Nacionales
El cartismo critica a opositores mientras protege a intendentes sospechosos
A trece meses de las elecciones municipales de 2026, el cartismo sigue respaldando a sus controvertidos intendentes colorados mientras critica y destituye a otros, como al alcalde de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). En la lista de intendentes de Honor Colorado se encuentran un condenado y varios procesados por supuesta corrupción. Entre los protegidos están el clan Samaniego de Quyquyhó, el padre del senador Hernán Rivas, Hilario Adorno, hermano del diputado «Mino» Adorno, y Tomás Olmedo de Ñemby, quien está imputado.
Desde junio de 2023, una mayoría cartista en la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), ha desestimado las intervenciones a intendentes oficialistas. El único intendente cartista obligado a dimitir fue Oscar «Nenecho» Rodríguez, pero en respuesta, destituyeron a Miguel Prieto de Ciudad del Este.
El cartismo desafía a la ciudadanía, confiando en que no habrá repercusiones en las elecciones municipales de 2025 y 2026 y en las presidenciales de 2028. La Comisión de Asuntos Municipales, liderada por el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), ha bloqueado pedidos de intervención, incluyendo los relacionados con su esposa, la intendenta Patricia Corvalán, también imputada.
Casos de pedidos de intervención no tratados incluyen a los intendentes de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (padre del senador cartista Hernán David Rivas) y de Puerto Casado, Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo «Mino» Adorno.
Otros casos destacados son los de Ñemby, donde se protege a Tomás Olmedo, y en Carapeguá, a Luciano Cañete, así como en San José del Rosario a Miguel Ángel Gray. Desde octubre del año pasado, persisten sin tratamiento los pedidos contra Olmedo de Ñemby y César Darío Machuca de Ybyrarobaná.
Se detectaron casos de intendentes procesados pero protegidos por sus juntas municipales, como Víctor Garay de Jesús de Tavarangué, acusado de un perjuicio millonario. Agustín Ovando de Santaní, pese a estar imputado, no enfrenta intervención y Emigdio Ruiz Díaz de San Bernardino, con problemas legales, sigue contando con el respaldo del presidente Santiago Peña.
Nacionales
Administrador sampedrano gestionó abundantes fondos, pero el municipio enfrenta grandes deudas
El intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Carlos Quiñónez (ANR-HC), que asumió el cargo en septiembre de 2023 en lugar del acusado Gustavo Rodríguez (ANR-HC), ha manejado G. 38.116 millones hasta septiembre, provenientes del Tesoro Nacional y fondos propios.
No obstante, estos recursos no se reflejan en mejoras en San Pedro de Ycuamandyyú, ya que las obras municipales casi no existen y la gestión de Quiñónez está marcada por presuntas irregularidades, deudas significativas a contratistas y falta de pagos a empleados.
El Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió G. 22.487 millones entre royalties, Fonacide, juegos de azar y compensaciones sociales. En 2023 recibió G. 10.624 millones, en 2024 obtuvo G. 7.858 millones, y de enero a septiembre de 2025, unos G. 4.005 millones destinados a obras para los sampedranos.
Además, administró G. 15.629 millones de recursos genuinos. En 2023 la recaudación fue G. 4.888 millones, en 2024 alcanzó G. 5.673 millones, y este año ya se recaudaron G. 5.068 millones.
Quiñónez trató de hipotecar la comuna emitiendo bonos por G. 48 mil millones, propuesta que fue rechazada por la Junta Municipal tras presión ciudadana. Planeaba destinar G. 24 mil millones para un complejo deportivo, al que ya se asignaron G. 900 millones, pero solo se ha removido el suelo.
Debido a la falta de pagos, un acreedor retiró muebles de la Junta Municipal y varias obras, como un polideportivo en el barrio San Rafael, están paralizadas. Quiñónez solicitó recientemente un préstamo de G. 2 mil millones a la banca privada para pagar salarios, el cual será revisado por comisiones este miércoles.
Nacionales
TSJE eliminó requisito para máquinas de votación, beneficiando a empresa con nexos cuestionables
Los documentos del nuevo llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral para el alquiler de máquinas de votación, de cara a las elecciones municipales de 2026, muestran que se eliminó un requisito clave que previamente descalificó a Comitia Paraguay-MSA en un intento de compra de máquinas. La rapidez en los plazos y los vínculos de la empresa con antiguos socios de Santiago Peña alimentan sospechas de favorecimiento hacia la compañía argentina.
El TSJE lanzó el viernes pasado un llamado para arrendar 18.000 máquinas de votación, con un presupuesto de 34.101.788 dólares, tras cancelar la licitación para comprar 28.000 máquinas el mes anterior. El cambio a la modalidad de excepción se justifica por la necesidad urgente de disponer del equipo para las elecciones de 2026. Esta urgencia beneficiaría al consorcio Magic Solution Argentina y su filial Comitia Paraguay, siendo el único fabricante con experiencia en alquiler de máquinas en el país.
El análisis de los pliegos de la licitación cancelada y el nuevo pliego de arrendamiento revela ajustes técnicos que fueron cruciales para la descalificación de MSA antes. En la oferta cancelada, Comitia-MSA fue rechazada por no cumplir con las especificaciones de la pantalla táctil, que debía ser LCD capacitiva policromática de 21 pulgadas, como mínimo. Ahora, el requisito se cambió eliminando la necesidad de que sea «capacitiva».
Un documento de MSA en el llamado anterior mencionó que su equipo usa tecnología infrarroja multitáctil, no capacitiva, destacando que la tecnología IR es más resistente y menos sensible a las condiciones de limpieza, aunque «menos precisa».
MSA es representada por el Estudio Gross Brown a través de Franco Boccia y Pablo Debuchy, ambos con vínculos en ueno Bank. Hasta marzo, el presidente Santiago Peña fue accionista en ueno Holding y socio del Grupo Vázquez.
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DD.JJ. de Peña: evidencia de recuperación mientras la población sigue agobiada – Política
Para el diputado opositor Adrián «Billy» Vaesken del PLRA, la declaración jurada actualizada del presidente de la República, Santiago Peña, busca un «blanqueamiento con apoyo institucional». Según Vaesken, esto confirma que «ellos ya están mejor», mientras que la población no tiene dinero.
Afirmó que al presentar la declaración ante la Contraloría, Peña busca que esta institución, controlada por el Partido Colorado, certifique que sus bienes están en orden, lo que él describe como un «blanqueamiento con aval institucional».
Por otro lado, el parlamentario señaló que la oposición tenía razón al advertir que, a diferencia de la ciudadanía, «ellos ya están mejor», ya que Peña declaró tener 1.500 millones de guaraníes adicionales en solo dos años de gobierno.
Vaesken criticó que, bajo el gobierno de Santiago Peña y del cartismo, la desigualdad ha aumentado en Paraguay, beneficiando solo a unos pocos, mientras que el pueblo sigue sumido en la pobreza debido a la falta de ingresos.
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