediera en el proceso debido a irregularidades en la justificación y cumplimiento de normativas. Según explicó, no incluyeron todas las consultas y respuestas a los oferentes en su informe de evaluación, lo que creó una situación desfavorable para las empresas participantes.
Encina criticó que se aplicaron pruebas técnicas no previstas en el pliego de condiciones, lo cual perjudicó a los oferentes. Añadió que la DNCP no demoró el proceso, ya que el 70% del tiempo lo tuvo el TSJE, y que la DNCP resolvió su parte en solo seis días.
Finalmente, Encina cuestionó que el TSJE optara por cancelar el proceso en lugar de reevaluarlo adecuadamente, sugiriendo que cedieron a presiones políticas, ya que fue su decisión cancelar el proceso.
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