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Ayer salió a la luz una foto donde aparece Santiago Peña abrazando de manera entusiasta a Óscar Rubén González Chaves, quien ha sido condenado y es hijo del fallecido exsenador Óscar González Daher. En respuesta, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez sugirió que el Presidente revise su Dirección de Comunicaciones.

Las cuentas oficiales de la Presidencia publicaron una imagen de Peña con González Chaves, condenado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Aunque la foto fue eliminada rápidamente, Núñez opinó que Peña debería «hacer una reingeniería».

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Núñez comentó que, aunque puede haber amistad o visitas por enfermedad, es importante cuidar el mensaje que se transmite. Resaltó que ser amigos no debería ser un problema, pero insistió en que Peña debería «revisar un poco la Dirección de Comunicaciones».

En otro aspecto polémico, una declaración pasada de Peña generó críticas cuando defendió a Óscar González Daher, implicado en un escándalo de audios filtrados. Peña mencionó que “solo al árbol que da frutos le tiran piedras”.

Ahora, una cámara capturó a Peña felizmente abrazando al hijo de González Daher, lo cual ha suscitado más comentarios.

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El viernes, el Ministerio Público comunicó que la Fiscalía Adjunta, bajo la dirección de María Soledad Machuca Vidal y especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, solicitó al Ministerio del Interior, liderado por Enrique Riera, una copia certificada del informe final sobre la intervención en la Municipalidad de Asunción.

Este requerimiento se sustenta en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4059/2025 y la Ley Nº 977/1996, dado que el interventor, Carlos Pereira, ya presentó el informe, que podría incluir información relevante para investigaciones penales. Paralelamente, el Ministerio Público está revisando varias denuncias introducidas por el interventor a la Unidad de Delitos Económicos, para discernir si es necesario abrir procedimientos penales.

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Se destacan irregularidades en procesos de habilitación comercial, la prescripción de más de cien actas de intervención sin el debido reporte, y la oferta y venta de puestos públicos, ya bajo investigación de un fiscal. Asimismo, se investiga una posible alteración de datos en los sistemas informáticos municipales relacionados con cambios en metrajes de propiedades, afectando el cobro de impuestos, investigado por la Unidad de Delitos Informáticos.

Estas acciones forman parte del monitoreo institucional del Ministerio Público a los informes de la intervención, asegurando legalidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, según el documento.

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