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Nuevo proyecto de ley pretende atraer inversión para planta solar del Chaco
El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, indicó que la reforma del marco legal para promover energías renovables, incluida en un paquete de diez propuestas legislativas presentadas al Congreso en julio, busca hacer más atractiva la inversión en la planta solar fotovoltaica para los inversores internacionales.
El viceministro Bejarano explicó que, aunque la ubicación sigue siendo el Chaco Central, una región con alta radiación solar y mucho espacio disponible, el plan inicial no era suficientemente competitivo.
Para mejorarlo, el Gobierno recibió asesoría del Banco Mundial y de un especialista uruguayo, aprovechando el exitoso modelo de energías renovables de Uruguay, especialmente en el sector eólico.
Uno de los principales problemas era la duración de los contratos. El plan inicial contemplaba un máximo de 15 años, pero los inversionistas pidieron plazos de hasta 30 años. «Normalmente, 25 años es lo común para la energía solar fotovoltaica», comentó Bejarano.
La nueva normativa también incluye un fondo de garantía, un fideicomiso que asegura el pago comprometido de un año de suministro de energía, cumpliendo así con una demanda frecuente de los interesados.
Con la nueva ley y el rediseño del proyecto, el Gobierno espera que la planta solar del Chaco se convierta en una inversión competitiva, capaz de atraer capital internacional y posicionar al país en la transición energética regional.
Otro aspecto innovador es la posibilidad de comercialización más flexible. La ley reconoce figuras como el autogenerador, cogenerador, generador y exportador, que podrán vender energía a la ANDE, a concesionarios, a grandes consumidores o incluso al mercado externo.
“Si tengo un pequeño parque solar en mi casa y genero menos de un megavatio, la ANDE está obligada a comprar ese excedente”, ejemplificó.
El viceministro también resaltó el potencial de exportación. Con el nodo de salida habilitado en Itaipú, Paraguay podrá vender electricidad generada de otras fuentes a Brasil y, eventualmente, a Argentina. Además, se planea instalar convertidoras de frecuencia bidireccional para ampliar la interconexión y avanzar hacia un mercado regional de energía.
Bejarano subrayó que el objetivo es formar un mercado subregional junto con Argentina, Brasil y Uruguay, en el marco del CIESUR. “Estamos hablando de integrar no solo electrones, sino también moléculas; por eso es necesario el gasoducto. Es una necesidad regional”, afirmó.
Para el Cono Sur, la estrategia es fortalecer la integración subregional antes de aspirar a un esquema continental.
En la última semana, diversos organismos tanto locales como internacionales han incrementado sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Destaca el ajuste del Banco Central del Paraguay (BCP), que elevó su previsión a 5,3% desde el 4,4% anterior de julio.
Sin embargo, la confianza del consumidor sigue baja, como lo refleja el Índice de Confianza del Consumidor, que cayó nuevamente hacia el pesimismo. El economista Manuel Ferreira aclaró que, aunque hay crecimiento económico en varios sectores, los ciudadanos perciben los efectos inflacionarios debido al aumento de precios de los bienes básicos.
Ferreira explicó que el poder adquisitivo ha disminuido de manera significativa, especialmente en los sectores con menores recursos, sin que haya un aumento en los ingresos. Los datos del BCP muestran que el índice real de salarios ha bajado en los últimos cinco años, y aunque ha habido repuntes, estos no han compensado el poder adquisitivo perdido.
En términos generales, sectores como la agricultura están mostrando buenos resultados, junto con la producción de etanol. Aunque la construcción presenta crecimiento, sigue rezagada. El comercio y servicios han visto incrementos debido a las medidas del presidente argentino Javier Milei, provocando que más paraguayos compren localmente y atraigan a compradores argentinos. Ferreira advirtió que este impulso en el consumo es temporal y debe ser monitoreado.
Un dato destacable es la previsión para la Formación Bruta de Capital, que pasó a un 16,8% de expansión desde el 8%. Ferreira expresó preocupación por la falta de inversión extranjera directa que sustente este movimiento, y alertó sobre un aumento en la cuenta de «errores y omisiones» en la balanza de pagos, lo que podría indicar actividades ilegales.
Carlos Carvallo, presidente del BCP, defendió las proyecciones del crecimiento de la economía a 5,3%, atribuyéndolas a varios factores como la agricultura y el incremento de inversiones. También mencionó que el índice de confianza del consumidor, a pesar de ser una herramienta útil para evaluar el estado económico, es sensible a cambios como el tipo de cambio o la inflación.
Carvallo subrayó que hay desafíos en la inflación, especialmente en sectores específicos como la carne, que ha contribuido con 1,6 puntos porcentuales al índice de inflación del 4,3% interanual.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sorprendió al publicar de manera apresurada el viernes un proceso de adjudicación por US$ 34 millones para el «arrendamiento de máquinas de votación electrónica y servicios relacionados» para las elecciones municipales de 2026.
Este concurso, anunciado en la noche del viernes a las 20:34 en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), establece el lunes 3 de noviembre a las 8:00 como fecha para abrir las ofertas en el TSJE, dejando poco más de dos semanas para prepararlas.
Anteriormente, en agosto, la Justicia Electoral había suspendido una licitación para comprar las máquinas de votación tras presiones del cartismo, optando sorprendentemente ahora por alquilarlas. En ese primer llamado hubo denuncias de intereses por parte de empresas cercanas al presidente Santiago Peña (ANR-HC), específicamente Comitia-MSA y Miru System.
Los opositores sugirieron que la decisión de alquilar en lugar de comprar busca evitar auditorías del código fuente, afectando la confianza. También se especulaba que el proceso anterior fue influenciado por Estados Unidos debido al uso de componentes chinos, considerados un riesgo de seguridad. En el nuevo pliego, se incluyó una cláusula que prohíbe componentes de países que no ofrecen trato recíproco a proveedores nacionales.
El Ministerio de Educación y Ciencias otorgó un contrato de consultoría para desarrollar un nuevo Plan Nacional de Educación a la empresa EPLS SA, propiedad del pastor Isaías Vergara, quien se describe como asesor en desarrollo y liderazgo. Vergara fue asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, al menos entre 2023 y 2024. Para este plan, Ramírez dispone de casi 2 millones de dólares de los Fondos de Excelencia.
El miércoles pasado, el MEC organizó una reunión para «elaborar conjuntamente» las bases de este plan, después de haber invertido más de 23,000 millones de guaraníes en un plan anterior que no tuvo éxito. La consultoría se adjudicó a EPLS Desarrollo Organizacional SA, que tiene como representante legal a Esther Vergara. Isaías Vergara asistió a esta reunión, liderada por el ministro Luis Ramírez y realizada en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Vergara, quien en 2024 fue identificado como asesor de Ramírez, asistió también a reuniones con los consejeros del Fondo de Excelencia. Se cuestionaron los vínculos entre Ramírez y Vergara, pero no se obtuvieron respuestas. Dos entidades estatales, la Dirección General de Planificación y la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, gestionan el nuevo plan, pero no informaron los montos adjudicados a la consultora de Vergara. La asignación se realizó a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, no por Contrataciones Públicas, y se disponía de 1.73 millones de dólares del Fondo de Excelencia, de los cuales ya se han utilizado un millón.
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