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Los datos proporcionados por el Club Deportivo Capiatá indican que Erico Galeano, senador cartista, fue dirigente de la institución hasta enero de 2021. Sin embargo, la Asociación Paraguaya de Fútbol contradice esta información, ya que asegura que el legislador, implicado en el caso «A Ultranza», ocupó un puesto directivo hasta agosto de 2022.

Durante la primera semana del juicio oral a Erico Galeano Segovia, acusado de supuesta lavado de dinero y asociación ilícita ligada al narcotráfico, el fiscal Silvio Corbeta presentó documentación sobre los presuntos vínculos del senador con el caso «A Ultranza».

En las audiencias del 29 de septiembre, se resaltaron dos informes solicitados por la fiscalía provenientes del Club Deportivo Capiatá y la Asociación Paraguaya de Fútbol, acerca del tiempo que Erico estuvo en la dirigencia del club.

El informe del Club Deportivo Capiatá señala que Galeano fue presidente desde febrero de 2017 hasta enero de 2021, y dejó su cargo antes de la llegada del jugador uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, el 6 de abril de 2021. Sin embargo, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirma que Galeano continuó como vicepresidente primero hasta el 1 de agosto de 2022.

Esta última fuente refuta al club al demostrar que Erico estaba en la directiva cuando Marset, señalado como narcotraficante, llegó al club en abril de 2021.

El fiscal destacó que Marset jugó cuatro partidos oficiales para el Deportivo Capiatá hasta el 29 de mayo de 2021, y estos encuentros fueron transmitidos por televisión. Según la acusación, Galeano también habría invertido 10.379.049.589 guaraníes en el club, dinero que se presume proviene del tráfico de cocaína.

El juicio al senador cartista Erico Galeano por sus presuntos vínculos con líderes del esquema «A Ultranza Py», programado para continuar el 4 de septiembre, se desarrolla bajo la dirección del Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado, compuesto por los jueces Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos, con la representación del fiscal Silvio Corbeta. La audiencia está en la fase de presentación de pruebas documentales, tras lo cual declararán los testigos de ambas partes.

Al inicio del juicio, Galeano manifestó que ejercerá su derecho a declarar solo al final del proceso.

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El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 destina fondos a 107 organismos públicos que integran la administración central y entidades descentralizadas. Además, se añaden 18 organismos, incluyendo secretarías y otras oficinas vinculadas a la Presidencia.

La propuesta, presentada al Congreso para su evaluación, asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), lo que representa el 38% del PIB proyectado para el próximo año.

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El gasto público se incrementa en G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), un 12% más comparado con el presupuesto 2025. La administración central recibe G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y las entidades descentralizadas G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).

Entre los mayores ajustes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ve un aumento del 20,6% a G. 894.550 millones, para apoyar las elecciones municipales. Por su parte, el Ministerio del Interior incrementa un 15,2% a G. 4,6 billones, enfocándose en la contratación de 5.000 efectivos y ajustes salariales. El Ministerio de Economía y Finanzas obtiene G. 25,1 billones, un 14,2% más, considerando pagos de deuda y pensiones.

El Ministerio de Salud recibirá G. 10,1 billones, un aumento del 4,8%, mientras que Educación sube un 6,4% a G. 10,3 billones. Desarrollo Social incrementa un 8,4% con G. 4,9 billones.

En cuanto a recortes, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat disminuye un 33,6%. La Presidencia tiene un presupuesto de poco más de G. 1 billón.

El proyecto anticipa un déficit fiscal del 1,5% del PIB y planifica recaudar G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones) en impuestos, manteniendo la presión fiscal. El Tesoro Público emitirá bonos por un valor de hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo y la Administración Nacional de Electricidad también emitirán bonos. Además, el Banco Nacional de Fomento planea emisiones en guaraníes y dólares, junto a préstamos por hasta US$ 100 millones.

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La Cámara de Senadores tiene previsto discutir este miércoles la propuesta de ley para la reforma del transporte público, en medio de intensas críticas de sindicatos, usuarios y organizaciones ciudadanas. El proyecto, revisado en comisiones con tratamiento de código, acepta solo las modificaciones presentadas hasta el 27 de agosto.

Según la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), aunque hay solicitudes de cambios, el debate en el Congreso es incierto y podría aprobarse un proyecto que no refleja las preocupaciones de los sectores involucrados.

Paralelamente, la reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el sindicato de choferes y el Viceministerio de Transporte (VMT) se reanudará mañana lunes a las 15:00, para intentar evitar la huelga anunciada por los trabajadores para el 3 y 4 de septiembre, coincidiendo con el tratamiento del plan normativo.

Postura de los usuarios y choferes

Griselda Yúdice, representante de Opama, indicó que entre las principales solicitudes de cambios —presentadas por Cetrapam, trabajadores y pasajeros— se incluye la compensación para los empleados despedidos injustamente a través del fideicomiso que gestionará los fondos del sistema. Además, piden que el Comité Asesor de pasajeros tenga un papel vinculante en las decisiones.

“La huelga de los choferes es completamente comprensible. Teme por sus trabajos con este nuevo modelo, muchos de ellos cerca de los 50 años, y necesitan completar sus aportes para jubilación”, explicó.

Opama, junto con choferes y pasajeros, presentó formalmente las modificaciones con las firmas de los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola. Estas se revisarán este martes en la Comisión de Hacienda, donde se decidirá si se aceptarán los cambios.

Por su parte, Gerardo Giménez, líder de Fetrat, reiteró que la huelga programada se llevará a cabo el 3 de septiembre, durante el tratamiento del proyecto en el Senado, si no se llega a un acuerdo en la reunión tripartita.

“Nos preocupa que el análisis de las modificaciones se realice a puerta cerrada, ya que suelen aprobar todo con mayoría automática”, criticó. Giménez enfatizó que los trabajadores presentaron cambios dentro del plazo y esperan la respuesta de las comisiones antes del pleno.

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¿En qué consiste el plan de reforma?

El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma del transporte público el 24 de julio. Su implementación será gradual durante unos cuatro años, con concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, y abarca provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.

El Estado se encargará de la compra de los buses a través de concesiones a proveedoras, que luego estarán disponibles para los operadores. Los vehículos no podrán tener más de 15 años, priorizando unidades de bajas o cero emisiones. También se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios como gestión tecnológica y evaluación de conductores.

Las operaciones se organizarán en unidades funcionales, buscando reducir las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras. También se planea integrar las tarifas para permitir varios viajes con un solo pasaje. Durante la transición, los operadores actuales continuarán hasta que venza su permiso.

El financiamiento provendrá de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por el billetaje electrónico y subsidios estatales, centralizando los pagos a los concesionarios y cubriendo costos no cubiertos por el pasaje. Aún no está claramente definido el origen de los fondos iniciales para la compra de al menos 1,000 buses, aunque el Ejecutivo asegura que a largo plazo se mantendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).