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US$ 8 millones: Nenecho incrementó los costos de las obras iniciadas con G8
El exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), incrementó hasta un 135% el costo de adjudicación de los pocos desagües cloacales realizados de los 8 prometidos con los fondos de los bonos G8. Este aumento significó un incremento de más de 8 millones de dólares respecto a lo estipulado en el Plan de Inversión aprobado por la Junta Municipal en 2022.
La Junta había permitido que 192.000 millones de guaraníes (26,6 millones de dólares) de los 360.000 millones correspondientes a los G8 se destinaran a la construcción de proyectos en diversas áreas. Sin embargo, al adjudicar las obras, los costos subieron a 250.865 millones de guaraníes (34,8 millones de dólares), representando casi el 70% de la emisión total, quedando la mitad de los proyectos sin realizar.
El interventor Carlos Pereira señaló que hubo un error en la determinación de los precios referenciales en el proceso de adjudicación, lo que causó posibles irregularidades y gasto público ineficiente. Solo en la licitación del desagüe pluvial de General Santos-San Antonio, el costo previsto era de 18.000 millones de guaraníes, pero terminó adjudicándose en 42.305 millones.
En el caso de Santo Domingo, con una autorización de 50.000 millones de guaraníes, el precio referencial subió a 89.031 millones, y se adjudicó por 72.389 millones. La administración de Rodríguez pagó 63.719 millones de guaraníes a los contratistas con avances entre el 2% y 35%. Se esperaban 296.280 millones de guaraníes en la cuenta habilitada, pero solo había un saldo de 23 millones.
El informe también critica la emisión de bonos G8 en dos series, resultando en pérdidas para las finanzas municipales. Se destaca que la primera serie podría haber cubierto la mayoría de las obras sin necesidad de la segunda emisión, generando un «pago innecesario de intereses» que alcanzó 75.617 millones de guaraníes.
Problemas técnicos y sociales, como falta de coordinación entre instituciones, oposición de vecinos y errores en proyectos, retrasaron los avances en obras. Rodríguez renunció, bajo presión por su destitución, tras un informe acusador sobre la gestión. Además, enfrenta investigaciones por desvío de fondos y otras irregularidades.
A trece meses de las elecciones municipales de 2026, el cartismo sigue respaldando a sus controvertidos intendentes colorados mientras critica y destituye a otros, como al alcalde de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). En la lista de intendentes de Honor Colorado se encuentran un condenado y varios procesados por supuesta corrupción. Entre los protegidos están el clan Samaniego de Quyquyhó, el padre del senador Hernán Rivas, Hilario Adorno, hermano del diputado «Mino» Adorno, y Tomás Olmedo de Ñemby, quien está imputado.
Desde junio de 2023, una mayoría cartista en la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), ha desestimado las intervenciones a intendentes oficialistas. El único intendente cartista obligado a dimitir fue Oscar «Nenecho» Rodríguez, pero en respuesta, destituyeron a Miguel Prieto de Ciudad del Este.
El cartismo desafía a la ciudadanía, confiando en que no habrá repercusiones en las elecciones municipales de 2025 y 2026 y en las presidenciales de 2028. La Comisión de Asuntos Municipales, liderada por el diputado Esteban Samaniego (ANR, HC), ha bloqueado pedidos de intervención, incluyendo los relacionados con su esposa, la intendenta Patricia Corvalán, también imputada.
Casos de pedidos de intervención no tratados incluyen a los intendentes de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas (padre del senador cartista Hernán David Rivas) y de Puerto Casado, Hilario Adorno, hermano del diputado cartista Domingo «Mino» Adorno.
Otros casos destacados son los de Ñemby, donde se protege a Tomás Olmedo, y en Carapeguá, a Luciano Cañete, así como en San José del Rosario a Miguel Ángel Gray. Desde octubre del año pasado, persisten sin tratamiento los pedidos contra Olmedo de Ñemby y César Darío Machuca de Ybyrarobaná.
Se detectaron casos de intendentes procesados pero protegidos por sus juntas municipales, como Víctor Garay de Jesús de Tavarangué, acusado de un perjuicio millonario. Agustín Ovando de Santaní, pese a estar imputado, no enfrenta intervención y Emigdio Ruiz Díaz de San Bernardino, con problemas legales, sigue contando con el respaldo del presidente Santiago Peña.
Los datos proporcionados por el Club Deportivo Capiatá indican que Erico Galeano, senador cartista, fue dirigente de la institución hasta enero de 2021. Sin embargo, la Asociación Paraguaya de Fútbol contradice esta información, ya que asegura que el legislador, implicado en el caso «A Ultranza», ocupó un puesto directivo hasta agosto de 2022.
Durante la primera semana del juicio oral a Erico Galeano Segovia, acusado de supuesta lavado de dinero y asociación ilícita ligada al narcotráfico, el fiscal Silvio Corbeta presentó documentación sobre los presuntos vínculos del senador con el caso «A Ultranza».
En las audiencias del 29 de septiembre, se resaltaron dos informes solicitados por la fiscalía provenientes del Club Deportivo Capiatá y la Asociación Paraguaya de Fútbol, acerca del tiempo que Erico estuvo en la dirigencia del club.
El informe del Club Deportivo Capiatá señala que Galeano fue presidente desde febrero de 2017 hasta enero de 2021, y dejó su cargo antes de la llegada del jugador uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, el 6 de abril de 2021. Sin embargo, la Asociación Paraguaya de Fútbol confirma que Galeano continuó como vicepresidente primero hasta el 1 de agosto de 2022.
Esta última fuente refuta al club al demostrar que Erico estaba en la directiva cuando Marset, señalado como narcotraficante, llegó al club en abril de 2021.
El fiscal destacó que Marset jugó cuatro partidos oficiales para el Deportivo Capiatá hasta el 29 de mayo de 2021, y estos encuentros fueron transmitidos por televisión. Según la acusación, Galeano también habría invertido 10.379.049.589 guaraníes en el club, dinero que se presume proviene del tráfico de cocaína.
El juicio al senador cartista Erico Galeano por sus presuntos vínculos con líderes del esquema «A Ultranza Py», programado para continuar el 4 de septiembre, se desarrolla bajo la dirección del Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado, compuesto por los jueces Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos, con la representación del fiscal Silvio Corbeta. La audiencia está en la fase de presentación de pruebas documentales, tras lo cual declararán los testigos de ambas partes.
Al inicio del juicio, Galeano manifestó que ejercerá su derecho a declarar solo al final del proceso.
El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 destina fondos a 107 organismos públicos que integran la administración central y entidades descentralizadas. Además, se añaden 18 organismos, incluyendo secretarías y otras oficinas vinculadas a la Presidencia.
La propuesta, presentada al Congreso para su evaluación, asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), lo que representa el 38% del PIB proyectado para el próximo año.
El gasto público se incrementa en G. 15,9 billones (US$ 2.026 millones), un 12% más comparado con el presupuesto 2025. La administración central recibe G. 74,7 billones (US$ 9.478 millones) y las entidades descentralizadas G. 74,5 billones (US$ 9.451 millones).
Entre los mayores ajustes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ve un aumento del 20,6% a G. 894.550 millones, para apoyar las elecciones municipales. Por su parte, el Ministerio del Interior incrementa un 15,2% a G. 4,6 billones, enfocándose en la contratación de 5.000 efectivos y ajustes salariales. El Ministerio de Economía y Finanzas obtiene G. 25,1 billones, un 14,2% más, considerando pagos de deuda y pensiones.
El Ministerio de Salud recibirá G. 10,1 billones, un aumento del 4,8%, mientras que Educación sube un 6,4% a G. 10,3 billones. Desarrollo Social incrementa un 8,4% con G. 4,9 billones.
En cuanto a recortes, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat disminuye un 33,6%. La Presidencia tiene un presupuesto de poco más de G. 1 billón.
El proyecto anticipa un déficit fiscal del 1,5% del PIB y planifica recaudar G. 45,3 billones (US$ 5.751 millones) en impuestos, manteniendo la presión fiscal. El Tesoro Público emitirá bonos por un valor de hasta US$ 1.303 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo y la Administración Nacional de Electricidad también emitirán bonos. Además, el Banco Nacional de Fomento planea emisiones en guaraníes y dólares, junto a préstamos por hasta US$ 100 millones.
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