Publicidad

La Cámara de Senadores tiene previsto discutir este miércoles la propuesta de ley para la reforma del transporte público, en medio de intensas críticas de sindicatos, usuarios y organizaciones ciudadanas. El proyecto, revisado en comisiones con tratamiento de código, acepta solo las modificaciones presentadas hasta el 27 de agosto.

Según la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), aunque hay solicitudes de cambios, el debate en el Congreso es incierto y podría aprobarse un proyecto que no refleja las preocupaciones de los sectores involucrados.

Paralelamente, la reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el sindicato de choferes y el Viceministerio de Transporte (VMT) se reanudará mañana lunes a las 15:00, para intentar evitar la huelga anunciada por los trabajadores para el 3 y 4 de septiembre, coincidiendo con el tratamiento del plan normativo.

Postura de los usuarios y choferes

Griselda Yúdice, representante de Opama, indicó que entre las principales solicitudes de cambios —presentadas por Cetrapam, trabajadores y pasajeros— se incluye la compensación para los empleados despedidos injustamente a través del fideicomiso que gestionará los fondos del sistema. Además, piden que el Comité Asesor de pasajeros tenga un papel vinculante en las decisiones.

“La huelga de los choferes es completamente comprensible. Teme por sus trabajos con este nuevo modelo, muchos de ellos cerca de los 50 años, y necesitan completar sus aportes para jubilación”, explicó.

Opama, junto con choferes y pasajeros, presentó formalmente las modificaciones con las firmas de los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola. Estas se revisarán este martes en la Comisión de Hacienda, donde se decidirá si se aceptarán los cambios.

Por su parte, Gerardo Giménez, líder de Fetrat, reiteró que la huelga programada se llevará a cabo el 3 de septiembre, durante el tratamiento del proyecto en el Senado, si no se llega a un acuerdo en la reunión tripartita.

“Nos preocupa que el análisis de las modificaciones se realice a puerta cerrada, ya que suelen aprobar todo con mayoría automática”, criticó. Giménez enfatizó que los trabajadores presentaron cambios dentro del plazo y esperan la respuesta de las comisiones antes del pleno.

Advertisement

¿En qué consiste el plan de reforma?

El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley de reforma del transporte público el 24 de julio. Su implementación será gradual durante unos cuatro años, con concesiones de 15 a 20 años mediante licitaciones públicas, y abarca provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.

El Estado se encargará de la compra de los buses a través de concesiones a proveedoras, que luego estarán disponibles para los operadores. Los vehículos no podrán tener más de 15 años, priorizando unidades de bajas o cero emisiones. También se licitarán contratos para infraestructura y servicios complementarios como gestión tecnológica y evaluación de conductores.

Las operaciones se organizarán en unidades funcionales, buscando reducir las actuales 36 líneas a unas 10 empresas operadoras. También se planea integrar las tarifas para permitir varios viajes con un solo pasaje. Durante la transición, los operadores actuales continuarán hasta que venza su permiso.

El financiamiento provendrá de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido por el billetaje electrónico y subsidios estatales, centralizando los pagos a los concesionarios y cubriendo costos no cubiertos por el pasaje. Aún no está claramente definido el origen de los fondos iniciales para la compra de al menos 1,000 buses, aunque el Ejecutivo asegura que a largo plazo se mantendrá con la tarifa técnica (pasaje más subsidio).

Publicidad

El reciente descubrimiento de celdas VIP en la Penitenciaría Regional de Emboscada por cuatro juezas de Ejecución confirma una irregularidad denunciada en julio de 2024 por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya comunicada al Ministerio de Justicia.

El informe sobre estas celdas VIP, creado por las juezas Sandra Kirchhofer, Luz Rossana Bogarín, Cynthia Sostoa y María Lidia Wyder, no fue sorpresa para Orlando Castillo, comisionado del MNP. Tras una visita de monitoreo en julio de 2024, Castillo detalló desigualdades notables en las condiciones de encarcelamiento entre internos con y sin recursos.

Publicidad

Se descubrió la existencia de celdas para dos personas, a pesar del hacinamiento, previo pago a los guardias. Se reportó también una variedad de cobros ilegales entre funcionarios y reclusos. Los pagos se hacían para atravesar portones, acceder a áreas privadas, recibir servicios básicos o incluso atención médica. Los agentes penitenciarios imponían una «tarifa» del 20% de cualquier dinero que ingresara al penal.

Las celdas VIP se han mercantilizado en medio de la corrupción, resultando en precios variados por las celdas y otras comodidades. Las tarifas incluyen hasta G. 10 millones por ingresar a una celda, mientras que equiparlas y contar con ciertos artículos también tiene un costo, controlado por un mercado negro dentro de la prisión.

Castillo señaló que este negocio corrupto fortalece las estructuras del crimen organizado. La corrupción penitenciaria, documentada en 2013 por el MNP en la cárcel de Tacumbú, sigue presente. En un penal con 1,234 reclusos, solo 338 habían sido condenados, y se reportó el cobro por derechos básicos como consultas médicas o la recepción de encomiendas.

Se documentaron cobros ilegales también por dispositivos y alimentos, con agentes penitenciarios quedándose con el 20% del dinero recibido. Estas prácticas afianzan los problemas de seguridad y poder, fortaleciendo la corrupción y las estructuras criminales.

Publicidad

Publicidad

Conforme a Enio Verri, el Anexo C, que cubre aspectos financieros y de servicio eléctrico de la binacional, está listo. No obstante, necesita ajustes diplomáticos y procesales antes de la firma final por ambas naciones, como se informó a Reuters y otros medios brasileños.

Verri comentó que esperan concluir el asunto en diciembre del próximo año, tras un evento en Río de Janeiro. Además, mencionó que, aparte de las firmas presidenciales de Brasil y Paraguay, el Anexo C requiere aprobación de los Congresos de ambos países.

Publicidad

Aún persiste la crisis diplomática entre Paraguay y Brasil por las negociaciones de este anexo. El último plazo venció en mayo, tras uno inicial en diciembre de 2024. Paraguay ha insistido en no continuar el diálogo sin esclarecer un caso de espionaje contra sus autoridades.

El Anexo C establece cómo se comercializa la energía de Itaipú. Ambas naciones reciben la mitad de la producción, pero Paraguay cede su excedente a Brasil por una compensación simbólica. Este punto ha sido fuente de tensiones crecientes, especialmente con acusaciones de espionaje y presiones políticas desde abril.

Este agosto se cumplieron 52 años de la vigencia del Tratado de Itaipú, superando los 50 años iniciales estipulados para su revisión.

Paneles solares

Verri también informó que a partir de septiembre la entidad empezará a generar energía solar. Se utilizarán balsas con paneles solares cerca de la represa hidroeléctrica, con una inversión de US$ 1 millón. La generación inicial será de 1 megavatio-pico (MWp), con la meta de alcanzar 5 MWp en el futuro. Esta energía cubrirá el consumo de Itaipú.

Publicidad